Antes de reiniciar la construcción de Tía María, Southern Copper Corporation (SCC) —casa matriz de Southern Perú— aseguró a sus inversionistas que estaba superando el rechazo de la población del Valle de Tambo, en Arequipa, al proyecto minero. Como prueba de eso, hizo referencia a una carta del Ministerio de Energía y Minas, de julio de 2021, donde la cartera supuestamente la felicita por sus avances para obtener la licencia social; un estudio interno de 2020, y la firma de un convenio de obras por impuestos y otras actividades con el Gobierno Regional de Arequipa, en 2021. Sin embargo, dirigentes y autoridades de distritos ubicados en la zona de influencia directa de la operación, sostienen que no hay licencia social. El 5 de julio, diversos ciudadanos hicieron una movilización por los distritos del Valle de Tambo y se anuncian más protestas.
El conflicto social alrededor de Tía María —que data de hace más de una década y ha implicado la muerte de siete personas en diversas protestas— fue declarado extinto por Southern Perú en una comunicación interna que se filtró el pasado 29 de junio. Así, tras cinco años de paralización, el 1 de julio, el proyecto de cobre reinició su construcción en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, región Arequipa.
La paralización databa de 2019, cuando Southern Perú, titular de la operación, comunicó que había decidido postergar la construcción «en busca de un clima social más agradable». En aquel momento, el rechazo al proyecto se había materializado en un paro de agricultores que duró más de 100 días. En ese contexto, la empresa se comprometió a conseguir la licencia social —una figura que no tiene marco legal— antes de retomar sus operaciones.
Ahora, Southern Perú asegura que la situación es distinta: «Las condiciones sociales y políticas se encuentran dadas [para el inicio de la construcción]», señaló en una comunicación remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores, a inicios de este mes.
SOUTHERN PERÚ HABÍA DECIDIDO POSTERGAR LA CONSTRUCCIÓN EN BUSCA DE UN CLIMA SOCIAL MÁS AGRADABLE».
El detalle de los documentos que, según la empresa, demuestran el cambio en la percepción social de Tía María fueron comunicados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, en formularios remitidos desde el 2020, a los que OjoPúblico tuvo acceso.
Southern Copper Corporation (SCC) —casa matriz de Southern Perú— comunicó a la SEC que, ese año, le encargó a un consultora privada un estudio sobre el entorno social en el proyecto Tía María. «Los resultados de esta evaluación [entregados en el tercer trimestre de 2020] reflejan el impacto positivo de los programas sociales de nuestra Compañía para Tía María y la región de Arequipa», aseguró SCC a sus inversionistas.
En julio de 2021, durante el último mes de gobierno de Francisco Sagasti y el inicio del periodo de Pedro Castillo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le envió una misiva a Southern Copper reconociendo su avance en la aceptación social del proyecto.
Según la empresa, este mensaje fue enviado por el ministerio después de recibir cartas de diversas asociaciones civiles —no identificadas—, solicitando el inicio del proyecto. OjoPúblico consultó al Minem por esta comunicación. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
COMUNICACIÓN. Southern informó sobre carta enviada por el Minem a la SEC.
El sorpresivo reinicio del proyecto no fue bien recibido por autoridades y gremios sociales del Valle del Tambo. En contraste con las afirmaciones de Southern Perú, el pasado 5 de julio, agricultores de Islay realizaron una movilización en rechazo al reinicio de la construcción de Tía María. Al término de la medida, que incluyó el desfile de tractores y otras maquinarías empleadas en labores agrícolas, se anunciaron más protestas para este mes.
Posiciones encontradas: el Gobierno Regional y las autoridades distritales
En 2019, el Gobierno Regional de Arequipa había demandado a la empresa con el objetivo de que se declaren nulas las resoluciones de la Dirección General de Minería y el Consejo de Minería que permitieron el inicio de la construcción de Tía María. Hasta el 31 de marzo pasado, el caso se encontraba pendiente de resolución en primera instancia.
Dos años después de la demanda, Southern comunicó haber «superado» el rechazo del Gobierno Regional de Arequipa al proyecto. Esto, aseguraron, «se plasmó en un convenio de obras por impuestos para proyectos relativos a instalaciones sanitarias y caminos».
En diciembre de 2023, la empresa se comprometió con el gobierno regional a financiar, mediante el mecanismo de obras por impuestos, los estudios de preinversión, expediente técnico y ejecución de la carretera Yarabamba-Islay.
ACUERDO. Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa, y Óscar González, de Southern Perú, durante la firma del acuerdo para realizar obras por impuestos.
La vía agilizará el tráfico generado en la carretera Puno-Arequipa. La ciudad de Arequipa, que no es parte del área de influencia directa del proyecto, es la localidad más beneficiada por la construcción de la vía. Southern también se comprometió con el gobierno regional a realizar el Colegio de Alto Rendimiento en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma. Esta obra tampoco se encuentra en el Valle de Tambo.
Sobre la falta de compromisos para el financiamiento de obras por impuestos en el área de influencia directa de Tía María, Southern indicó a OjoPúblico que son los gobiernos locales los que envían cartas de invitación.
En este contexto, mientras el Gobierno Regional de Arequipa concreta acuerdos con la empresa, la desconfianza persiste entre las autoridades locales: los alcaldes de Islay han pedido la anulación del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Saneamiento y Southern Perú para elaborar la obra de ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en la provincia de Islay.
Según el reporte de seguimiento de ejecución de las inversiones, hay problemas técnicos con el expediente elaborado por la minera y conflictividad social con la población de Islay.
Mario Luna Llerena, gerente general adjunto de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar), indicó a este medio que la obra se encuentra paralizada hasta que el ministerio y Southern anulen el acuerdo.
Temores ambientales en el Valle de Tambo
La agricultura, en la provincia de Islay, depende del río Tambo, un afluente que nace en las regiones de Puno y Moquegua. El agua para el consumo humano también se toma de este río, que presenta elevados niveles de metales pesados.
En el caso de la agricultura, según información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) remitida a la Junta de Usuarios de Punta de Bombón, desde 2021, se han registrado cuatro mediciones con elevados niveles de arsénico y boro, los cuales superan los estándares de calidad ambiental.
La semana previa al reinicio de labores en Tía María, las juntas de usuarios del Valle de Tambo, Ensenada-Mejía y Punta de Bombón realizaron una conferencia de prensa pidiendo una solución para la contaminación del río.
Vicente Huanco Leonardo, primer consejero de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, indicó que los cultivos y la fauna del río vienen siendo afectados. Desde 1994, existe un compromiso incumplido por parte del Gobierno: construir una represa que atienda la problemática del río Tambo, aportando más agua al caudal y reduciendo la contaminación.
ECONOMÍA. La agricultura es una de las principales actividades económicas del Valle de Tambo.
Según una comunicación de Southern Perú a sus inversionistas, de 2022, la compañía realizó un ofrecimiento al gobierno peruano para construir la represa que necesita el Valle de Tambo, en lugar de la planta de desalinización pensada originalmente para sus operaciones.
A cambio, la empresa usaría 10 millones de metros cúbicos de los 73 millones que componen la capacidad total del embalse. El resto sería destinado al consumo de Islay. Aunque OjoPúblico consultó por el tema, la compañía no proporcionó más detalles.
En una reciente entrevista, el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, señaló que están elaborando un estudio para la ejecución de una represa en el valle. Respecto a la oposición al proyecto aseguró que «hay todavía algunas pequeñas cantidades inconformes».
Estas declaraciones han sido refutadas por dirigentes, autoridades locales e incluso la Cámara de Comercio de la provincia de Islay. El pasado 4 de junio, los alcaldes de esta provincia y de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía, Deán Valdivia, al igual que presidentes de las juntas de usuarios de estas localidades —ubicadas en el área de influencia directa de la minera— emitieron un pronunciamiento público sobre el proyecto.
«Tía María no ha superado el conflicto social con la población, no ha podido demostrar las garantías ambientales suficientes para una convivencia del proyecto minero con la agricultura», señalaron.
RESISTENCIA. Agricultores del Valle de Tambo expresaron su temor a los posibles efectos ambientales del proyecto.
Epifanio Baca Tupayachi, coordinador de proyectos en Grupo Propuesta Ciudadana, explicó a este medio que el problema de fondo es la desconfianza de la población del Valle de Tambo sobre el cumplimiento de las normas ambientales. «El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado de Tía María tenía 138 observaciones», recordó.
Baca Tupayachi señaló que el segundo EIA aprobado debió ser discutido en público y socializado, pero este no fue el caso. «No puedes decir que ya tienes la licencia social sin haber abordado seriamente estos temas con la población», indicó. La oposición es notoria en las manifestaciones realizadas en los últimos días.
El agricultor Vicente Huanco Leonardo, de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, explicó que «se tiene mucho temor a la contaminación» y que, en los últimos cinco años, las grandes organizaciones de agricultores —como las juntas de usuarios— no han tenido un acercamiento con la minera.
En la misma línea, la Cámara de Comercio de la Provincia de Islay señaló, en un comunicado, que parte de la población de la provincia aún mantiene una posición contraria al proyecto minero y que esta «se debe a información insuficiente por parte del gobierno y la empresa».
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