Propuestas. Las relaciones con esta actividad suelen ser de amor y odio. Eso se remonta probablemente a la época de la Colonia. En estos tiempos, la convivencia sigue siendo difìcil. Se plantean nuevos acuerdos para reducir la conflictividad.
Lima, 15 de septiembre de 2019.- El conflicto social en el valle de Tambo abrió varios debates. Uno de ellos, actualizar la Ley General de Minería con más de 27 años de vigencia y otras legislaciones que rigen esta actividad. Esas medidas —según los impulsores— reducirán la conflictividad social y habrá mayores aportes de la minería para disminuir las brechas sociales en territorios donde se efectúan inversiones.
La iniciativa provino de los gobernadores de la Mancomunidad del Sur. Luego, el presidente Martín Vizcarra la acogió en su último mensaje presidencial. El 27 de agosto, los gobernadores presentaron en Tacna un primer borrador. El último jueves, la organización de izquierda Nuevo Perú también hizo el suyo. Estas dos primeras iniciativas plantean la consulta previa y la licencia social como condición para los futuros proyectos, también que las mineras paguen más y el tiempo de concesión dure menos.
1. Consulta previa
Permite a una comunidad manifestar su acuerdo o desacuerdo con una inversión en su territorio. Este mecanismo es válido solo para los pueblos originarios e indígenas, por ejemplo, no podría aplicarse en el valle de Tambo, que no tiene esa condición. Empero, el resultado carece de carácter vinculante. En caso de rechazo, el Estado tiene la última palabra.
El especialista técnico de Nuevo Perú, José de Echave, plantea que el resultado de algunas consultas debería ser vinculante, cuando exista una reubicación forzosa por la operación minera. Para De Echave, el espíritu de la consulta es canalizar el conflicto de forma pacífica.
Asimismo, deben implementarse nuevos mecanismos de participación en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este instrumento sirve para determinar los impactos y mitigaciones ambientales de una operación minera. La información debería ser clara y oportuna. Las mineras son herméticas en ese sentido. Southern, por ejemplo, ante la comunidad, no tuvo claridad para explicar si levantó las observaciones que le hizo Unops a su primer EIA. Sus opositores sostienen que son insalvables.
2. Licencia social
Es otro concepto citado en época de conflictos. Consiste en la aceptación de la comunidad para una inversión. Los gobernadores del sur lo plantean como requisito. Esta se obtendría mediante mecanismos de participación ciudadana en todas las zonas de influencia. El presidente de Perumin, Carlos Gálvez, no está de acuerdo con la idea. Para él, ya existen mecanismos, como los talleres informativos, para aprobar el EIA.
3. Pagan más o menos
Nuevo Perú y los gobernadores plantean reajustes en la tributación. Rechazan las devoluciones de Impuesto General a las Ventas (IGV). Las mineras gozan de este beneficio para las exploraciones y las exportaciones, aunque este último reembolso también aplica al resto de actividades productivas: pesca, agricultura, textilería, etc.
El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Guillermo Shinno, señala que la devolución del IGV en la exploración —en operaciones que superen los US$ 500 000— es un incentivo. En dicha fase, las compañías no obtienen ganancias.
¿Pero en qué consisten las devoluciones? Hay un principio en el comercio internacional, los impuestos no se exportan. Las compañías mineras colocan sus productos en el mercado internacional. Entonces, la Sunat debe devolverles el IGV por operaciones efectuadas en el mercado interno.
En varios países, esta medida se utiliza, pero no es regla. Por ejemplo, Argentina cobra un impuesto a las exportaciones mineras, que regirá hasta el 2020, para reducir el déficit fiscal. Nuevo Perú plantea que las devoluciones sean más espaciadas. Su lideresa Verónika Mendoza recordó que, en los últimos tres años, se devolvieron 15 000 millones a las mineras. Eso afecta el presupuesto.
El Instituto Peruano de Economía señaló que, en el Perú, las mineras tributan el 47% de sus utilidades. Sin embargo, el investigador de Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, expresó que este cálculo es producto de un ejercicio ficticio. Indicó que mejor sería recurrir a otros indicadores, como el aporte de la minería al PBI, que bordea el 10%. Agregó que hay espacio para un incremento en los tributos, pero debe analizarse de forma cuidadosa.
4. La concesión y el canon
Las mineras gozan de un periodo de concesión de treinta años. Los gobernadores plantean reducirlo a doce años, mientras que Nuevo Perú sugiere que a cinco años. Eso evitará las especulaciones con las autorizaciones.
Desde el sector minero discrepan. Según Carlos Gálvez, los largos periodos se necesitan para recuperar la inversión; mientras que Guillermo Shinno expresó que, en el Perú, toma demasiado tiempo tramitar los permisos, por eso se requieren los treinta años de concesión.
El canon minero no fue abordado en las propuestas, aunque debería priorizarse. Se estima que, en los últimos diez años, transfirieron S/ 39 mil millones en canon y regalías mineras a gobiernos regionales y municipios. La pregunta es dónde está esa plata. ¿Se gastó bien o engrosó las cuentas de la corrupción? No está demás sumarlo a la discusión.
¿Espanto a las inversiones?
Para algunos sectores, estos cambios podrían ahuyentar las inversiones mineras. Guillermo Shinno considera que, por lo menos, los inversionistas aplazarían su decisión.
Por otro lado, el funcionario del Gobierno Regional de Arequipa, Javier Rospigliosi descartó una huida de capitales. “No encuentras por el mundo yacimientos mineros a la vuelta de la esquina, el Perú sí tiene esas condiciones”, declaró. El último informe del Fraser Institute ubicó a Perú en el puesto 14 de la lista de países atractivos para la inversión minera.
Fuente: La República
