Especialistas nacionales e internacionales reunidos en Cusco advierten que una agenda urgente es cerrar la brecha entre normas y realidad, y poner a la integridad como centro de la reforma del Estado para fortalecer la democracia y brindar servicios públicos con eficiencia y transparencia.
Panel de expositores.
El evento: “Integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana” se llevó a cabo en la ciudad del Cusco, como parte del ciclo de conferencias «El Estado en el territorio: nuevas rutas para la descentralización». Este foro, organizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Grupo Propuesta Ciudadana y el programa GFP Subnacional con el apoyo de la Cooperación Suiza, tuvo como objetivo central debatir cómo fortalecer la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas mediante mecanismos de transparencia, control y una gestión íntegra a nivel subnacional.
La primera exposición estuvo a cargo de Frederick Boehm, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien abordó la problemática desde un enfoque preventivo y sistémico basado en tres ejes fundamentales: sistema, cultura y rendición de cuentas.
Boehm advirtió que, aunque el Perú cuenta con un marco normativo sólido, existe una «significativa brecha de implementación» al llevar las leyes a la práctica. Para afrontar esto, recomendó la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia con una autoridad rectora independiente, así como el fortalecimiento del servicio civil (Ley Servir) como la columna vertebral de las instituciones del Estado.
Los panelistas analizaron estas propuestas desde la experiencia en la gestión pública: Ana Reátegui, exsecretaria de Integridad Pública hizo hincapié en la necesidad de pasar del discurso y la formalidad a una práctica efectiva del cumplimiento documental, implementando estrategias con verdadero alcance territorial y descentralizado. Asimismo, destacó el papel fundamental de las veedurías ciudadanas para el control concurrente de obras y servicios públicos, argumentando que la transparencia es vital para recuperar la confianza perdida en el Estado.
Por su parte, Silvio Campana, exdefensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que la corrupción en el Perú tiene una raíz cultural anclada en una «sociedad de la desconfianza», por lo que propuso educar en valores desde la niñez e implementar un sistema que reconozca a los buenos servidores públicos en lugar de enfocarse solo en la sanción. De otro lado, Jorge Morel, director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) advirtió que la lucha anticorrupción se ha estancado; se crean muchas normas, pero no hay cambios reales, y sugirió que el impacto de la corrupción debe medirse evaluando cómo la falta de integridad deja a los ciudadanos sin servicios esenciales.
Público asistente
El segundo bloque del evento inició con la presentación de José Luis Gargurevich, director ejecutivo de ProÉtica, quien hizo un llamado urgente a cambiar el enfoque del discurso: dejar de centrarse únicamente en la «corrupción» (el problema) para empezar a hablar de «integridad» (el propósito y la solución).
Respaldado por datos de una Encuesta Nacional elaborada por Proética, Gargurevich reveló que el 42% de los peruanos percibe que el mayor daño de la corrupción es la destrucción de la confianza en el Estado, los políticos y autoridades. Además, alertó que nuestro país se encuentra en niveles de regímenes autárquicos a nivel global en materia de corrupción, lo cual pone en serio riesgo los cimientos democráticos. Hizo hincapié en que participar ya no es solo vigilar y mirar, es necesario proponer con evidencia, usar nuevas tecnologías y también inspirar. “La batalla se gana con emoción … con entusiasmo ciudadano”.
Tras la exposición de Gargurevich, el panel amplió este debate hacia la participación de diversos sectores sociales y privados, contando con Aldo Bautista, consultor internacional de Basel Institute on Governance y Óscar Caipo, presidente de Perú Sostenible.
Bautista señaló que la confianza es «la amalgama» indispensable para construir un país y que los gestores públicos deben interiorizar el «autocontrol» para enfocarse en dar resultados reales a la gente.
Desde la visión empresarial, Caipo reflexionó sobre la paradoja de un Perú con enormes presupuestos que fracasa en brindar servicios por falta de probidad; sin embargo, rescató que cuando el sector público y privado se unen bajo altos estándares de integridad —como ocurrió en los Juegos Panamericanos o las Escuelas Bicentenario— se logran resultados exitosos, remarcando la importancia vital de la sanción social contra las malas prácticas.
Jean Paul Benavente, exgobernador regional del Cusco
Complementando el segundo panel, Jean Paul Benavente, exgobernador regional del Cusco, sumó la perspectiva y experiencia territorial. Él enfatizó que, para alcanzar una participación ciudadana real, la autoridad de turno tiene que estar dispuesta a delegar poder y establecer mecanismos vinculantes. Detalló cómo, durante su gestión, impulsó la política «Tinkuy» para transparentar los presupuestos participativos territoriales y evitar las discrecionalidades en las «inversiones no previstas», las cuales históricamente suelen ser focos de arreglos irregulares bajo la mesa.
El foro culminó con las reflexiones de cierre a cargo de Epifanio Baca, coordinador de proyectos del Grupo Propuesta Ciudadana, quien delineó importantes compromisos a futuro. Se remarcó la urgencia nacional de cerrar la brecha entre la normatividad y su implementación, abordando causas institucionales y culturales. Asimismo, se reconoció que las veedurías requieren ajustes normativos para brindar un respaldo real al voluntariado ciudadano. Finalmente, se concluyó que el éxito dependerá de entender la interrelación de cinco conceptos indisolubles: integridad, rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana y lucha anticorrupción.
