La Constitución establece que el presupuesto público debe ser aprobado por el Congreso de la República, teniendo como fecha límite el 30 de noviembre. Este año, el proceso de aprobación presenta preocupaciones adicionales debido a:
- Presión por aumentar gastos y partidas presupuestales: Estas presiones provienen de diversos sectores y grupos de interés, complicando el equilibrio necesario entre ingresos y gastos.
- Descontrol fiscal: Dos años consecutivos de déficit e incumplimiento de la regla fiscal indican una economía descontrolada y un Ministerio de Economía y Finanzas sometido a las decisiones del Congreso.
- Falta de voluntad para mejorar los ingresos: No se han realizado ajustes en la política tributaria, y el gasto tributario1 sigue aumentando debido a exoneraciones, condonación de deudas y multas.
Se ha aprobado un presupuesto público que asciende a S/ 251,801 millones, pero en el mismo texto se incluye dispositivos que comprometen gastos adicionales. Con ello, es seguro que el 2025 se volverá a incumplir la meta fiscal. Los gastos van a seguir aumentando a una mayor velocidad que los ingresos. Frente a ello, el Grupo de Justicia Fiscal expresa su preocupación y propone las siguientes acciones:
- Ordenar el gasto público: Esto debe ser una prioridad en la política fiscal.
- Aumentar la recaudación fiscal de manera sostenida: Implementar una reforma tributaria, como sugiere el Consejo Fiscal.
- Corregir el déficit fiscal: Reducir gastos que solo benefician a algunos sectores y mejorar los ingresos fiscales.
- Combatir la desigualdad: Promover políticas fiscales equitativas que beneficien a toda la población.
- Aprovechar los ingresos extraordinarios de la minería: Impulsar medidas de política tributaria frente a la situación excepcional de precios de minerales como el cobre y el oro.
Un presupuesto desequilibrado significa mayor endeudamiento externo e interno, que eventualmente será asumido por toda la población. Corregir el déficit fiscal y mejorar la recaudación son tareas fundamentales para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo, con justicia social.
1 Ingresos que el fisco deja de percibir como resultado de un beneficio que se otorga a una determinada actividad, territorio, contribuyente, consumo, etc
