El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho anunció la reincorporación del Perú a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), tras haber presentado el noveno Informe Nacional de Transparencia, levantándose la suspensión temporal dada en diciembre de 2023. “Tenemos el gusto y agrado de anunciar que hemos recuperado nuestra condición de País cumplidor en esta importante plataforma mundial, en la cual participan naciones de todo el mundo y que es un soporte fundamental para la meta que tenemos de incorporarnos a la OCDE”, señaló.
Asimismo, agregó que esta iniciativa permite rendir cuentas respecto al destino de los recursos generados por actividades extractivas en el sector minero energético, como el canon, sobrecanon y regalías. “Si este informe hubiese existido desde el inicio del boom minero, en el 2000, el Perú sería otro. La cantidad de transferencias e ingresos, habrían posibilitado un desarrollo sostenible en las comunidades”, enfatizó.
A su turno, la directora de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza de Usaid, Jennifer Pike felicitó al Minem por cumplir con la entrega de este reporte, lo cual ha permitido levantar la suspensión del Perú ante la EITI. Por su parte, el presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Domingo Drago sostuvo que estos informes desmitifican la idea que las empresas del sector no pagan impuestos, pues se trata de información oficial y transparente, que da cuenta de ello desde el primer reporte.
Entre otros, en la ceremonia también participaron el viceministro de Minas, Henry Luna; la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, y el secretario técnico de la Comisión Multisectorial Permanente del EITI Perú, Ronald Ibarra.
Fuente: Revista Minería.
La publicación del informe reincorpora al país a la iniciativa mundial del EITI
(Lima, 17 de julio de 2024). El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó ayer los resultados del Noveno Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú, para el periodo 2021-2022, elaborado con información proporcionada por 51 empresas extractivas —34 mineras y 17 hidrocarburíferas—, que, renunciando a su reserva tributaria, publicaron la información de los pagos que realizan al Estado por diferentes conceptos.
La publicación de informe permitió además la reincorporación del Perú al EITI, iniciativa mundial de transparencia en el sector extractivo, tras la suspensión temporal en diciembre del 2023, impuesta por el Secretariado Internacional del EITI. Esta noticia la dio a conocer, el propio ministro del MINEM, Rómulo Mucho. “Tenemos el gusto y agrado de anunciar que hemos recuperado nuestra condición de País Cumplidor en esta importante plataforma mundial, en la cual participan países de todo el mundo y que es un soporte fundamental para la meta que tenemos como país en la OCDE”.
En el evento se hicieron presentes representantes de las empresas extractivas, sociedad civil y académicos.
El informe destaca el incremento de los ingresos generados por las actividades mineras y de hidrocarburos, junto con una disminución de las sanciones ambientales en 2022. También aborda temas relacionados al empleo en el sector extractivo, sanciones ambientales, consulta previa, conflictos sociales relacionados al sector y enfatiza la necesidad de una estrategia nacional integral para enfrentar el cambio climático.
Publica que, entre 2021 y 2022, el Estado recaudó recursos de la actividad minera y de hidrocarburos por más de 65 300 millones de soles, de los cuales, 26 300 millones fueron transferidos a los gobiernos subnacionales. Este incremento en los ingresos respecto a años anteriores fue producto del aumento en la producción minera y los altos precios en ambos sectores.
Precisa que el sector extractivo contribuyó con un 11.6% en 2021 y un 11.3% en 2022, al Producto Bruto Interno (PBI) del país, aunque está lejos del 13.5% logrado el 2017. Las exportaciones mineras y de hidrocarburos representaron el 67.9% del total nacional en 2022 —44.7 mil millones de dólares—, 1.5% más que lo obtenido en 2021.
El 2022 fue también un año de crecimiento de la economía peruana de 2.7%. La empresa con mayor impacto fue Anglo American Quellaveco, que contribuyó con un cuarto del total nacional al PBI. En el transcurso de 2022, la actividad minera generó empleo directo para un promedio de 231 479 trabajadores —1.27% de la totalidad de la PEA de 2022—.
En relación a la conciliación
Uno de los temas relevantes del informe es la conciliación de los pagos e ingresos entre empresas extractivas (mineras e hidrocarburíferas) y las entidades estatales, así como su distribución a nivel nacional, regional y local. La elaboración de este Noveno Informe recayó en el Consorcio BDO-LQG Energy and Mining Consulting, por encargo de la Comisión Multisectorial Permanente EITI Perú a través de la Oficina General de Gestión Social del MINEM. Cabe destacar que el proceso de conciliación fue realizado haciendo uso de un Sistema en Línea que permite difundir esta información de manera más oportuna y a menor costo.
Representante del Consorcio BDO-LQG Energy and Mining Consulting presenta resultados del Noveno Informe.
El informe encontró que en tres conceptos conciliados: impuesto a la renta, gravamen especial a la minería y regalías contractuales, no se presentaron diferencias entre pagos e ingresos. Es importante indicar, que el impuesto a la renta es el concepto de mayor magnitud de los pagos realizados.
En otros cuatro conceptos conciliados: regalías mineras, regalías de hidrocarburos, impuesto especial a la minería y aporte por regulación, las diferencias fueron menores, desde 0.001% (S/ 1343) hasta 0.007% (USD 118 692) en el caso de Perupetro.
En el caso del derecho de vigencia, hay diferencias identificadas que van desde 9% hasta 30.8% entre pagos e ingresos, las cuales son explicadas en el informe. Cabe señalar que, la magnitud de estos pagos es pequeño respecto a los demás conceptos conciliados en el Noveno Informe.
Sobre los participantes
En el evento participaron, además del ministro de Energía y Minas, el director general de Gestión Social del MINEM, Ronald Ibarra; la directora de la Oficina de Democracia, Derechos y Gobernanza de USAID, Jennifer Pike; el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía —SNMPE—, Víctor Gobitz; la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, así como la representante de la Comisión Regional EITI Apurímac, Genara Ugarte, entre otros.
Panelistas: Henry Luna Córdova, viceministerio de Minas; Genara Ugarte Loaiza, representante de la Comisión Regional EITI Apurímac; y, Victor Gobitz Colchado, Presidente de SNMPE.
Jennifer Pike de USAID recordó que la cooperación americana acompaña la implementación de la Iniciativa EITI en Perú desde sus inicios, en el marco del convenio bilateral entre USAID y el Gobierno de Perú. Además, destacó que la EITI este tomando mucha fuerza a nivel internacional producto de su alineamiento a los objetivos globales que fortalecen el sistema democrático y la protección del medio ambiente.
Genara Ugarte, sugirió que los informes de transparencia profundicen más la calidad del gasto de los recursos provenientes de las industrias extractivas, comentario que fue respaldado por Víctor Gobitz de la SNMPE, quién destacó la importancia de avanzar en la calidad del gasto para que los recursos provenientes de las actividades extractivas, se inviertan eficientemente.
A su turno, la viceministra de Hidrocarburos del MINEM, Iris Cárdenas, señaló que la extracción de recursos naturales contribuye al crecimiento de la economía del Perú y proporciona financiamiento para servicios públicos esenciales, por ello, destacó su compromiso para impulsar la elaboración del décimo informe, y la incorporación de Cusco, como región implementadora del EITI, debido a la alta relevancia de la producción de gas y minería en esta región.
Empoderamiento y desarrollo económico en La Libertad: mujeres y productores lácteos alcanzan nuevos logros
En un esfuerzo por impulsar el desarrollo económico y empoderar a las comunidades de las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, en La Libertad, diversas organizaciones han unido esfuerzos para fortalecer los negocios locales.
Mujeres emprendedoras
Un grupo de mujeres indígenas de Huamachuco, gracias a una capacitación en comunicación efectiva y liderazgo organizada por Grupo Propuesta Ciudadana-Cedepas Norte en alianza con Proyecto Amigo, han logrado fortalecer sus emprendimientos. A pesar de enfrentar desafíos como la falta de propiedad de tierras que les impidió participar en el fondo Agroideas, estas mujeres han perseverado y obtenido financiamiento del Procompite provincial de Sánchez Carrión para sus proyectos de artesanías y crianza de cuyes. La Asociación de Artesanía Textil Raíces Creativas recibirá S/ 111,000 para ampliar su producción, mientras que la Asociación de Cuyes de Paranshique Alto contará con S/ 200,025 para mejorar la calidad y comercialización de sus productos.
Además, este grupo de mujeres está trabajando en la construcción de una Casa del Artesano, un espacio que les permitirá exhibir y vender sus productos, y que será un importante punto de encuentro para la comunidad.
Productores de leche
Por otro lado, Grupo Propuesta Ciudadana-Cedepas Norte apoya también a productores de leche de la provincia de Santiago de Chuco en la mejora de sus negocios. Gracias a este soporte, las asociaciones Villa Salazar y Quesyorg han obtenido financiamiento del Procompite distrital de Quiruvilca para mejorar sus procesos de producción y comercialización. Villa Salazar recibirá S/ 265,691 para mejorar la producción y comercialización de sus derivados lácteos, mientras que Quesyorg recibirá S/ 182,797.99 para aumentar la producción de leche.
Un impacto positivo
Estos logros son un claro ejemplo de cómo la capacitación, el apoyo técnico y el financiamiento pueden transformar la vida de las comunidades rurales. Al fortalecer los negocios locales, se contribuye al desarrollo económico de la región y se mejora la calidad de vida de sus habitantes. Además, la producción de productos de calidad y la creación de espacios como la Casa del Artesano enriquecen la oferta cultural y turística de Sánchez Carrión.
Por Moisés Sangay
Quien no recuerda, siendo niño, revolcarse entre los verdes pastizales, correr tras una cometa al compás del viento o contemplar la inmensidad de áreas verdes que cubrían la tierra cajamarquina como una vasta alfombra. El valle de Cajamarca, con su abundante verdor, es el atractivo más llamativo para cualquier visitante, ya sea que llegue por aire o por tierra. Este paisaje, digno de innumerables postales, abarca zonas icónicas como La Colpa, La Victoria, Huayrapongo, Huacaríz y Baños del Inca.
La belleza de estos valles es incalculable. Más allá de su riqueza escénica, el valle cajamarquino también posee un gran potencial económico gracias a la ganadería, que sustenta a miles de familias. Estas tierras producen más de 230 mil litros de leche fresca al día, un insumo esencial para la elaboración de productos lácteos que deleitan a miles en todo el Perú. Según Ricardo Huamán de la Cruz, un acopiador de leche con más de ocho años de experiencia, «estas zonas son las que producen más leche y tienen las mejores vacas».
Sin embargo, este hermoso manto verde está en riesgo de desaparecer debido al rápido avance de la urbanización. El cemento reemplaza a los pastos, y las vacas ceden su espacio a grandes edificios. Los sonidos de los pájaros y terneros se ahogan bajo el bullicio del tráfico urbano. Hoy en día, al menos 23 inmobiliarias operan en Cajamarca, vendiendo hasta tres lotes de terreno al día. «Ofrecemos precios más bajos para que no pagues mucho impuesto», confiesa un vendedor.
Este crecimiento desordenado, alimentado por la venta de tierras heredadas, ha provocado que comunidades como La Colpa pierdan más de 40 hectáreas de pastos en los últimos siete años, ahora convertidos en almacenes, campos de fútbol y condominios. Según Rosario Ocas Murillo, teniente del caserío La Colpa, «son las inmobiliarias quienes diseñan las urbanizaciones, sin ninguna supervisión municipal.»
El impacto no solo es ambiental. La producción lechera, uno de los pilares económicos de la región, también está en declive. Según el Banco Central de Reserva del Perú, el 2024 la producción lechera en Cajamarca cayó a 340 millones de litros, una reducción de 20 millones de litros respecto al año anterior, debido a la pérdida de pastos.
La transformación del paisaje es inevitable con el aumento de la población, pero el crecimiento debe ser planificado. «El municipio y el Gobierno Regional de Cajamarca tienen un Plan de Desarrollo Territorial, pero debe implementarse de manera efectiva», advierte Julio Alcalde Giove, sociólogo y docente de posgrado en la Universidad Nacional de Cajamarca. De lo contrario, Cajamarca corre el riesgo de convertirse en una ciudad congestionada, perdiendo para siempre su identidad agrícola y sus vastos paisajes verdes.
El valle cajamarquino ha sido testigo de generaciones que prosperaron gracias a su riqueza natural. Es imperativo que las autoridades y las comunidades colaboren para salvaguardar este patrimonio, de modo que los hijos del mañana puedan disfrutar de sus colores y no estén condenados a un futuro de caos y cemento.
También leer en Sin Rodeos Cajamarca
Antes de reiniciar la construcción de Tía María, Southern Copper Corporation (SCC) —casa matriz de Southern Perú— aseguró a sus inversionistas que estaba superando el rechazo de la población del Valle de Tambo, en Arequipa, al proyecto minero. Como prueba de eso, hizo referencia a una carta del Ministerio de Energía y Minas, de julio de 2021, donde la cartera supuestamente la felicita por sus avances para obtener la licencia social; un estudio interno de 2020, y la firma de un convenio de obras por impuestos y otras actividades con el Gobierno Regional de Arequipa, en 2021. Sin embargo, dirigentes y autoridades de distritos ubicados en la zona de influencia directa de la operación, sostienen que no hay licencia social. El 5 de julio, diversos ciudadanos hicieron una movilización por los distritos del Valle de Tambo y se anuncian más protestas.
El conflicto social alrededor de Tía María —que data de hace más de una década y ha implicado la muerte de siete personas en diversas protestas— fue declarado extinto por Southern Perú en una comunicación interna que se filtró el pasado 29 de junio. Así, tras cinco años de paralización, el 1 de julio, el proyecto de cobre reinició su construcción en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, región Arequipa.
La paralización databa de 2019, cuando Southern Perú, titular de la operación, comunicó que había decidido postergar la construcción «en busca de un clima social más agradable». En aquel momento, el rechazo al proyecto se había materializado en un paro de agricultores que duró más de 100 días. En ese contexto, la empresa se comprometió a conseguir la licencia social —una figura que no tiene marco legal— antes de retomar sus operaciones.
Ahora, Southern Perú asegura que la situación es distinta: «Las condiciones sociales y políticas se encuentran dadas [para el inicio de la construcción]», señaló en una comunicación remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores, a inicios de este mes.
SOUTHERN PERÚ HABÍA DECIDIDO POSTERGAR LA CONSTRUCCIÓN EN BUSCA DE UN CLIMA SOCIAL MÁS AGRADABLE».
El detalle de los documentos que, según la empresa, demuestran el cambio en la percepción social de Tía María fueron comunicados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, en formularios remitidos desde el 2020, a los que OjoPúblico tuvo acceso.
Southern Copper Corporation (SCC) —casa matriz de Southern Perú— comunicó a la SEC que, ese año, le encargó a un consultora privada un estudio sobre el entorno social en el proyecto Tía María. «Los resultados de esta evaluación [entregados en el tercer trimestre de 2020] reflejan el impacto positivo de los programas sociales de nuestra Compañía para Tía María y la región de Arequipa», aseguró SCC a sus inversionistas.
En julio de 2021, durante el último mes de gobierno de Francisco Sagasti y el inicio del periodo de Pedro Castillo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le envió una misiva a Southern Copper reconociendo su avance en la aceptación social del proyecto.
Según la empresa, este mensaje fue enviado por el ministerio después de recibir cartas de diversas asociaciones civiles —no identificadas—, solicitando el inicio del proyecto. OjoPúblico consultó al Minem por esta comunicación. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
COMUNICACIÓN. Southern informó sobre carta enviada por el Minem a la SEC.
El sorpresivo reinicio del proyecto no fue bien recibido por autoridades y gremios sociales del Valle del Tambo. En contraste con las afirmaciones de Southern Perú, el pasado 5 de julio, agricultores de Islay realizaron una movilización en rechazo al reinicio de la construcción de Tía María. Al término de la medida, que incluyó el desfile de tractores y otras maquinarías empleadas en labores agrícolas, se anunciaron más protestas para este mes.
Posiciones encontradas: el Gobierno Regional y las autoridades distritales
En 2019, el Gobierno Regional de Arequipa había demandado a la empresa con el objetivo de que se declaren nulas las resoluciones de la Dirección General de Minería y el Consejo de Minería que permitieron el inicio de la construcción de Tía María. Hasta el 31 de marzo pasado, el caso se encontraba pendiente de resolución en primera instancia.
Dos años después de la demanda, Southern comunicó haber «superado» el rechazo del Gobierno Regional de Arequipa al proyecto. Esto, aseguraron, «se plasmó en un convenio de obras por impuestos para proyectos relativos a instalaciones sanitarias y caminos».
En diciembre de 2023, la empresa se comprometió con el gobierno regional a financiar, mediante el mecanismo de obras por impuestos, los estudios de preinversión, expediente técnico y ejecución de la carretera Yarabamba-Islay.
ACUERDO. Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa, y Óscar González, de Southern Perú, durante la firma del acuerdo para realizar obras por impuestos.
La vía agilizará el tráfico generado en la carretera Puno-Arequipa. La ciudad de Arequipa, que no es parte del área de influencia directa del proyecto, es la localidad más beneficiada por la construcción de la vía. Southern también se comprometió con el gobierno regional a realizar el Colegio de Alto Rendimiento en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma. Esta obra tampoco se encuentra en el Valle de Tambo.
Sobre la falta de compromisos para el financiamiento de obras por impuestos en el área de influencia directa de Tía María, Southern indicó a OjoPúblico que son los gobiernos locales los que envían cartas de invitación.
En este contexto, mientras el Gobierno Regional de Arequipa concreta acuerdos con la empresa, la desconfianza persiste entre las autoridades locales: los alcaldes de Islay han pedido la anulación del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Saneamiento y Southern Perú para elaborar la obra de ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en la provincia de Islay.
Según el reporte de seguimiento de ejecución de las inversiones, hay problemas técnicos con el expediente elaborado por la minera y conflictividad social con la población de Islay.
Mario Luna Llerena, gerente general adjunto de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar), indicó a este medio que la obra se encuentra paralizada hasta que el ministerio y Southern anulen el acuerdo.
Temores ambientales en el Valle de Tambo
La agricultura, en la provincia de Islay, depende del río Tambo, un afluente que nace en las regiones de Puno y Moquegua. El agua para el consumo humano también se toma de este río, que presenta elevados niveles de metales pesados.
En el caso de la agricultura, según información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) remitida a la Junta de Usuarios de Punta de Bombón, desde 2021, se han registrado cuatro mediciones con elevados niveles de arsénico y boro, los cuales superan los estándares de calidad ambiental.
La semana previa al reinicio de labores en Tía María, las juntas de usuarios del Valle de Tambo, Ensenada-Mejía y Punta de Bombón realizaron una conferencia de prensa pidiendo una solución para la contaminación del río.
Vicente Huanco Leonardo, primer consejero de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, indicó que los cultivos y la fauna del río vienen siendo afectados. Desde 1994, existe un compromiso incumplido por parte del Gobierno: construir una represa que atienda la problemática del río Tambo, aportando más agua al caudal y reduciendo la contaminación.
ECONOMÍA. La agricultura es una de las principales actividades económicas del Valle de Tambo.
Según una comunicación de Southern Perú a sus inversionistas, de 2022, la compañía realizó un ofrecimiento al gobierno peruano para construir la represa que necesita el Valle de Tambo, en lugar de la planta de desalinización pensada originalmente para sus operaciones.
A cambio, la empresa usaría 10 millones de metros cúbicos de los 73 millones que componen la capacidad total del embalse. El resto sería destinado al consumo de Islay. Aunque OjoPúblico consultó por el tema, la compañía no proporcionó más detalles.
En una reciente entrevista, el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, señaló que están elaborando un estudio para la ejecución de una represa en el valle. Respecto a la oposición al proyecto aseguró que «hay todavía algunas pequeñas cantidades inconformes».
Estas declaraciones han sido refutadas por dirigentes, autoridades locales e incluso la Cámara de Comercio de la provincia de Islay. El pasado 4 de junio, los alcaldes de esta provincia y de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía, Deán Valdivia, al igual que presidentes de las juntas de usuarios de estas localidades —ubicadas en el área de influencia directa de la minera— emitieron un pronunciamiento público sobre el proyecto.
«Tía María no ha superado el conflicto social con la población, no ha podido demostrar las garantías ambientales suficientes para una convivencia del proyecto minero con la agricultura», señalaron.
RESISTENCIA. Agricultores del Valle de Tambo expresaron su temor a los posibles efectos ambientales del proyecto.
Epifanio Baca Tupayachi, coordinador de proyectos en Grupo Propuesta Ciudadana, explicó a este medio que el problema de fondo es la desconfianza de la población del Valle de Tambo sobre el cumplimiento de las normas ambientales. «El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado de Tía María tenía 138 observaciones», recordó.
Baca Tupayachi señaló que el segundo EIA aprobado debió ser discutido en público y socializado, pero este no fue el caso. «No puedes decir que ya tienes la licencia social sin haber abordado seriamente estos temas con la población», indicó. La oposición es notoria en las manifestaciones realizadas en los últimos días.
El agricultor Vicente Huanco Leonardo, de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, explicó que «se tiene mucho temor a la contaminación» y que, en los últimos cinco años, las grandes organizaciones de agricultores —como las juntas de usuarios— no han tenido un acercamiento con la minera.
En la misma línea, la Cámara de Comercio de la Provincia de Islay señaló, en un comunicado, que parte de la población de la provincia aún mantiene una posición contraria al proyecto minero y que esta «se debe a información insuficiente por parte del gobierno y la empresa».
Seguir leyendo en Ojo Público
Periodismo 360: Innovación para la transparencia se cerró con la ponencia de Anuska Buenaluque, periodista de Epicentro TV
(Cajamarca, 21 de junio de 2024). Ayer concluyó el curso «Periodismo 360: Innovación para la transparencia en Cajamarca», organizado por Proética, USAID, CEDEPAS Norte, Grupo Propuesta Ciudadana e Idea International. Este curso, diseñado para fortalecer las capacidades de los periodistas en la región, se cerró con una ponencia de Anuska Buenaluque, periodista de Epicentro TV, quien trató el tema «Periodismo de investigación para el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia».
Foto: Corelación.
Durante su intervención, Buenaluque destacó: “El periodismo de investigación es esencial para una ciudadanía informada y una democracia vibrante. Es nuestra responsabilidad revelar la verdad y empoderar a la sociedad”.
El curso, que inició el 27 de mayo, incluyó la participación de otros reconocidos expositores. Wilber Huacasi, periodista de La República abordó el tema «Acceso a la información pública», Martin Alvarado, director de Corelación discutió sobre «Inteligencia artificial para periodistas», y Ralph Zapata, director de Norte Sostenible se enfocó en el «Seguimiento al uso de los recursos públicos y el avance de las inversiones públicas para el periodismo de datos».
Foto: Corelación.
La clausura será este 4 de julio, momento en el cual se premiarán los tres mejores trabajos periodísticos realizados por los participantes, destacando así la excelencia y el compromiso con la transparencia informativa.
Piura. El convenio firmado en diciembre de 2023 entre el Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), el Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar (FOSPIBAY) y el Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) ha comenzado a rendir frutos significativos. Esta colaboración interinstitucional tiene como objetivo mejorar la calidad de los planes de negocios presentados a los procesos de Procompite y AGROIDEAS.
En este marco, se implementó el Diploma “Formulación de Planes de Negocios” en alianza con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Este programa de cinco meses capacitó a unos 80 profesionales de Piura, quienes desarrollaron planes de negocios para diversas organizaciones de productores de las provincias de Sechura, Piura, Morropón, Sullana y Ayabaca.
La Municipalidad Provincial de Sechura, como parte de su estrategia para mejorar la competitividad productiva de los productores organizados en los cinco distritos de la provincia, lanzó el Fondo Concursable del PROCOMPITE 2024. Este fondo prioriza cadenas productivas como abonos orgánicos, cultivos frutícolas, leguminosas y la crianza de animales menores.
En el reciente proceso concursable, seis planes de negocios elaborados durante el diploma fueron seleccionados tras pasar la Etapa de Elegibilidad. Estos proyectos juntos obtuvieron un financiamiento que superó el medio millón de soles, beneficiando a 135 productores de seis asociaciones en la provincia de Sechura.
La implementación de estos planes promete un impulso significativo para la economía local, fortaleciendo las capacidades de los productores y mejorando la calidad de vida en la región.
