El Congreso de la República ha consumado un ataque frontal contra la sociedad civil y los derechos humanos al aprobar una ley que busca someter a las organizaciones ciudadanas bajo el control del gobierno de turno.
Con esta norma, impulsada por Fuerza Popular y sus aliados, se impone un control arbitrario sobre las ONG, impidiéndoles contratar con el Estado sin aprobación política, imponiendo multas abusivas y criminalizando su labor. Su verdadero objetivo es silenciar a quienes defienden los derechos fundamentales, denuncian corrupción y acompañan a las víctimas de la represión.
Bajo el pretexto de la transparencia, el Congreso busca censurar y eliminar a las organizaciones que incomodan al poder. Con esta medida, se abre la puerta a la persecución de instituciones esenciales para la defensa de la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente y nos acercamos a regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua.
Rechazamos esta norma inconstitucional y exigimos su inmediata derogatoria. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional para frenar este grave atentado contra las libertades fundamentales.
¡No permitiremos el silenciamiento de la sociedad civil! #NoNosCallarán
