Por: Vidal Pino Zambrano. Exdirector de Cultura Cusco, consultor y profesor universitario
(Cusco, 30 de julio de 2025). Machupicchu, símbolo del patrimonio andino y principal atractivo turístico del Perú, posee un valor universal excepcional que trasciende lo material. Su fuerza radica en ser un enclave sagrado de profunda significación espiritual, capaz de conectar al visitante con la cosmovisión andina y con una experiencia única de contemplación del paisaje y de la memoria ancestral. Este carácter simbólico y mágico constituye el núcleo de su atractivo global.
Sin embargo, esta riqueza espiritual ha sido instrumentalizada dentro de un modelo económico cerrado y rentista, que ha subordinado el interés patrimonial y social a la lógica de la maximización de su explotación. En este artículo se analiza, desde la teoría económica, cómo un bien cultural y sagrado como Machupicchu ha sido capturado por estructuras monopólicas, y por qué su valor no puede ni debe ser tratado como una simple mercancía en el mercado turístico global.
Bien escaso, pero no mercancía: el malentendido económico
Desde la teoría económica, Machupicchu puede entenderse como un bien escaso de oferta fija: no puede reproducirse, ni escalar su capacidad sin afectar su integridad. Sin embargo, su valor simbólico y espiritual lo convierte en algo mucho más que un activo turístico. Es un bien cultural singular, con externalidades sociales, ecológicas y emocionales que trascienden cualquier lógica comercial.
Tratar Machupicchu como mercancía equivale a ignorar su carácter sagrado, su vínculo con la identidad andina y su rol como bien del patrimonio mundial. Este tipo de bienes —irreproducibles, cargados de significación, y con funciones colectivas— no responden adecuadamente a los mecanismos del mercado, que asigna recursos según capacidad de pago y no según valor cultural o sentido espiritual.
Oferta limitada y demanda creciente: el caldo de cultivo para la distorsión
La alta demanda internacional por Machupicchu, impulsada por su valor simbólico y reconocimiento mundial, choca contra una oferta rígida: el área nuclear de la llaqta no puede ampliarse ni multiplicarse. Este desequilibrio genera escasez relativa y eleva el precio de servicios relacionados con su acceso.
Sin embargo, el problema no es solo el encarecimiento, sino la instalación de barreras burocráticas, concesiones privilegiadas y monopolios fácticos que restringen la competencia, controlan el ingreso y convierten el patrimonio en fuente de renta para unos pocos en contra de la conservación del sitio.
Uno de los casos más evidentes es CONSETTUR[ii], que monopoliza el transporte entre Aguas Calientes y la llaqta. A ello se suma el contrato ferroviario exclusivo de FETRANSA, quien decide que nuevos operadores pueden operar en la vía. El resultado es una estructura cerrada, ineficiente y excluyente, disfrazada de pluralidad.
Base conceptual: Entre el espejismo del mercado, la lucha simbólica, la exclusión territorial y el desgobierno multiactor
El caos actual en torno al acceso, la gestión y la distribución de beneficios turísticos en Machupicchu exige una lectura estructural que vaya más allá de los síntomas inmediatos. Esta lectura se enriquece al articular cuatro enfoques teóricos complementarios: la economía del bienestar (y sus distorsiones), la teoría de los bienes comunes, la sociología del poder simbólico y la teoría de la justicia espacial y la exclusión territorial. Cada uno aporta herramientas fundamentales para comprender por qué, a pesar del enorme valor cultural, económico y ambiental del sitio, el resultado es ineficiencia, conflicto, desigualdad y deterioro.
1. El espejismo del mercado: superávit privado, pérdida social
Según la economía neoclásica, los mercados tienden, bajo competencia perfecta, a asignar eficientemente los recursos, generando superávit para consumidores y productores. Sin embargo, el caso de Machu Picchu se aleja radicalmente de este ideal teórico, debido a fallas estructurales de mercado y a una intervención estatal débil o cooptada.
- Superávit del consumidor distorsionado: en lugar de beneficiar a quienes valoran auténticamente la experiencia cultural y espiritual del sitio, el acceso se define por el poder adquisitivo o la capacidad de tolerar condiciones adversas (desinformación, saturación, maltrato). Esto excluye a sectores de menores ingresos —particularmente turistas nacionales, escolares o poblaciones andinas— y convierte el patrimonio en un privilegio, rompiendo su vocación universal.
- Superávit del productor concentrado: aunque el principal «productor» del bien es el Estado peruano, responsable de su conservación, los mayores beneficios económicos son capturados por empresas corporativas (negocios locales de Aguas Calientes, ferrocarrileras, agencias de turismo informales), muchas de las cuales no asumen responsabilidad ambiental ni cultural. Este desequilibrio reproduce un esquema de rentismo extractivo: en lugar de invertir en calidad, sostenibilidad o diversificación, los actores dominantes se limitan a preservar sus privilegios y bloquear la entrada de nuevos competidores. En tal sentido resulta difícil llamarlos empresarios.
- Captura normativa y falla estatal: lejos de corregir estas distorsiones, el Estado —en sus niveles local, regional y nacional— ha reforzado el statu quo mediante normas que, bajo el pretexto de proteger el patrimonio, terminan blindando intereses particulares. La falta de visión estratégica y la debilidad institucional han permitido que el modelo turístico sea capturado por lógicas corporativas y clientelares que distorsionan el interés público.
2. La tragedia de los comunes: sobreexplotación sin regulación
Garrett Hardin (1968) advirtió que cuando un recurso limitado y compartido carece de regulación colectiva, tiende a ser sobreexplotado por actores individuales que buscan maximizar su beneficio sin internalizar el costo social acumulado. Machu Picchu es hoy un caso paradigmático de esta «tragedia de los comunes»:
- El acceso, el transporte, el boletaje, la gestión de residuos, la señalética y la infraestructura turística están fragmentados entre múltiples actores, sin una gobernanza técnica ni visión de conjunto.
- Cada entidad —sea pública, privada o comunal— actúa según lógicas parciales, sin asumir responsabilidad integral por el sistema.
- Esto genera congestión crónica, deterioro ambiental, conflictos sociales y pérdida de valor patrimonial, afectando la sostenibilidad a largo plazo.
3. Campo simbólico y lucha de poderes: la disputa por el capital de Machu Picchu
Desde la sociología de Pierre Bourdieu, Machupicchu no solo es un recurso económico, sino también un campo simbólico donde distintos actores luchan por controlar los relatos, las rentas y las decisiones sobre el sitio. En este espacio confluyen distintas formas de capital: económico, político, social y simbólico.
- El Estado central, el Gobierno Regional del Cusco, las comunidades campesinas[iii], los operadores turísticos, los municipios locales y los ministerios sectoriales compiten —abiertamente o de forma encubierta— por el control de la llaqta.
- Bajo discursos de “desarrollo regional”, “soberanía cultural” o “defensa del patrimonio”, se esconden -la mayor parte de veces- intereses corporativos, gremiales o clientelistas.
- El resultado es una gobernanza caótica y fragmentada, donde las decisiones se bloquean mutuamente, no se establecen reglas claras y no se logra construir una autoridad legítima capaz de articular una visión común.
4. Justicia espacial y exclusión territorial: los actores invisibles del patrimonio
Una lectura desde la justicia espacial (Lefebvre, Harvey, Sen) permite visibilizar una de las paradojas más graves del modelo actual: las comunidades aledañas, históricas ocupantes y custodias del territorio, son sistemáticamente excluidas de los beneficios, las decisiones y las oportunidades.
- La participación comunal suele entenderse en términos folklóricos o asistencialistas, no como actores económicos reales. Su rol se reduce a proveedores marginales o instrumentos de legitimación simbólica, sin acceso real a las rentas ni al diseño de políticas.
- La inserción productiva de las comunidades en la cadena de valor turística —vía emprendimientos formales, asociaciones estratégicas o gestión territorial compartida— sigue siendo limitada y fragmentaria.
- Esta exclusión alimenta el descontento, la desafección y la deslegitimación institucional, generando un ciclo de conflictos sociales y oportunidades perdidas. Incluirlas no es un acto de caridad, sino una condición estructural para la sostenibilidad territorial y cultural del sitio.
En conjunto, se ha ido consolidando una economía rentista en torno a Machupicchu: tanto grandes corporaciones como pequeños comerciantes —todos, como dice el tango, “revueltos en el mismo fango”— participan de un sistema donde las rentas derivadas del control del acceso al sitio no provienen de la innovación, la inversión productiva ni la mejora de servicios, sino de la conservación de privilegios[iv]. Esta estructura de competencia imperfecta, con escasa movilidad de actores y alta captura de rentas, produce un mercado ineficiente, excluyente y altamente lucrativo para quienes detentan el control institucional y económico del territorio.
La distorsión como estrategia: escasez simulada y captura de rentas
Lo que ocurre en Machupicchu no puede explicarse como una simple falla de mercado: se trata de una distorsión deliberada y estructural. Se ha construido artificialmente una sensación de escasez mediante la imposición de cupos, exclusividades y restricciones que generan rentas artificiales. El acceso al santuario, a las entradas, al transporte y a los servicios conexos está controlado por redes institucionales que operan más como oligopolios o carteles, que como un mercado competitivo y abierto.
Lejos de fomentar un sistema de acceso diverso e inclusivo, se penalizan las rutas alternas —como Santa Teresa, Salkantay o Choquequirao— que no solo carecen de apoyo logístico e institucional, sino que, en muchos casos, son escenario de conflictos internos entre comunidades o actores locales. Estas disputas terminan debilitando las alternativas al circuito oficial y fortaleciendo el modelo hegemónico, cuyos beneficiarios son precisamente aquellos que hoy capturan las rentas generadas por la distorsión del sistema. Esta situación es sostenida, por acción u omisión, por el Estado en todos sus niveles, desde el nacional hasta el local.
En Aguas Calientes, la expansión del negocio turístico convive con un control soterrado del acceso, ejercido por grupos locales que regulan licencias, permisos y servicios mediante mecanismos informales de exclusión. Lo que se ha consolidado, entonces, es una economía cautiva, donde la oferta está restringida, los precios sobredimensionados, la competencia anulada, y la innovación desincentivada. Todo ello bajo el amparo de normativas que legitiman el control rentista utilizando el discurso de la conservación ambiental y la protección del patrimonio cultural de la humanidad. Por su parte, el municipio local no cuenta con la capacidad de aplicar sus propias normas y los límites del pueblo se siguen ampliando de manera horizontal y vertical en contra de la normativa vigente.
¿Quién paga el costo de esta estructura? Visitantes y comunidades
Por un lado, tanto los turistas internacionales como los visitantes nacionales sufren las consecuencias de un modelo que inflaciona precios y restringe servicios, transformando una experiencia patrimonial que debería ser accesible y enriquecedora en un consumo exclusivo, saturado y limitado. Por otro lado, quienes se apropian de las rentas derivadas de este sistema —aunque se presenten como defensores del patrimonio— están lejos de promover un modelo de desarrollo sostenible.
Desde el Estado se han planteado diversas formas de intervención. Entre ellas destacan el estudio sobre capacidad de carga turística vigente, que establece un número máximo de visitantes que la llaqta puede recibir sin comprometer su conservación, el mismo que cuenta con la necesidad de implementar un Centro de Visitantes en la base de Machupicchu, que permitiría diversificar las rutas y reducir la presión directa sobre el sitio, siguiendo modelos aplicados en otros patrimonios mundiales.
No obstante, estos buenos propósitos chocan con una realidad estructural: la población de aguas calientes, malinformada por sus autoridades locales e intereses obscuros, se opone a este tipo de intervenciones que permitiría cumplir con las necesidades de ordenamiento y control del flujo de visitantes, además de convertirse en un ejemplo de desarrollo sostenible. Un ejemplo concreto es que hoy una parte de la venta de boletos se realiza exclusivamente en el pueblo de Aguas Calientes, lo que obliga a los visitantes a desplazarse hasta allí y a prolongar su permanencia, generando un consumo forzado en hospedajes, restaurantes y comercios locales, los mismos que manejan precios muy por encima de las posibilidades del peruano de a pie y, en su gran mayoría no tributan de acuerdo a Ley. Esta medida no busca dinamizar la economía local, sino aumentar y concentrar el número de accesos de manera irregular y bajo ciertas condiciones que benefician a quienes ya ejerce control sobre el circuito turístico, generando una experiencia caótica y desagradable para los turistas.
Así, lo que podría parecer una solución organizativa o de ordenamiento turístico, en realidad refuerza una economía cautiva, donde el visitante pierde capacidad de decisión y el acceso al patrimonio es condicionado a la adquisición de servicios con altos costos sin que INDECOPI se pronuncie al respecto. La reciente autorización para vender mil boletos[v] adicionales por día agrava este esquema, alimentando un círculo vicioso: a más visitantes, mayores ingresos para los mismos actores, sin que ello implique una mejora en la calidad del servicio, la distribución territorial de beneficios ni la sostenibilidad del sitio.
Reflexiones para un modelo renovado: avanzar con equilibrio
La transformación del modelo turístico de Machupicchu debe partir de una convicción profunda: la interiorización colectiva de su valor excepcional, no solo como patrimonio cultural, sino como símbolo de equilibrio entre naturaleza, historia y espiritualidad. Más allá del cumplimiento formal de normas —como la Ley del Patrimonio Cultural, la Ley de Participación Ciudadana o las recomendaciones de la UNESCO—, lo fundamental es reconocer y asumir la responsabilidad compartida de proteger y proyectar ese valor hacia el futuro.
A partir de esa conciencia, es posible construir un modelo turístico más abierto, inclusivo y eficiente, que supere la concentración de decisiones y beneficios, y que genere nuevas oportunidades productivas y vivenciales en todo el territorio, en armonía con la preservación del Santuario.
El eje clave: abrir rutas para generar iniciativas
El objetivo no es reivindicar rentas por cercanía geográfica, sino crear condiciones reales para que emerjan iniciativas que mejoren la experiencia del visitante, diversifiquen la oferta de servicios y fortalezcan la sostenibilidad del destino.
Esto requiere abrir rutas —físicas, institucionales y económicas— que conecten a más actores con la dinámica turística, permitiendo que comunidades, municipios, iniciativas y emprendedores desarrollen propuestas innovadoras y competitivas, tal como se había desarrollado en sendos documentos (Machupicchu Integral, Plan Maestro, Nueva Visión del Santuario, entre otros) y se venía implementando hasta mediados del año 2022.
Entre las alternativas se deberían considerar las siguientes acciones
- Ampliar la participación efectiva de los territorios colindantes —sin excluir a Machupicchu Pueblo, Santa Teresa, Yanatile, Mollepata y Ollantaytambo en la vertiente derecha al rio Vilcanota— en el diseño de rutas, normas de acceso y oferta turística. Esta participación debe entenderse como un mecanismo para generar valor compartido, no como una concesión simbólica o rentista.
- Fomentar la diversificación territorial del turismo, integrando corredores como Santa Teresa, Choquequirao, Mollepata, provincias de Calca, Anta, Urubamba y La Convención a fin de redistribuir la carga turística, prolongar la estadía promedio y enriquecer las experiencias culturales, naturales y vivenciales.
- Eliminar barreras burocráticas y normativas que hoy limitan la aparición de nuevos servicios y emprendimientos locales, garantizando estándares de calidad sin bloquear la innovación ni proteger privilegios existentes.
Gobernanza abierta, inversión inteligente, desarrollo territorial
La reforma del modelo turístico de Machupicchu no debe entenderse como una amenaza a lo ya alcanzado, sino como una oportunidad para evolucionar hacia un ecosistema más diversificado, participativo y sostenible.
Lo esencial no es “repartir la renta”, sino abrir caminos para que más actores aporten valor, mejoren los servicios, innoven en las experiencias ofrecidas y fortalezcan el vínculo entre patrimonio y desarrollo territorial.
Un modelo renovado exige una gobernanza colaborativa, donde confluyan el Estado, las comunidades, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional. Esta articulación debe guiarse por principios claros y orientadores:
- Promover una conciencia compartida sobre el valor excepcional de Machupicchu y su entorno, como base para decisiones coherentes y coordinadas entre los distintos actores, orientadas a la conservación, el respeto intercultural y el desarrollo sostenible del territorio.
- Sostenibilidad ecológica, para garantizar la protección efectiva del Santuario y su entorno natural.
- Equidad productiva, para generar oportunidades económicas más allá del eje tradicional Cusco–Aguas Calientes.
Asimismo, resulta clave renegociar concesiones estratégicas, especialmente en los sectores de transporte y acceso, a fin de garantizar condiciones de competencia, mejorar la calidad del servicio e incorporar nuevos actores bajo reglas claras, inclusivas y transparentes.
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[i] Es necesario distinguir entre las distintas escalas territoriales de Machupicchu: el Santuario Histórico comprende 37,302 hectáreas; dentro de él, la denominada «llaqta» ocupa unas 700 hectáreas; y, a su vez, el área nuclear de visita intensiva —la zona arqueológica monumental— abarca apenas 10 hectáreas. Esta precisión espacial es clave para entender los alcances de la protección patrimonial y los límites de la gestión turística. De otro lado, la venta de 1,000 boletos diarios para el ingreso a la llaqta, en el pueblo de Aguas Calientes, promovida en los últimos años, carece de sustento legal y continúa en la nebulosa de las normas vigentes, pese a afirmaciones oficiosas que intentan justificarla.
[ii] Cuyo contrato de concesión vence en setiembre de 2025.
[iii] No existen comunidades campesinas ni pueblos originarios en el Santuario Histórico de Machu Picchu, pero si en los distritos aledaños.
[iv] Es lamentable que la llaqta de Machu Picchu no tenga una planta de tratamiento de aguas servidas y el desagüé del hotel se vaya directamente al río Vilcanota.
[v]Únicamente de manera referencial se pone esta información Según cifras del año 2020, la capacidad máxima diaria de Machupicchu era de 5,600 visitantes. Ese año, el día más bajo registró 2,180 ingresos, mientras que el día más alto alcanzó los 6,129. El promedio anual fue de 4,124 visitantes diarios, con un promedio mensual mínimo de 2,953 y un máximo mensual de 5,280. En el 2007 ingresaron aproximadamente 650 mil visitantes y en el 2020 más de un millón y medio.
Fuente: https://bit.ly/3IU7LGZ
