El destape de los actos de corrupción de Odebrecht en los altos niveles de gobierno, en el sistema judicial, y en muchos gobiernos subnacionales, ha puesto entredicho la legitimidad de nuestro sistema legal, de control en la administración pública, pero también el sistema electoral.
Estando ad portas de las elecciones regionales y municipales, vemos con preocupación las condiciones en las que se llevará a cabo, pues las reglas de juego electoral bajo las que se regirán, han tenido unos pocos cambios cosméticos, pero no de fondo, lo que de nuevo permitiría que el sistema de clientelismo político, del cual hemos sido testigos los últimos años, quede intacto. Por otro lado, vemos que las medidas para combatir la corrupción en la administración pública aún no son contundentes. Con la reciente aprobación del Plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción, nos preguntamos ¿En qué medida su implementación podrá cambiar las malas prácticas en las nuevas gestiones?
El Colectivo Maco Sur se ha planteado realizar este año la campaña de sensibilización Compromisos Contra la Corrupción con el objetivo de impactar en la conciencia ciudadana arequipeña sobre la sanción social que merece de la corrupción, buscando mejorar la elección de autoridades, e incentivando a la ciudadanía a realizar vigilancia.
Como parte de esta campaña, se ha planteado la realización de este foro público, con el objetivo de discutir sobre las medidas que se podrían implementar para prevenir la corrupción en la administración pública.
Ponente:
Eduardo Vega Luna
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de Maestría en Paz y Desarrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de España, así como estudios de Maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha realizado diversos cursos de especialización en materia de derechos humanos, y ha seguido el Curso internacional de Administración Pública en la especialidad de Lucha contra la corrupción en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en la defensa y promoción de los derechos humanos en el país. Antes de trabajar en la Defensoría del Pueblo se desempeñó como abogado de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) de la Iglesia Católica y en el Instituto de Defensa Legal (IDL). Del 2011 al 2016 ejerció el cargo del Defensor del Pueblo. Fue miembro de la Comisión Integridad, para recomendar medidas contra la corrupción en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y es parte de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, refrendada por Martín Vizcarra. Actual director del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
