¿Por qué los proyectos de inversión pública no se concluyen dentro de los plazos y presupuestos establecidos? ¿Qué falla en los procesos de inversión pública? ¿Cómo mejorar la gestión de las inversiones financiadas con los recursos del canon y las regalías mineras?
(Cusco, 13 de marzo de 2025). Estas y otras interrogantes fueron analizadas en la presentación del estudio “Hacia un nuevo modelo para mejorar la gestión de las inversiones descentralizadas”, organizado por Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), el Centro Bartolomé de Las Casas y el Colegio de Economistas de Cusco. La presentación estuvo a cargo del exgobernador regional, Jean Paul Benavente García y panelistas expertos en inversión pública.
Eloy Durán, director general de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), advirtió que es necesario mejorar la calidad de las inversiones en los tres niveles de gobierno y fortalecer su articulación con el sector privado, incorporando mejores mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, señaló que muchos expedientes técnicos presentan deficiencias en su formulación y que numerosos proyectos de inversión pública no se están cerrando adecuadamente. Informó que en febrero de este año se emitió una norma para regular el cierre de proyectos, la cual establece que al menos 10,200 inversiones en gestión pública deben concluirse en 2024, de un total de 14,000. Sin embargo, alertó que solo uno de cada seis proyectos cuenta con expediente técnico. Finalmente, destacó que el cierre de los proyectos no se limita a la ejecución de la obra, sino que debe garantizar su operatividad y calidad en beneficio de la población.
Jean Paul Benavente, exgobernador de Cusco, advirtió que más de 2,500 obras están paralizadas en el país, lo que evidencia que las inversiones no están cumpliendo su objetivo de brindar servicios públicos a la ciudadanía. Señaló que los proyectos demoran más de lo previsto, incrementan sus costos y muchos quedan trabados. Además, criticó la falta de articulación entre los planes de desarrollo y la planificación territorial, lo que afecta la eficiencia de la inversión pública. Advirtió también que la corrupción surge cuando las autoridades deciden discrecionalmente qué proyectos ejecutar sin procesos participativos. Finalmente, afirmó que el modelo Invierte.pe no está funcionando y que debe alinearse con la nueva Ley de Contrataciones del Estado para agilizar la ejecución de inversiones.
“Los expedientes técnicos están teniendo serias observaciones que generan retrasos y trabas para empezar incluso con un determinado proyecto. Entonces una alternativa sería el de avanzar en paralelo la formulación de los expedientes con la ejecución, además de identificar mejor las necesidades de inversión pública en una localidad”, expresó Benavente, a la vez que añadió que los recursos del canon que hoy tenemos deben ser invertidos con un propósito claro, el de generar un desarrollo integral en favor de la población, porque ese es el objetivo de Invierte.pe, mejorar la selección y planificación de proyectos para reducir brechas sociales e infraestructura en el país.
Federico Tenorio Calderón, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), señaló que su institución promovió una revisión de los sistemas de inversión, centrada en el modelo Invierte.pe, vigente desde el 2016. En el estudio “Hacia un nuevo modelo para mejorar la gestión de las inversiones descentralizadas”, se identificaron los principales problemas y cuellos de botella que impiden la conclusión de los proyectos, debido a que no priorizan el cierre de brechas, que debería ser el objetivo central de la gestión pública.
Tenorio Calderón explicó que el estudio propone varias recomendaciones, entre ellas: reorientar la inversión pública desde un enfoque territorial, identificando potencialidades y brechas para que los tres niveles de gobierno coordinen adecuadamente el uso de los recursos; armonizar los sistemas administrativos, que actualmente operan de manera desarticulada; y garantizar una gobernanza en la inversión pública, donde la población participe activamente en la identificación de sus necesidades y la toma de decisiones.
Nancy Yuca, gerenta de Planificación de la Municipalidad Provincial de Cusco, señaló que para mejorar la gestión pública es fundamental evaluar la calidad de los expedientes técnicos. Advirtió que existe una gran brecha entre la formulación de los proyectos de preinversión y el expediente técnico, ya que ambos se aprueban con montos económicos distintos que, en la práctica, nunca coinciden. Asimismo, cuestionó que la Ley de Contrataciones del Estado resulte perjudicial para los intereses del propio Estado y enfatizó la necesidad de establecer mecanismos de sanción para los proveedores que incumplen plazos, impidiéndoles participar en nuevos procesos de selección.
El estudio mencionado ya fue socializado en Cajamarca, Arequipa, Apurímac, Junín y Lima, y podría servir como referente para una política pública que permita al Gobierno Nacional acelerar las inversiones públicas. Este trabajo fue elaborado por GPC con la participación de más de 15 expertos en inversión pública, con el respaldo de la Cooperación Alemana (GIZ) y el Natural Resource Governance Institute.
