En Palacio están asustados por reapertura de caso del aeropuerto del Cusco y por eso quieren destituir al fiscal Chávarry.
Una vez más vuelve a la escena el escándalo por el caso Chinchero. El ex contralor de la República, Edgar Alarcón, señaló que existe miedo en los mensajes del Ejecutivo que solicitan la destitución del fiscal de la Nación Pedro Chávarry y es por la reapertura del caso Chinchero y los audios que involucran a Alfredo Thorne y otros. “Están preocupados por este proyecto trunco y la autoridad responsable de llevar a cabo las investigaciones es el fiscal de la Nación. Ellos [el Ejecutivo] deben dejar que las investigaciones en el Ministerio Público sigan su curso”, comentó a EXPRESO.
Edgar Alarcón recordó que en su momento Fernando Zavala, Alfredo Thorne y el actual presidente Martín Vizcarra trataron de presionarlo para que no emita el informe sobre la adenda del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco. De acuerdo con sus declaraciones, el pasado 2 de mayo de 2017, el entonces premier Fernando Zavala lo citó en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a las 5:00 de la tarde para tratar un tema de “carácter urgente”.
“Llegué a la PCM, pasé todos los filtros de control y seguridad. A los minutos llega Fernando Zavala y me dice que necesita hablar urgente conmigo sobre el tema Chinchero”, afirmó Alarcón. Agregó que una de las primeras frases que mencionó Zavala fue que su hermana Ximena Zavala ya había renunciado a la empresa Kuntur Wasi y ahora él podía interceder por el proyecto. Luego el entonces presidente de la PCM lo llevó a otra sala en la que, para su sorpresa, se encontraba el en ese momento titular de Economía, Alfredo Thorne, y el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo.
Según Alarcón, los tres ministros lo presionaron con el argumento de que el proyecto de Chinchero “era necesario para el país” y por ende no se debería continuar con la auditoría de la adenda al contrato de concesión que fue firmada en febrero del mismo año (2017). “El tema de fondo en aquella reunión era convencerme para que no concluya la auditoría de la adenda, porque en caso se dé, dijeron que ahuyentaría a los inversionistas extranjeros”, recalcó.
LA FAMOSA ADENDA
¿Qué traía la adenda que modificó el contrato firmado por el Gobierno de Ollanta Humala en 2014? Que en el contrato original el Estado peruano pagaba 29 % del costo del aeropuerto, pero con la adenda el Estado financiaría el proyecto con el 80 % a cambio de nada, con el agregado que la concesión era por 40 años y, por si fuera poco, entregaba a Kuntur Wasi un adelanto de US$ 40 millones.
Es de subrayar que el contrato firmado por Humala no especificaba la tasa de interés que se utilizaría para pagar al concesionario por su inversión de US$ 265 millones, una vez terminado el aeropuerto. Los expertos afirman que en esta grave omisión del contrato está el origen de las disputas entre el Estado y el concesionario. Si la concesión fue ganada por Kuntur Wasi con un monto de US$ 265 millones, por la omisión antes citada se había programado en la adenda 60 pagos trimestrales iguales durante 15 años que sumaban los benditos US$ 590 millones, pero a aun tasa inaudita de interés al 14 %, que en ninguna parte del mundo se aceptaría.
Es de recordar que el iniciador de la mentira del ahorro mediante una adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero fue el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, en enero del fatídico 2017, a la salida de un Consejo de Ministros en Palacio. Dijo ante la prensa que con la adenda al contrato se ahorrarían prácticamente aquellos US$ 590 millones y que la obra pasaría a tener la categoría de “pública”.
Y después salió el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski con su pizarrita acrílica en Palacio y dio las cifras del supuesto ahorro. No contento con ello, en un mensaje a la nación, PPK aseguró que, de firmarse la adenda, el Estado sólo pagaría US$ 529.5 millones, de los US$ 1,120 millones pactado en la firma del contrato en el gobierno de Humala. Lo secundó a PPK el titular del MTC, Martín Vizcarra, afirmando en RPP no solo lo “beneficioso” del contrato para el Perú sino que en las nuevas condiciones se evitaría pagar, en efecto, los US$ 590 millones en intereses.
RESPUESTAS LETALES
Estas versiones oficiales fueron de inmediato refutadas por expertos como Juan Mendoza, el exministro de Economía Alonso Segura, José Luis Guasch, Alonso Segura, Patricia Benavente, Dennis Falvy y este diario, que en solitario siguió el caso en la prensa nacional. “En el proyecto del Aeropuerto de Chinchero, los dos criterios centrales para la implementación de las Asociaciones Público Privadas APP (la asignación de riesgos y el valor por dinero) están en cuestión”, también afirmaron desde el grupo Propuesta Ciudadana.
“Si es el Estado el que pone el dinero y no el privado, ya no es una APP, entonces, ¿por qué habría que permitirle administrar el aeropuerto por 40 años?”, añadieron. Sobre los intereses inauditos del 14 %, Alonso Segura fue letal en El Comercio. “Esos intereses realmente nadie se los hubiese aceptado, porque surgen de una suerte de pirámide financiera. Ni siquiera este gobierno [el del presidente Pedro Pablo Kuczynski] les aceptó esa propuesta -lo que se llama ‘endeudamiento garantizado permitido’-. Se los rechazó el 25 de noviembre. Lo que viene después [de esa fecha] es lo controversial”, indicó el ex funcionario.
Estos y otros temas controversiales obviamente cruzaron la delgada línea roja del delito, según algunos de los expertos antes mencionados. Por eso es que la Fiscalía de la Nación abrió investigación cuando era titular de esta entidad el Dr. Pablo Sánchez, quien archivó de manera provisional la investigación en marzo de 2018, a pocos días de que Martín Vizcarra asumiera el mando en Palacio después de la renuncia de PPK.
Con relación a la responsabilidad de Vizcarra en el affaire Chinchero, Sánchez sostuvo que “no representa el planteamiento de conductas en materia penal que se vinculen o tenga relación con los presupuestos de los delitos de colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.
Factor Pérez
Pasaron los meses y aparecieron nuevas pruebas de presuntos delitos en el caso que nos ocupa. El nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue el encargado de abrir investigación al exministro Alfredo Thorne y a los que resulten responsables en esta papa caliente. Como ya informó EXPRESO, la situación de Thorne Vetter es delicada debido a que el audio en el que él conversa con Edgar Alarcón ha sido reconocido plenamente por este y en él hay frases como esta: “si Chinchero va, todo va a ir bien; si se baja Chinchero nos va a ir re-mal”.
“Sobre tu requerimiento [de presupuesto para la Contraloría], yo ya lo he firmado y conversado con el presidente [Pedro Pablo] Kuczynski, quien me ha dicho que lo iba a firmar pero que converse contigo y obtenga la promesa de que nos vas a apoyar”, agregó. Si la investigación de Chinchero no ha avanzado es porque, según el mismo Chávarry, el caso lo tiene el fiscal José Domingo Pérez, quien ha sido acusado de trabajar el coordinación con Palacio de Gobierno para adormilar este escándalo y de paso desestabilizar a su jefe Chávarry.
40
Millones de dólares se entregaron como adelanto luego de la firma de la adenda que no estaban estipulados en la firma original del contrato.
¿Pánico?
El temor a la continuidad del fiscal Pedro Chávarry es tal que desde el Ejecutivo se habría hecho llegar a Fuerza Popular el temperamento de que si no da pase a la defenestración de este magistrado, el líder histórico del fujimorismo, Alberto Fujimori, sería llevado a prisión.
Criollada
Kuntur Wasi ganó la concesión del aeropuerto de Chinchero por plantear el menor subsidio al Estado, es decir US$ 265 millones. Otras dos empresas interesadas en el proyecto pidieron US$ 348 millones y US$ 411 millones. Pero cuando se presenta el esquema de financiamiento, Kuntur Wasi salió con la criollada de que en esos US$ 265 millones no estaban incluidos los intereses que este monto generaría por los cinco años de gracia para el Estado. Ahí es que salió la adenda por parte del Ejecutivo.
Para el economista Juan Mendoza, lo que el Estado peruano debió de hacer en ese momento fue rescindir la firma del contrato de Kuntur Wasi y buscar otro consorcio que se encargara de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.
Fuente: Diario Expreso
