El grupo denominado «Jóvenes con Manos Solidarias» de la institución educativa Rosa de América participó de un taller de capacitación organizado en la sala de regidores de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Las temáticas de la reunión fueron Estado, población, territorio, soberanía, poder y gobierno. Esto se llevó a cabo en el marco del proyecto con la Fundación Ford.
El Equipo Especial de Fiscales liderado por Rafael Vela, con el apoyo de la Procuraduría Ad Hoc, ha firmado el 8 de diciembre el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht. Este es un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, ya que obliga a la empresa a entregar toda la información sobre el caso Lava Jato en el Perú. Por fin conoceremos a los principales receptores del dinero mal habido.
Cada vez hay más indicios que nos alertan sobre la existencia de un plan dirigido por el Fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, para remover a Rafael Vela y Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial, con el propósito de obstaculizar y sabotear el avance de las investigaciones. El propio fiscal Vela ha manifestado que el Fiscal de la Nación hostiliza sistemáticamente a su equipo. Los 18 procesos de investigación abiertos contra Domingo Pérez son la mejor evidencia de esta realidad. Recordemos que Vela y Pérez interrogarán en enero próximo a los funcionarios de Odebrecht, entre ellos a Jorge Barata. Esta vez, en el marco del acuerdo alcanzado.
Frente a estos hechos, el Grupo Propuesta Ciudadana se suma a las voces que expresan su respaldo al trabajo que realiza el Equipo Especial de Fiscales y alerta a la ciudadanía que, de concretarse las pretensiones de Gonzalo Chávarry y sus aliados en el Congreso de la República, se ocasionaría un serio daño a la lucha contra la corrupción y se abriría la posibilidad para que, una vez más, la impunidad triunfe en nuestro país.
NO A LA IMPUNIDAD
SÍ A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por Javier Azpur Azpur
La inestabilidad producida luego del destape de la corrupción en los más altos niveles y de la descomposición del sistema judicial y su subordinación al poder político abrió la oportunidad de poner en agenda urgentes cambios institucionales. Hoy estamos en una coyuntura propicia para debatir sobre los problemas estructurales de nuestro sistema judicial.
Lamentablemente, frente a las reformas encontramos una campaña de rechazo, no al contenido de las propuestas, lo cual sería legítimo en democracia, sino que tiene como único objetivo generar miedo entre la población. Se niega la reforma y el referéndum como parte de un supuesto y alucinado plan autoritario y chavista del gobierno de Martín Vizcarra.
Afirman que la propuesta de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una mentira del Gobierno, ya que no solucionará, al día siguiente del referéndum, el flagelo de la corrupción en el sistema de justicia. Obvian el reiterado señalamiento de que este es solo el primer paso de un largo proceso, que será sin duda complejo y desafiante, para superar una larga historia de corrupción e ineficacia del sistema judicial. Es bueno recordar que el copamiento de este poder del Estado fue impulsado por el fujimorismo y el alanismo cuando fueron gobierno.
La reforma constitucional significa un cambio profundo en la forma de elección de los integrantes del CNM ─que se denominará Junta Nacional de Justicia (JNJ)─, es decir de la instancia encargada de nombrar y remover a los jueces y fiscales. Se establece un sistema meritrocrático y público, que brinda más garantías para la transparencia del proceso y se podrán revisar los nombramientos hechos por el grupo mafioso que condujo durante varios años esta institución. Es difícil entender a quienes hacen un llamado a votar por el NO, pues en los hechos proponen continuar con el corrupto sistema que estuvo controlado por los Cuellos Blancos.
Estos defensores del fracasado CNM obvian que la reforma no termina en el nivel constitucional sino que incluye un conjunto de importantes proyectos de ley. Dos de ellos proponen crear una Autoridad de Integridad y Control en el Poder Judicial (PJ) y otra en el Ministerio Público (MP), con autonomía de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales. Un proyecto incorpora la transparencia en el PJ, el MP, el CNM-JNJ, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un cuarto proyecto crea el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos. Estas son solo algunas de las iniciativas presentadas al Congreso, que luego de cinco meses no las debate ni las aprueba.
La voluntad de continuar con el proceso de cambios se expresa también en el proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia como una instancia que integra a los poderes del Estado y a varios componentes del sistema judicial, con el encargo de hacer seguimiento y dar continuidad al proceso de reforma. Este no es un tema menor si recordamos la experiencia del Ceriajus el 2004, el cual no pasó de ser un documento con una excelente propuesta integral, que no la aplicaron quienes gobernaron el sistema ni la impulsaron el Gobierno ni el Congreso.
Frente a la negación continuista y sin análisis serio de las propuestas, mi voto será sin duda SÍ-SÍ-SÍ-NO.
Créditos: Vicepresidencia de la Asociación Arariwa.
El auditorio de la Municipalidad Provincial de Quiñota fue el escenario principal de los 03 talleres de capacitación (01, 05 y 06 de diciembre) dirigidos a los miembros de la Liga Agraria de la mencionada municipalidad, en el cual la temática principal fue la vigilancia ciudadana a través del fortalecimiento de sus capacidades. Estas actividades se realizaron en el marco del proyecto con la Fundación Ford.