Estudio elaborado por Ivan Lanegra plantea reformas ambientales necesarias para lograr incorporación del Perú a la OCDE y concluye que principales riesgos son problemas de gobernanza ambiental, la debilidad institucional y el financiamiento en el sector.
El proceso de incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una oportunidad para fortalecer la política y la institucionalidad ambiental. Así lo señaló Ivan Lanegra, abogado especialista en temas ambientales y autor de la publicación “El camino ambiental hacia la OCDE”, presentado la mañana del miércoles por Oxfam, Grupo Propuesta Ciudadana y CooperAcción.
El año 2012, el Perú solicitó ser miembro de este grupo de 35 países. En ese marco, como parte del denominado “Programa País”, la OCDE publicó el año 2016 una Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, con un conjunto 66 recomendaciones que nos permitirían acercarnos a los estándares OCDE en esta materia.
Entre las principales recomendaciones propone: fortalecer la institucionalidad ambiental, aprobar una ley de ordenamiento territorial, acelerar la titulación de tierras de pueblos indígenas, asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del agua y profundizar la consulta previa, sobre todo en grandes proyectos de inversión de sectores mineros y energéticos.
También sugiere mejorar la gestión ambiental en las actividades extractivas, proteger los ecosistemas terrestres y marinos, elaborar un plan nacional de acción en materia de salud ambiental, desarrollar nuevos sectores económicos, e incorporar criterios ambientales en la política fiscal y tributaria, entre otros temas. En cuanto al sector minero incluye atender los pasivos ambientales mineros, eliminar la minería ilegal y asegurar la plena aplicación del principio de “quien contamina paga”, por citar algunas recomendaciones.
En el estudio “El camino ambiental hacia la OCDE”, Lanegra identifica los principales desafíos ambientales del país y el aún incierto proceso de cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE. Lanegra opina que se requiere fortalecer al Minam puesto que en los últimos años sufrió un deterioro de sus capacidades de rectoría y de gestión. En julio del 2017, cuando se aprobó la ley 30230, conocida como paquetazo ambiental, se redujo las capacidades del Minam en varios temas, como la creación de áreas naturales protegidas, la aprobación de normas de calidad ambiental, y se debilitó la capacidad de fiscalización y sanción del OEFA, recordó el autor. Pero eso no es todo, durante el actual quinquenio se autorizó nuevos retrocesos como la flexibilización de estándares de calidad ambiental y la pérdida de rectoría del Minam en el ordenamiento territorial.
Para contrarrestar esta situación el autor plantea que el Minam recupere su rectoría en materia de política de ordenamiento territorial y que ANA y SERFOR estén adscritos a este ministerio. Otro punto propuesto fue el aumento del gasto público ambiental, que debiera alcanzar al menos un 1% del PBI, superando los US$ 2000 millones anuales. Debe recordarse, no obstante, que esta mejora del gasto público ambiental está relacionada a su vez con ganancias, gracias a la reducción de los costos ambientales.
Lanegra también destacó la necesidad de diversificar la estructura productiva impulsando actividades que generen menor impacto ambiental, así como evitar que el Estado peruano utilice recursos públicos para subsidiar los estudios de impacto ambiental de las grandes empresas. Asimismo, recalcó que “no es posible hacer gestión ambiental sin ordenamiento territorial”.
La presentación del libro contó con los comentarios de Lucía Ruiz, viceministra del Ministerio del Ambiente; Wilbert Rozas, presidente de la Comisión de Pueblos del Congreso de la República; José De Echave, subdirector de CooperAcción y ex viceministro; y Richard Rubio, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Ruiz destacó el proceso OCDE como una oportunidad para avanzar en los temas ambientales y coincidió con el autor en que la institucionalidad ambiental es un desafío por superar. Aseguró que el sector ambiental es gravitante para el desarrollo del país, pero que sin embargo, muchas veces es invisibilizado. Alertó sobre la importancia de garantizar un financiamiento adecuado del sector ambiental: “Por ejemplo, recientemente el SENACE ha tenido un recorte de fondos públicos que va a afectar su accionar. Debemos dejar de subsidiar la certificación ambiental y que los privados que requieren el servicio, paguen por él”, señaló.
Por su parte, Rozas señaló que el Ministerio del Ambiente requiere recuperar su función rectora en temas de Ordenamiento Territorial. Así mismo, que el Congreso debe discutir una Ley de Consulta Previa legislativa y avanzar en la aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial.
Richard Ruiz, de AIDESEP, destacó las recomendaciones de OCDE relacionadas con la titulación de los territorios indígenas. “La titulación de las comunidades indígenas demora años, y mientras tanto las amenazas entran a los territorios”, señaló refiriéndose a la tala ilegal, la minería ilegal y otras actividades perjudiciales para el ambiente.
Finalmente, De Echave se preguntó si realmente existe un consenso en el país acerca del ingreso a la OCDE. “Por ejemplo, el sector minero dice que sí está de acuerdo con el ingreso a la OCDE, pero cuando ven todo lo que implica en cuanto a la agenda ambiental, allí empiezan los problemas y contradicciones”, señaló. Además, destacó que “todavía hay gran dificultad en el Estado por pensar el tema ambiental como algo transversal, transectorial, que incumbe a todos”, y puso como ejemplo de ello la reciente discusión sobre la Ley de Hidrocarburos, y también las resistencias del sector petrolero para ampliar las áreas naturales protegidas en zonas marino costeras.
