En el marco de la presentación del estudio “Democracia y Tributación Justa: la agenda pendiente hacia la adhesión del Perú a la OCDE”, elaborado por el Grupo de Justicia Fiscal Perú, un espacio que analizó la relación entre democracia y política fiscal, especialistas advirtieron la necesidad de impulsar reformas urgentes para fortalecer el sistema tributario en el Perú, en un contexto marcado por el aumento indiscriminado de beneficios tributarios y el debilitamiento institucionalidad democrática.
Desde el Grupo de Justicia Fiscal se planteó la importancia de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, lo que implica revisar y reducir las exoneraciones tributarias. Asimismo, se destacó la necesidad de mejorar el esquema tributario en sectores como el minero que goza de altas cotizaciones, pero cuyo aporte tributario no está aumentando como se esperaría, lo que evidencia fallas o debilidades en el desempeño de la SUNAT.
Epifanio Baca, coordinador de proyectos en GPC, representante del GJF
Durante el evento, Catherine Eyzaguirre, destacó que el Perú deja de recaudar más de S/20 mil millones anuales debido a beneficios tributarios. El gasto tributario —que refleja los ingresos que el Estado deja de percibir por exoneraciones y tratamientos especiales— ha crecido de manera sostenida, pasando de S/12 mil millones en 2011 a más de S/20 mil millones en 2025 en términos reales, superando el 2% del Producto Bruto Interno.
La tendencia al aumento del gasto tributario está asociada con el creciente rol del Congreso en la aprobación de medidas tributarias, sin tomar en cuenta la opinión técnica del ente rector, el MEF. Entre 2021 y 2025 se aprobaron 40 leyes en esta materia, en su mayoría orientadas a otorgar beneficios fiscales en favor de grupos de interés particulares.
La Economista Eyzaguirre advirtió que este proceso se da en un contexto de debilitamiento democrático. “Cuando la vitalidad de la democracia se reduce, se incrementan las medidas tributarias regresivas que no contribuyen a fortalecer el sistema tributario”, explicó.
Catherine Eyzaguirre, Econ. consultora a cargo del estudio
Por su parte, la congresista Flor Pablo enfatizó la importancia de promover una mayor conciencia cívica y abrir el debate público sobre el impacto de las exoneraciones tributarias en el país.
En la misma línea, Miryam Yepes del MEF, destacó la necesidad de continuar con una agenda de reformas alineada a estándares internacionales como los de la OCDE, que incluya la reducción de beneficios tributarios ineficientes, el fortalecimiento de la lucha contra la evasión, la mejora de la tributación empresarial, la simplificación del sistema tributario y un mayor equilibrio entre las rentas del trabajo y del capital.
A su turno, el economista Germán Alarco advirtió que el Perú mantiene una de las presiones tributarias más bajas de la región. “Mientras el país alcanza alrededor del 17% del PBI, el promedio de América Latina es 21,2% y el de la OCDE 33,9%”, indicó, subrayando la brecha existente. Para que el Perú se nivele con la presión tributaria de países vecinos como Chile y Colombia, necesita recaudar 14,000 millones de dólares adicionales por año.
Finalmente, Narda Carranza remarcó que el problema de la regresividad tributaria no es únicamente técnico, sino también político. Señaló que el retroceso democrático, el debilitamiento del equilibrio de poderes y la baja pluralidad están incidiendo en las decisiones tributarias, lo que limita la posibilidad de construir un sistema más equitativo de distribución de los gastos, mediante la mejora de servicios esenciales de salud y educación para los ciudadanos.
En ese contexto, especialistas coincidieron en que es necesario retomar una agenda de reformas que fortalezca la institucionalidad y recupere el equilibrio de poderes como condiciones clave para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y sostenible, y un nuevo pacto fiscal que devuelva la confianza a los ciudadanos.
