La reactivación del proyecto Gasoducto del Sur, ahora llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), viene siendo objeto de constantes aplazamientos por parte del gobierno, situación que está colmando la paciencia de las organizaciones sociales y autoridades del sur del país. El paro de 24 convocado para este 6 de junio por los gremios de trabajadores, exigiendo al gobierno acelere el reinicio de este proyecto, es la expresión de este malestar creciente.
Un hecho real es que el gobierno ha postergado la reactivación del Gasoducto del Sur hasta el año 2021, con lo cual en el mejor de los casos este llegaría mediante ductos cuatro o cinco años después. Mientras tanto, desde ProInversión se viene preparando la licitación internacional del proyecto “7 regiones” de distribución y masificación del gas mediante camiones distribuidores, lo cual es una solución temporal a la demanda actual. La macroregión sur no solo necesita disponer de gas para el consumo como combustible doméstico, sino también, y más importante aún, promover el desarrollo de la industria petroquímica, siderúrgica, combustible industrial y otros. Por tanto, el sistema de abastecimiento a través de camiones es una solución parcial frente a las necesidades del desarrollo macroregional que requiere el abastecimiento mediante ductos.
El Gasoducto del Sur constituye una gran posibilidad para el desarrollo sostenible de la macroregión sur, por lo que no estamos dispuestos a aceptar más demoras en la decisión para reactivar este proyecto. Somos conscientes que tras la decisión de contratar el estudio para evaluar, una vez más, el trazo del gasoducto se mueven intereses que pretenden llevar el ducto por la costa con el argumento de asegurar la rentabilidad económica del proyecto, lo cual sería contraproducente si consideramos que el gasoducto tiene ya un avance de 36% con una inversión realizada de 1500 millones de dólares. A este costo hay que añadir los 93 millones de dólares pagados por los servicios de cuidado de la infraestructura ya existente.
Exigimos una revisión exhaustiva del costo del proyecto. No olvidemos que este fue licitado en 2013 por ProInversión por un monto de 3,600 millones de dólares, y luego en 2014 fue adjudicado al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur por 7,320 millones de dólares, con lo cual el costo del proyecto se duplicó en menos de un año, lo que generó fundadas sospechas de corrupción. Una nueva licitación tiene que realizarse previa revisión y con total transparencia de la estructura de costos del proyecto.
Por lo expuesto, las organizaciones de la sociedad civil del sur y medios de comunicación firmantes demandamos lo siguiente:
a) El pronto reinicio de la licitación del Gasoducto del Sur, respetando el trazo actual por los andes.
b) Que la nueva licitación incluya el desarrollo de la industria petroquímica.
c) Que todo el proceso se realice con total transparencia y con participación de observadores de los gobiernos regionales del sur y de la sociedad civil.
d) Hacemos un llamado para que las organizaciones de la sociedad civil estén alertas y vigilantes al cumplimiento de esta demanda.
Firmantes: Arequipa te queremos, Asociación Arariwa, Centro Bartolomé de las Casas, Ceder, Convergencia Arequipa, Asociación Ser y el Grupo Propuesta Ciudadana.
