La suspensión de la licencia de construcción de Tía María tiene en vilo al sector minero. La inversión en nuevos proyectos se congelaría hasta que el ruido político se despeje.
El conflicto en Tía María (Arequipa) trae cola larga para el sector minero. Cuando se cumplen 34 días del inicio de las protestas contra el proyecto -y diez, desde la suspensión de su licencia de construcción– la solución a la crisis aún no se percibe en el horizonte. Y lo que es peor, parecería que el conflicto estaría ‘contagiando’ a otros proyectos. La semana pasada, cientos de pobladores del área de influencia de Quellaveco (Moquegua) se movilizaron para exigir a Anglo American que cumpla sus compromisos de contratar más mano de obra local y efectuar compras solo a empresas de la región.
Al mismo tiempo, los gremios de construcción civil de Arequipa anunciaron una “jornada de lucha” contra el proyecto Zafranal (Arequipa), a realizarse el próximo 22 de agosto. Previamente, comuneros cusqueños y arequipeños asaltaron simultáneamente las minas Orcopampa (5 de agosto) y Antappacay (8 de agosto). Por si fuera poco, las rondas campesinas de la Macrorregión Sur, reunidas en Puno (12 de agosto), efectuaron una proclama en respaldo a los opositores a Tía María y en demanda de la derogatoria de las concesiones mineras no consultadas en el sur.
Al cierre de esta edición, se supo también que pobladores del distrito de El Alto (Piura) habían incendiado las instalaciones de la petrolera china CNPC, al no llegar a un acuerdo sobre sus reclamos. ¿Esto significa que el conflicto en Tía María está escalando a otros proyectos mineroenergéticos?
¿EPIDEMIA DE CONFLICTOS?
De acuerdo a Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, lo que hay es un “contagio emocional” entre lo que sucede en Islay (provincia donde se ubica Tía María) y otros proyectos y minas. “En Islay existen grupos sociales movilizados por largo tiempo y con gran éxito. Y eso envía señales a organizaciones en otras regiones, que estimulan a replicar acciones de ese tipo”, señala.
Según el último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo, los casos de conflictos sociales activos relacionados con minería aumentaron de 56 a 62, entre junio y julio del presente año. Un aumento poco significativo (10%). Sin embargo, la virulencia de estos sí se incrementó fuertemente. Así, tenemos que las acciones violentas de protesta ascendieron a 177 en julio, 36% más que en junio. Mientras que las personas heridas (mayormente policías) sumaron 50, 47 de ellas en Tía María y tres en Quellaveco.
INVERSIÓN A LA BAJA
Víctor Góbitz, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, apunta que esta renovada espiral de violencia tiene su génesis, más que en Tía María, en el mal ejemplo que el Gobierno ha dado a todas las comunidades del Perú al dejar sin castigo (e, incluso, premiar) a los comuneros que atentaron contra Las Bambas y el Oleoducto Norperuano. “La toma de Orcopampa es una mala copia de lo que acontece en el oleoducto: tratar de generar una situación de emergencia ambiental para convertirse en víctimas”, señala.
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