En un contexto marcado por la crisis institucional y el inicio de un nuevo ciclo político, especialistas nacionales y regionales lanzaron una advertencia contundente: el Perú avanzó en descentralizar el gasto, pero no en mejorar la vida de la ciudadanía.
Este fue el mensaje central del evento “Descentralización fiscal: avances y desafíos”, realizado en Tarapoto como parte de la iniciativa “El Estado en el Territorio: Nuevas rutas para la descentralización”, impulsada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) y el Programa GFP Subnacional de la Cooperación Económica Suiza (SECO) implementada por el Basel Institute on Governance y contó con el apoyo de la Universidad Nacional de San Martín.
El evento se desarrolló en dos paneles complementarios. El primero abordó los desafíos estructurales de la descentralización fiscal; el segundo analizó el desempeño de los fideicomisos en la Amazonía, mostrando evidencia concreta desde el territorio.
En el primer panel, los especialistas coincidieron en que la descentralización fiscal en el Perú es altamente dependiente, desordenada y con bajo impacto. Aunque los gobiernos subnacionales ejecutan cerca del 41% del gasto público, el 95% del presupuesto de los gobiernos regionales proviene de transferencias del Gobierno central. Además, solo el 2.7% de los ingresos tributarios del país es recaudado por gobiernos subnacionales.
El economista Carlos Casas señaló que el problema no es la falta de recursos, sino cómo se asignan y se usan. “Hemos duplicado el gasto, pero no sabemos si ha mejorado el bienestar”, advirtió. Esta preocupación fue respaldada por cifras que evidencian la crisis de calidad del gasto: más de 2,300 obras paralizadas que comprometen más de 30 mil millones de soles, y seis de cada diez inversiones que no estaban previstas en la planificación.
Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana reforzó esta idea al afirmar que el Estado gasta más, pero no necesariamente mejor, mientras que Armando Mendoza subrayó que sin ingresos propios no existe una verdadera descentralización y que el poder sigue concentrado en el nivel central.
Epifanio Baca, coordinador de proyectos del Grupo Propuesta Ciudadana
A partir del debate, se plantearon rutas claras: fortalecer los ingresos propios de gobiernos locales, ordenar la inversión pública, priorizar la mejora de los servicios al ciudadano, mejorar capacidades técnicas del Estado, mayor articulación entre los tres niveles del gobierno y crear mecanismos de estabilidad frente a la volatilidad del canon.
El segundo panel trasladó estas reflexiones al territorio amazónico, evidenciando una fuerte contradicción en el uso de fideicomisos. Por un lado, el caso de San Martín muestra resultados positivos. El fideicomiso regional supera los 92 millones de soles anuales proyectados para 2025 y permite financiar inversión estratégica con reglas claras y transparencia, incluso apalancando financiamiento internacional.
En cambio, en Loreto la situación es distinta. A pesar de contar con recursos significativos del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y de los fideicomisos, los resultados son limitados. La pobreza monetaria se mantiene alrededor del 43%, persisten altos niveles de anemia y no se han logrado mejoras sustantivas en servicios básicos.
El especialista Roger Grandez alertó que, con el Fideicomiso Indígena, se están priorizando obras urbanas, como plazas, asfaltados de pistas y compra de maquinaria, en lugar de inversiones orientadas a cerrar brechas en agua, energía o salud, especialmente para las comunidades indígenas. Esta situación refleja problemas de gobernanza en el manejo del Fideicomiso Indígena: falta de transparencia, débil rendición de cuentas y ausencia de indicadores de resultados.
Economista Roger Grandez
El contraste entre ambas regiones deja una lección clara: los instrumentos financieros existen y los recursos están disponibles, pero sin una gestión adecuada y sin alineamiento con las necesidades reales de la población, su impacto es limitado.
El evento concluyó con un llamado estratégico en un año electoral: es urgente mejorar la recaudación de ingresos y la calidad del gasto. Este es uno de los principales desafíos del Perú y ello requiere: una mejor priorización de la asignación de los recursos a nivel nacional y subnacional con criterios de cierre de brechas y eficiencia; fortalecer la gobernanza territorial y las capacidades del Estado en todos sus niveles; y vincular el gasto con resultados concretos. Una descentralización fiscal efectiva es clave para recuperar la confianza ciudadana en el Estado.
