La designación de la vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta constitucional tras el fracaso de autogolpe de Pedro Castillo, fueron el detonante de un estallido social. El nuevo gobierno respondió a las movilizaciones ciudadanas con acciones de represión violentas y desproporcionadas, del cual Puno terminó como la región con el mayor número de muertes y heridos.
Este documento presenta una cronología de la coyuntura, los análisis de la posición de los dirigentes, los gremios afectados por las paralizaciones; y los pronunciamientos de las autoridades de la región. Se presenta asimismo un breve recuento de la afectación de los derechos humanos durante las propuestas, y conclusiones y recomendaciones sobre la participación política de los actores quechuas y aimaras en el estallido social.
