Una de las instituciones políticas que caracterizaron la concentración del poder a lo largo de nuestra historia republicana fueron las llamadas prefecturas. Por esta razón, diversos sectores políticos e institucionales saludamos y apoyamos el anuncio del presidente Alan García, cuando asumió su mandato el 28 de julio de 2006, de desaparecer esta institución y, como él mismo ofreció, cogobernar con las autoridades elegidas por la población, es decir con los alcaldes y los presidentes regionales. Lamentablemente, este compromiso no ha sido cumplido, lo cual es criticable, sobre todo porque no se trata de una promesa electoral, sino de un anuncio cuando ya era Presidente. En lugar de desaparecer esta institución, el gobierno le ha cambiado de nombre y acotado sus funciones. Hoy se denominan gobernadores, pero mantienen su rol de representantes del Presidente de la República. En agosto de este año, el Ministerio del Interior publicó el Decreto Supremo 006, en el cual daba partida de nacimiento a esta nueva denominación de las viejas y caducas prefecturas. Esta decisión fue rechazada por las autoridades regionales en la VI sesión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la posición fue puesta en conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, quien se comprometió a revisar la medida y a dar una respuesta al planteamiento. Con la ratificación de la decisión original, mediante su inclusión en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, se da un portazo a los presidentes regionales, sin tomarse el trabajo de responderles y de informarles sobre las razones por las cuales se ha tomado esta medida, esta vez mediante una ley, es decir de una norma de mayor jerarquía. Más allá de los procedimientos, los cuales son importantes en una democracia y en el marco del proceso de reforma descentralista, son igualmente cuestionables los argumentos que sustentan la decisión. Los defensores de la norma plantean la necesidad de que el gobierno nacional haga un seguimiento y evalúe la ejecución de un conjunto de programas, los cuales son enumerados in extenso en la ley. Se busca imponer una especie de supervisores o fiscales del gobierno nacional sobre las autoridades elegidas por la población, a través de funcionarios del gobierno nacional investidos de la autoridad que les da el ser representantes del Presidente de la República. Es evidente que más allá de las buenas o malas intenciones, tienen la capacidad política de interferir en las decisiones de los presidentes regionales y, sobre todo, de los alcaldes. Además del claro tinte centralista de la propuesta, nuevamente constatamos la improvisación al momento de dar soluciones a deficiencias y problemas en el funcionamiento del Estado. Diversos enfoques sobre modernización del Estado señalan que un aspecto fundamental de una gestión eficiente y eficaz es avanzar, coordinadamente con los gobiernos regionales y locales, en el diseño e implementación de un sistema integrado de seguimiento y evaluación de la gestión pública que incorpore a los tres niveles de gobierno. La red de gobernadores que se propone no sólo no soluciona el problema de la ausencia de un sistema claro y eficiente de evaluación de la gestión, sino que lo agrava, pues éstos carecen de los mecanismos e instrumentos necesarios para desempeñar esta labor, con lo cual se impondrá la valoración subjetiva o el interés político inmediato. Algunos sectores del gobierno señalan que en cada provincia y departamento del país debe existir un representante del Presidente de la República para que esté informado de lo que allí sucede. Se trata de una visión que responde a parámetros propios del siglo XIX, en un contexto en el cual los avances de la tecnología de las comunicaciones y la información nos plantean, a todos y en particular al Estado, el desafío de buscar respuestas y propuestas mirando al siglo XXI. Si sólo se propusieran articular los diversos mecanismos de recojo de información de los que hoy dispone el gobierno nacional a lo largo y ancho del territorio, sería más que suficiente para que contaran con los datos que requieren para la toma de decisiones. Frente a esta realidad es legítimo preguntarse cuáles son las motivaciones para que el gobierno incumpla su compromiso político y persista en una figura tan desubicada en el marco de un proceso de descentralización que supone autonomía y articulación. Es evidente que con esta decisión se generará una red de militantes con presencia y capacidad de acción en todas las provincias y departamentos del país. Tema nada desdeñable si tomamos en cuenta que el 2010, como paso previo a las elecciones nacionales, se elegirán autoridades locales y regionales. Asimismo, es importante tomar en cuenta que muchas funciones de estas autoridades del gobierno central están referidas a los programas sociales, con lo cual se abre la posibilidad de dar un uso clientelista a esta red de funcionarios, que en su mayoría responderán a las orientaciones del partido de gobierno. Las autoridades locales y regionales, así como las diversas organizaciones e instituciones sociales y empresariales debemos estar atentos sobre el uso que dará el gobierno a esta estructura paralela de funcionarios en todas las provincias y regiones.

El gobierno negó de manera sistemática toda posibilidad de recortar los recursos ordinarios de los gobiernos regionales para la inversión en capital. Por advertir que transitaba por esa ruta el gobierno, el Presidente del Consejo de Ministros acusó a Propuesta Ciudadana de mentir malintencionadamente.

Una primera revisión de las cifras del Proyecto de Ley General del Presupuesto 2009 presentado al Congreso muestra que se han recortado aproximadamente 400 millones de soles de los presupuestos regionales para inversión de capital. El recorte no solo es a los pliegos regionales sino también a las municipalidades. De acuerdo al análisis hecho por la Red de Municipalidades Rurales del Perú, se ha reducido el 65% de los recursos ordinarios de las municipalidades, es decir 826 millones de soles.

Una de las justificaciones para estas medidas es la supuesta “incapacidad de gasto” de los gobiernos regionales. Los hechos van en sentido contrario: 8 gobiernos regionales han duplicado su inversión, 10 la han incrementado entre el 50% y el 80%, y 6 lo han hecho entre el 20% y el 45%. Todo ello entre el año 2004 y el 2008. Si esta fuera la razón, se debería centrar la atención en el propio gobierno nacional, el cual muestra una tendencia muy por debajo de esos porcentajes.

El camino elegido por el gobierno nacional para la gestión de los recursos sustraídos de los gobiernos regionales es la ampliación de los fondos destinados al FONIPREL, mecanismo concursable al cual deberán presentar sus proyectos los gobiernos regionales y municipales. Ello significa que, en los hechos, estas instancias de gobierno pierden capacidad de decisión sobre los recursos.

El mecanismo del concurso de proyectos es útil e interesante, en tanto sea un canal complementario de financiamiento para proyectos de inversión local, departamental y regional. Incluso podría ser una estrategia orientada a promover la asociación entre municipalidades y entre gobiernos regionales. Si es manejado de manera transparente, eficiente y previsible puede asimismo aportar a mejorar la calidad de las inversiones.

Pero lo que es criticable es que se fortalezca este fondo, sin tomar en cuenta que fue pensado para promover la ampliación de la inversión pública,  recortando el presupuesto de las regiones. Más aún cuando quedan fuera de este nuevo filtro los recursos que invertirán en las regiones los ministerios y programas nacionales. Con ello no sólo se establece una inaceptable diferenciación, sino que queda claro que el principal objetivo de esta medida es retomar el control centralista de una parte significativa de los recursos ordinarios.  Con ello se distorsionan los objetivos iniciales de este mecanismo de financiamiento de las inversiones.

No debemos perder de vista que el MEF estableció hace algunas semanas, obviamente sin concertar con nadie, que los recursos por canon y regalías serán transferidos mes a mes a las regiones, siempre y cuando cuenten con la autorización de los funcionarios encargados de evaluar la solicitud de desembolso. Por tanto, más allá del discurso, estamos ante un claro retroceso en relación con la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos regionales y locales.

Hay un segundo aspecto que requiere ser adecuadamente aquilatado. El FONIPREL, tal como está definido por la ley y su reglamento, es un instrumento de gestión dependiente del MEF y se guiará obviamente por sus objetivos y criterios. Es evidente entonces, el riesgo que se convierta en un instrumento para reducir el gasto, dadas las posiciones planteadas por el propio ministro Valdivieso.

En ese sentido, es imprescindible modificar la ley y el reglamento del Fondo, insistiendo en la devolución de los recursos recortados a las regiones y municipalidades, de tal manera de asegurar por lo menos tres cosas: i) un consejo directivo con mayor presencia de los niveles descentralizados de gobierno; ii) un comité evaluador de los proyectos que garantice representatividad, idoneidad y neutralidad en su procesamiento; iii) la formulación de indicadores y criterios claramente definidos, los cuales deben ser garantía de objetividad y transparencia del proceso.

Consideramos, asimismo, que es de primera importancia hacer una evaluación integral del presupuesto 2009. En esa orientación se requiere la más amplia y detallada información de los programas estratégicos incluidos en el denominado presupuesto por resultados. En una revisión inicial encontramos que hay problemas de coherencia entre las metas y funciones definidas en estos programas, y los recursos de los gobiernos regionales para su cumplimiento. Se trata de un instrumento de gestión clave, ya que puede ser el vínculo que se requiere para articular planeamiento y presupuesto, pero para ello debe ser adecuada y seriamente trabajado. Desvincular las metas de los recursos puede crear serios problemas de legitimidad a los gobiernos regionales y locales.

El debate presupuestal del 2009 recién se inicia y en los próximos meses es importante promover un diálogo sostenido ya que, en nuestra opinión, su diseño refleja una opción de ajuste que afecta a los sectores más pobres de la población en un contexto de crecimiento de las utilidades de las grandes empresas, así como del aumento del consumo de los sectores sociales de mayores ingresos. Ésta es una ruta que plantea serios riesgos a la gobernabilidad democrática y con ello a la reforma descentralista y participativa del Estado.

La inflación ha superado en el último año el 5%, pero los precios de los alimentos han crecido por encima del 10%. En algunas regiones, la inflación ha tenido un impacto todavía mayor. Es claro que quienes más sienten el problema son los sectores pobres de la población.

El debate sobre el tema está girando sobre la forma de responder a este aún inicial proceso inflacionario. Un significativo sector de especialistas, autoridades y dirigentes políticos propone que las políticas de control de la demanda se orienten hacia el consumo privado, para lo cual toman como punto de partida que el consumo privado interno representa algo más de 87% de la demanda nacional global, mientras que el gasto público, a pesar de su incremento reciente, es sólo algo superior a 12%. Esta posición considera que no es conveniente aplicar el ajuste al gasto público, sobre todo aquel vinculado a la salud, la educación y la infraestructura, porque éste tiene un impacto directo sobre los sectores populares, que son los que tienen las mayores urgencias y necesidades.

A pesar de los diversos argumentos en ese sentido, la lógica que parece imponerse en el gobierno, bajo la batuta del Ministerio de Economía, es poner el énfasis en la reducción de la capacidad de inversión del Estado, pues el recorte no se hará sólo sobre el gasto corriente, que tiene muy poca flexibilidad, sino sobre la inversión en capital, es decir sobre los recursos destinados a carreteras, hospitales y escuelas. El argumento para centrarse únicamente en el gasto público es que afectar excesivamente el consumo y la inversión privada tendría un impacto directo sobre el crecimiento de la economía, al alentarse la disminución de las inversiones y, consecuentemente, de las utilidades del capital.

De esta manera, se opta por el que, aparentemente, es el camino más sencillo para enfriar la economía, sin siquiera considerar alternativas que afecten el consumo privado y no repercutan de manera importante sobre los sectores más pobres. Por ejemplo, el reajuste de la política arancelaria o una reforma tributaria que ponga énfasis en aumentar los impuestos sobre los que más ganan en aras de reducir su consumo. Luego de varias semanas en las que el MEF se negó a usar el término recorte, utilizando el eufemismo de la modulación del gasto, no le ha quedado otra salida al nuevo ministro, Luis Valdivieso, que anunciar la reducción del gasto fiscal como el principal mecanismo que el gobierno utilizará para intentar controlar el crecimiento de la inflación.

Según alguna información disponible, la reducción del presupuesto público para el año 2009 será de aproximadamente 7 mil millones de soles, que representa aproximadamente entre 10 y 12% con relación al presupuesto del 2008. Todo parece indicar que los gobiernos regionales y locales estarán entre los más perjudicados con esta orientación de la política antiinflacionaria del gobierno. Se está empleando como argumento su supuesta incapacidad de gasto, obviando que este mismo problema lo tiene el gobierno nacional. Adicionalmente al recorte de los recursos es muy posible que se apliquen mecanismos administrativos que hagan más difícil hacer realidad las inversiones previstas.

Más allá del uso político de este tema, sigue ausente una política sostenida que se oriente a mejorar sustantivamente la calidad de la inversión pública, evitando gastos superfluos y dispendiosos, e incrementando aquellos que tienen impactos positivos en la formación del capital para el ser humano, en la mejora de la capacidad productiva y en la articulación territorial.

El asunto es de gran importancia para los gobiernos locales y regionales y en general para el país, porque ajustar el gasto fiscal como se pretende resulta unilateral y oneroso para los sectores más pobres de la población. Los gobiernos regionales deberían plantear desde hoy y cuanto antes, una propuesta sobre este aspecto crucial para su gestión.

Su propuesta debe orientarse a defender el gasto público como un instrumento redistributivo, especialmente en nuestra sociedad marcada por profundas desigualdades. Es inaceptable que en momentos en los cuales se cuenta con recursos fiscales significativos, producto del crecimiento económico y del auge en los precios de los minerales, se opte por cargar el costo de detener la inflación en quienes viven excluidos de los beneficios del crecimiento y ven ampliarse la brecha con quienes más tienen.

Sin embargo, no es suficiente oponerse a un recorte que, además de injusto, es centralista. Es fundamental poner también en la agenda propuestas orientadas a mejorar la calidad de la gestión de los recursos públicos en todos los niveles. La identificación precisa de las prioridades, la orientación del gasto en función de objetivos de desarrollo, así como la vinculación de planeamiento y presupuesto son temas que demandan de las autoridades regionales planteamientos de corto y mediano plazo. Es importante hacer realidad una gestión eficiente y eficaz para consolidar el proceso de reforma descentralista y aportar a la construcción de la legitimidad que la gobernabilidad democrática requiere.

Un aspecto a tomar en cuenta en la definición de propuestas para el sector agropecuario es la marcada heterogeneidad territorial que nos caracteriza. Las diferencias en la cantidad de población dedicada a este tipo de actividades, en los tipos de cultivos, así como en el tipo de unidad productiva predominante, son algunos elementos que ponen en cuestión la forma centralista bajo la cual se gestiona este importante sector.

Éste no puede continuar en el plano secundario en el que se encuentra, ni la atención debe concentrarse únicamente en las potencialidades productivas de la costa. Sin duda es importante que se incremente nuestra capacidad de exportación y de promoción de la agroindustria, pero no debemos perder de vista que la pobreza y la extrema pobreza se concentran en los espacios rurales, y que el contexto global ha puesto nuevamente y con mayor fuerza en la agenda nacional el tema de la seguridad alimentaria.

En ese marco es fundamental avanzar en la descentralización del sector, dotando a los gobiernos regionales de un poder efectivo para formular e implementar políticas de desarrollo agrario regional, en el marco de una política nacional agraria concertada y de la construcción de un sistema intergubernamental para la gestión del sector en las regiones y en el plano nacional.

El Decreto Legislativo 997, que define la nueva organización y las funciones del Ministerio de Agricultura, muestra vacíos importantes desde la perspectiva de la descentralización. Preocupa que en dicha norma no se precisan con claridad las funciones, pues se traslada este tema al reglamento, instrumento normativo que depende únicamente del gobierno nacional. Con ello se sienta un precedente negativo, ya que de mantenerse este criterio para todos los sectores, se limitaría el debate público en esta importante dimensión de la reforma del Estado, excluyendo al Congreso de una decisión fundamental para la adecuación del gobierno nacional a la reforma descentralista.

Este problema se complica más porque en el DL 997 se obvia toda mención a la concertación con las regiones en la formulación de la matriz de competencias y funciones, en la cual se debe precisar el rol que cumplirá cada nivel de gobierno. Menos aún se señala algún tipo de compromiso u obligación de coordinar la estimación de los costos de las funciones. En este DL tampoco se señala la obligatoriedad de formular una estrategia concertada de fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales para una gestión eficiente de las políticas agrarias. Otra muestra de la visión centralista predominante en el sector agrario es que en el DL se retrocede en relación con el compromiso del presidente Alan García de transferir PRONAMACHCS a las regiones, lo cual debió llevarse a cabo desde el inicio del proceso de descentralización.

Esta norma crea el denominado AGRORURAL, ampliando los recursos para las actividades que hoy lleva adelante PRONAMACHCS e integrando al mismo otros programas como PROAMAZONIA. Con ello se centraliza mayor poder en el gobierno nacional con una unidad ejecutora nueva y más grande. Es clara la decisión de postergar de manera indefinida la transferencia de este importante instrumento de gestión agraria, así como de generar un mecanismo que le permita al gobierno nacional ejercer las funciones que sólo en lo formal transfiere a los gobiernos regionales.

Con este tipo de decisiones se evidencia la falta de voluntad de quienes dirigen el Ministerio de Agricultura para generar políticas que respondan a nuestras diversas realidades agropecuarias. El objetivo de la actual administración del Ministerio pareciera ser tener libertad para definir e implementar su particular visión del sector, donde el énfasis está en las políticas favorables a la gran inversión orientada a la agroexportación. Para las pequeñas unidades productivas y las comunidades campesinas se aplican mecanismos asistenciales.

El debate abierto con este DL y con otros vinculados a la actividad agropecuaria, en el marco de las normas de adecuación al TLC con EE.UU., es una excelente oportunidad para que los Gobiernos Regionales asuman un rol activo en la promoción del desarrollo agrario. Para ello, a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, deben poner en la agenda de trabajo con el Gobierno Nacional la construcción concertada de la matriz de competencias y funciones del Ministerio, a fin de garantizar una efectiva descentralización del sector. Junto a ello se debe promover el fortalecimiento del rol rector del MINAG en la generación de una política nacional, así como en la planificación, el seguimiento y el control.

Los Gobiernos Regionales deben plantear con decisión que se cumpla de manera efectiva el compromiso Presidencial y se descentralice AGRORURAL hacia las regiones. El Ministerio de Agricultura debe concentrarse en un rol normativo, de asistencia técnica y de gestión financiera de los recursos. Éste debe ser un instrumento al servicio del aumento de la producción y la competitividad de las pequeñas unidades agrarias y campesinas, cuyas características son diferenciadas en las distintas regiones.

El debate que se plantea no es sobre temas administrativos y de procedimientos, sino sobre la necesidad de construir una agenda agraria nacional que responda a los desafíos que enfrentamos como sociedad en relación con temas globales de gran complejidad, como son el cambio climático y el abastecimiento alimentario.

La estrategia más adecuada para la distribución y el uso del Gas de Camisea es un tema presente en la agenda política nacional. Parece haber un amplio consenso en dar prioridad al abastecimiento del mercado nacional, antes que plantear la exportación del gas, sobre todo en un contexto en el cual el precio del petróleo está notoriamente en alza. Sin embargo, nuestra clase política ha puesto muy poca atención al debate sobre las posibilidades que abre este recurso energético para el desarrollo del sur del país, donde la exclusión y la pobreza es la realidad cotidiana en la que viven amplios sectores de la población.

En primer lugar, es necesario tener claridad sobre la trascendencia que tiene el abastecimiento energético para la viabilidad de una estrategia de desarrollo territorial que dinamice la producción, genere empleo y promueva la inclusión de la población.

Sectores políticos y empresariales vienen promoviendo un proyecto que iría desde Pisco, a lo largo de la costa sur, hasta Ilo. Los argumentos que sustentan este planteamiento se centran en dos hechos objetivos: el menor costo que tendría y su posible culminación en plazos relativamente breves. Un proyecto de esta envergadura no puede evaluarse exclusiva ni principalmente a partir de estos criterios. El aspecto fundamental para la toma de decisiones debe ser el impacto que tendrá en la generación de condiciones para el desarrollo de la macrorregión. Desde esa perspectiva, la mejor opción es la construcción del Gasoducto Surandino, que lleve el gas hacia la costa peruana de manera transversal a nuestro territorio del sur.

Una constatación importante es que el proyecto del Gasoducto Surandino integra a su paso a siete provincias del Cusco (La Convención, Cusco, Canas, Calca, Quispicanchi, Canchas y  Espinar), cuatro de Puno (Melgar, Lampa, San Román y Puno), tres provincias de Arequipa (Caylloma, Arequipa e Islay) y dos de Moquegua (Mariscal Nieto e Ilo). Con esta amplia cobertura territorial se abre la posibilidad, por ejemplo, de instalar plantas termoeléctricas para abastecer a bajo costo el consumo domiciliario y el uso productivo de micro y pequeñas empresas del sur peruano, sobre todo en las zonas de alta pobreza y fuerte exclusión social como son las provincias altas de Cusco y Puno.

Otro aspecto a considerar es la perspectiva para proyectos de gran significación en la macrorregión como son la producción de cemento en el Cusco, de hierro esponja en Apurímac o el abastecimiento para una planta petroquímica en Ilo. Con el gasoducto se potenciará asimismo el puerto de Ilo como polo interoceánico.

El Gasoducto Surandino tiene, además, carácter complementario con la Vía Interoceánica, por su capacidad articuladora y potencial de eslabonamiento con diversos proyectos productivos claves para la macrorregión.

El gasoducto andino significará trasladar al conjunto de la macrorregión parte del dinamismo y de los beneficios asociados al megaproyecto de Camisea. En ese sentido es importante resaltar la posición asumida por los Presidentes de los Gobiernos Regionales del Sur, reunidos en la ciudad del Cusco: la ejecución del Gasoducto Surandino es un proyecto estratégico nacional. Sostienen correctamente la imposibilidad económica de dar paso a dos proyectos de gasoducto. Es necesario que el Gobierno Nacional preste atención a este planteamiento y avance en la concertación de políticas que permitan sumar recursos y capacidades con los gobiernos regionales y locales.

¿Qué dice la Ley?

El 20 de mayo se ha publicado la Ley 29230 la cual define como su objetivo el impulso a la inversión pública regional y local, con participación del sector privado. El mecanismo señalado en la ley para ello es la suscripción de convenios de los gobiernos regionales y locales con las empresas, las cuales pre-financian y/o ejecutan proyectos de inversión pública en infraestructura. Son los gobiernos regionales y locales, si lo desean con asistencia técnica de Proinversión, los que deciden si adoptan esta modalidad. Asimismo son las instancias encargadas de seleccionar a las empresas que cumplan con los requisitos que establecerá el reglamento de esta ley.

Una exigencia incluida en la norma para los gobiernos locales y regionales es la elaboración de una lista de proyectos, los cuales deben tener declaratoria de viabilidad por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así como deberán estar en concordancia con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local.

El mecanismo para el financiamiento del sector privado son los denominados “Certificado de Inversión Pública Regional y Local” (CIPRL). Éste es emitido por el MEF contra los pagos a  cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta (IR) de las empresas seleccionadas hasta por un máximo del 50% del ejercicio anterior. Si sobre ese techo existiera un saldo, podrá ser ejecutado en los siguientes ejercicios fiscales. Asimismo, es importante señalar que los CIPRL serán financiados con cargo de los recursos del canon, sobrecanon y renta de aduanas que perciba el gobierno regional y/o local.

Los certificados (CIPRL) se emitirán una vez que el gobierno regional o local  haya otorgado la conformidad de la recepción de la  obra de infraestructura, de acuerdo con los términos del Convenio. Las características que tendrán los convenios se definirán en el Reglamento de la Ley.

El monto total invertido para el desarrollo del proyecto será verificado, a la culminación del proyecto, por una sociedad auditora designada por la Contraloría General de la República. El costo de este servicio es asumido por el gobierno regional y/o local.

Incertidumbres que plantea la ley

La Ley presenta algunas imprecisiones y vacíos que requieren ser precisados. Es por ello que el reglamento, cuya elaboración está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, cobra aún mayor importancia.

Entre los temas que deben ser abordados y debatidos queremos señalar los siguientes:

1.     Se debe garantizar la implementación de un sistema de información transparente, pertinente y oportuno sobre los proyectos que se lleven a cabo bajo esta modalidad. Debe incluirse, por lo menos, la licitación, los convenios firmados, así como el seguimiento al avance de los proyectos.

2.     Se requiere definir los criterios que deberán cumplir las empresas para ser elegibles en este sistema.

3.     Se debe precisar la modalidad de los procesos de licitación y adquisición que se aplicarán para la selección y ejecución de los proyectos de infraestructura.

4.     Se debe definir que la responsabilidad sobre la calidad y oportunidad de la obra es de la empresa que presta el servicio. Es importante que se defina el mecanismo para resolver controversias en casos en los cuales es incumpla con el convenio o contrato.

5.     Se debe precisar si los proyectos seleccionados deben haber sido priorizados previamente en los procesos del Presupuesto Participativo.

6.     Se debe trabajar para que el diseño y la elaboración del reglamento se haga en consulta con los gobiernos regionales y locales.

7.     Se deben precisar los criterios de selección de los proyectos, de tal manera que respondan de manera efectiva a los intereses de la población regional y local.

Por lo expuesto, la ley se centra en generar un mecanismo para la participación del sector privado en la ejecución de proyectos de inversión pública, con recursos públicos. Lo cual puede en efecto ayudar a aumentar el ritmo de las inversiones públicas.

Sin embargo, nos llama la atención que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la República, se interesen por hacer frente el reto de formular una estrategia para mejorar la capacidad de planificación, gestión y control de las inversiones en los tres niveles de gobierno. Es fundamental que se señale un mecanismo para la concertación de un programa entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

El debate sobre esta ley pone en el tapete el tema de la inversión pública descentralizada. Es importante que en el intercambio que se genere para su implementación se incluyan aspectos como el denominado Aporte Voluntario, así como el de la transparencia fiscal de empresas que obtienen enormes utilidades con la explotación de recursos que son de todos los peruanos.

La propuesta de crear un Ministerio del Ambiente ha generado interés en diversos sectores de la sociedad peruana. La degradación y la vulnerabilidad que afronta el Perú, así como la debilidad de la institucionalidad ambiental y la profunda desconfianza de la población hacia ella, explican la expectativa generada sobre el tema. Más allá de sus contenidos, los cuales no son hasta el momento conocidos por la opinión pública, es claro que estamos ante una ventana de oportunidad para poner en la agenda una dimensión estratégica y cuya trascendencia en la escena internacional es creciente. La posibilidad de dar forma a una autoridad con la capacidad suficiente de diseñar e implementar políticas, criterios y mecanismos orientados a la sostenibilidad ambiental requiere un amplio y democrático debate, tal como ha sido planteado por diversas instituciones y redes de la sociedad civil.

Éste es el primer punto sobre el cual es necesario llamar la atención. Es positiva la ampliación hasta el 15 de marzo del plazo del grupo de trabajo formado por el especialista Antonio Brack para presentar su propuesta sobre el Ministerio del Ambiente y, ojalá también, sobre el sistema descentralizado de gestión ambiental. Esperamos que a partir de esa fecha se abra un proceso de diálogo y consulta con las autoridades regionales y locales, con las organizaciones sociales y con las diversas instituciones de la sociedad civil. Proceso de diálogo y concertación democrática que deberá aportar a que el Congreso debata y apruebe la legislación que sustente el sistema. Sería lamentable que en un tema de tanta trascendencia se opte por la ruta de imponer un decreto legislativo, bajo el supuesto amparo de la delegación de facultades hecha por el Congreso para que el gobierno legisle sobre el TLC con EE.UU.

En este escenario es importante señalar algunos vacíos preocupantes del discurso oficial. Un primer tema es que el anuncio presidencial se ha hecho sin que el gobierno explicite las políticas que orientan la estrategia ambiental, en función de las cuales se está dando forma al Ministerio. Tampoco se conoce una posición clara sobre la evaluación que tiene el gobierno del mecanismo de coordinación existente que, es el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), el cual ha mostrado serios problemas producto de su carencia de autonomía y de competencias para asumir el rol de una efectiva autoridad ambiental.

Otro aspecto sobre el que vale la pena poner atención es que el discurso oficial se centra en la institucionalidad del gobierno nacional, sin que hasta el momento se haya escuchado, desde la PCM o desde el Palacio de Gobierno, el concepto o la idea de un sistema descentralizado de gestión ambiental. En la medida que la gestión involucra a diversos actores, se requiere un sistema que evite contradicciones, duplicidades y vacíos. Es por ello sumamente importante que se revisen y redefinan las competencias ambientales de los gobiernos locales y regionales, así como también se prevea la forma de ir desarrollando capacidades en estas instancias de gobierno que permitan el desempeño eficaz y eficiente del sistema.

Sin duda es fundamental debatir y concertar la estructura, las funciones y roles de las distintas instancias en el sistema de gestión ambiental, pero ello tendrá real sentido si asumimos esa dimensión como el primer y más importante paso hacia la definición de una estrategia de desarrollo nacional que incorpore el componente ambiental. Definir las prioridades es fundamental para orientar el accionar del Estado, de la sociedad civil y los sectores empresariales y productivos en general. Entre las dimensiones más relevantes podemos señalar: i) la política para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, los bosques, la biodiversidad y las zonas marinas costeras; ii) orientaciones para la mitigación y adaptación del país al cambio climático; iii) fortalecimiento de la institucionalidad mediante normas, instrumentos de gestión, un sistema nacional de información y evaluación ambiental, así como la participación ciudadana.

Un aspecto importante del sistema y del Ministerio del Ambiente es su capacidad de fiscalización y sanción. Sin ello se trataría de una reiteración, bajo otro nombre y modalidad, del fracasado CONAM, el cual se limitaba a constatar los problemas y promover el diálogo, sin ninguna capacidad de garantizar el cumplimiento de las políticas y reglamentos. Es fundamental desarrollar un mecanismo que garantice efectiva capacidad de control ambiental, lo cual demanda un enfoque descentralizado, de recursos humanos suficientes y capacitados, así como de la participación amplia de la sociedad civil.

Para la gestión del sistema es necesario asumir un enfoque intergubernamental que articule a los diversos sectores en torno a las políticas ambientales y, sobre todo, posibilite una conducción concertada entre los tres niveles de gobierno. Éste es el espacio para articular las políticas ambientales y optimizar su implementación, haciendo de la complementariedad y la colaboración aspectos sustantivos de su funcionamiento.

Como vemos, se trata de un tema de primera importancia y de gran complejidad. Las autoridades regionales y locales tienen que cumplir un rol activo para garantizar su capacidad de ejercer un rol efectivo de gobierno en su territorio. En este asunto, la dimensión ambiental es fundamental.