Pasaron de S/ 2593 millones en 2002 a S/ 16 268 millones en el 2017 monto como equivalente al presupuesto de la función salud para el año 2018.
Las devoluciones de impuestos alcanzaron en el 2017 niveles sin precedentes en nuestra historia al registrar un total de S/ 16 268 millones, equivalente al presupuesto de la función salud para el año 2018 y a 2.5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).
En los últimos dos años esta suma representa el 20% del total de tributos internos recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), reduciendo ostensiblemente los ingresos del Estado. Los datos por sectores muestran al sector minero como el más importante, en donde las devoluciones alcanzaron los S/ 6144 millones el año 2017; lo más sorprendente es que comparado con los ingresos recaudados, arrojaron un resultado negativo el año 2016 y un monto reducido para el 2017.
Las proyecciones del MEF sobre devoluciones fallan
Este incremento de las devoluciones se ha convertido en los últimos dos años en un tema de preocupación para las autoridades, dado que al reducir los ingresos fiscales, se limita la capacidad del Estado de invertir en servicios prioritarios como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.
Fuente: Huachos.com
Financiamiento. Con el 90% del fondo subastado, el MEF solo proyecta 37 mil empresas beneficiarias, de ellas, a la fecha, solo 16 mil han recibido la garantía.
El programa de financiamiento empresarial, Reactiva Perú, estaría lejos de cumplir sus objetivos iniciales. Entre ellos, beneficiar a 350 mil empresas, y menos, alcanzar a 314 mil mypes. Según estimaciones del grupo Propuesta Ciudadana, con el 90% de los fondos del programa ya subastados (S/28.848 millones), solo se lograría cubrir a 72.987 mypes.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tampoco hay cifras claras. Oscar Graham, director general de Mercados Financieros y Previsional Privado del MEF, indicó que “una vez termine la etapa de subastas (que sería esta semana), las 21 entidades deberán presentar los expedientes para conocer cuántas son las empresas beneficiadas”. Aunque, según sus primeras estimaciones, habría un aproximado de 37 mil empresas beneficiadas, de los cuales – a la fecha – solo a 16.800 se le ha otorgado la garantía, totalizando un desembolso por S/9.200 millones.
“De esos 16.800 empresas, un 43% están vinculadas a comercio, un 14% a industria manufacturera, un 12% a transporte y comunicaciones y un 4% (600 empresas) al rubro de hotelería y turismo”, señaló. Las estimaciones también difieren con las del Banco Central de Reserva del Perú. Su presidente Julio Velarde estimó que las empresas beneficiarias llegan a un aproximado de 200 mil “y son mypes en la mayor parte”.
“La tasa que sale en promedio es 1,1% para las empresas”, señaló. Apuntó que la garantía del Tesoro Público se viene realizando por “un temor de los bancos a prestar”, pese a bajar la tasa de interés. La inyección a la economía sería de 9 puntos del PBI y se ha otorgado más del 90% del monto total, que será entregado en créditos a las empresas. Pero la demanda por los montos de Reactiva Perú viene descendiendo, reconoció Velarde. Ayer, el BCRP solo colocó S/306 millones 300 mil en la subasta por créditos, de los S/1.960 millones de la convocatoria.
El último domingo, el Ejecutivo autorizó la ampliación de otros S/30 mil millones para Reactiva Perú. El MEF estaría esperando el visto bueno de la Contraloría para “la próxima semana iniciar con la subasta” del nuevo fondo. Según Graham, por el momento, no se prevé otras modificaciones “aunque todo está sujeto a evaluación permanente”, agregó.
Programa de liquidez por S/7 mil mllns
Con la creación de un programa de garantía por S/7 mil millones, el MEF busca darle mayor liquidez a las empresas del sistema financiero, principalmente, las especializadas en créditos del sector microempresario, las cuales se podrían ver afectadas por el retiro de beneficios como la CTS y congelamiento de deudas.
“Para evitar que tenga problemas de solvencia, lo que hicimos es crear cartera de créditos con la que obtiene la garantía del estado, y puedan estar sujetos a operaciones de reporte con el Banco Central de forma inmediata”, indicó Oscar Graham.
Fuente: La República
EFECTO. Según Propuesta Ciudadana, compañía tuvo ingresos por más de tres mil millones de dólares, empero su utilidad llegó a 120 millones. Eso impacta en canon para Arequipa. Economistas dicen que operación es legítima y que será favorable a futuro.
Sociedad Minera Cerro Verde tuvo ingresos de 3 054 millones de dólares el año pasado, uno de los montos más altos de los últimos ocho años. Sin embargo, su utilidad neta llegó a $120 millones, una de las más bajas desde el 2015. Esta información se esboza en un documento elaborado por el grupo Propuesta Ciudadana a los estados financieros de la compañía, que produce cobre y molibdeno en Arequipa.
Esa falta de correlación llama la atención de Propuesta Ciudadana, pues lo lógico es a mayores ingresos, la ganancia o utilidad también lo es. El economista Epifanio Baca, integrante del grupo, recuerda que las bajas utilidades repercuten en los impuestos que paga la empresa al Estado. Por ejemplo, el Impuesto a la Renta, equivalente al 30% del total de las utilidades. Es decir, si una compañía obtuvo ganancias por mil millones 300, se abonan al Tesoro Público. De esa cifra, la mitad llega a los gobiernos regionales y municipios como canon minero.
Depreciación
¿Por qué los niveles de producción e ingresos fueron altos y utilidades bajas? El grupo señala que la compañía tuvo un importante incremento de costos y gastos provocados por la depreciación acelerada de sus bienes de 88 a $513 millones en los últimos ocho años.
La depreciación acelerada es un beneficio tributario. Esta permite a las empresas deducir el 20% de los bienes adquiridos, como la maquinaria, sobre su renta neta en un periodo de cinco años. Esto con el fin de recuperar la inversión hecha. Por esta deducción, pagan menos impuesto a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Cerro Verde, para su fase de expansión (construcción de planta concentradora y lixiviación) invirtió $5 300 millones. Era lógico que después aplicaría el beneficio de la depreciación acelerada, dice Epifanio Baca.
Según el estudio de 2010 al 2018, Cerro Verde mostró un incremento de 484% en el costo de depreciación. Según Propuesta Ciudadana, la empresa maximizó el beneficio, cuando en el Perú la presión tributaria es de 14%, el promedio en América del Sur es de 20.2%.
Medida es válida
El economista Glen Arce efectuó varias observaciones a las conclusiones de Propuesta Ciudadana. Sostiene que cuando una empresa realiza una inversión millonaria en maquinaria y tecnología, es lógico que los primeros años habrá un incremento de sus costos operativos debido al mantenimiento, mano de obra para operarla. Entonces no es posible obtener una utilidad impresionante.
Además, manifiesta que la depreciación ayuda a hacer caja y obtener liquidez. El contador y docente de la Universidad Católica San Pablo, Luis Castro; aclaró que el análisis del estado financiero corresponde al efectuado en base a normas de contabilidad internacional ante la Superintendencia de Mercado de Valores. Diferente es el reportado a la Sunat.
En ese sentido, explicó que en el primer estado financiero se consideran algunos gastos proyectados a futuro, que no necesariamente son considerados por la entidad tributaria. “Al Estado se le paga en base a lo tributario, no a lo financiero. La Sunat nivela las cosas en su real magnitud”.
Castro señaló que las utilidades en el 2018 registraron una caída considerable respecto a los ingresos, por ende, la disminución del Impuesto a la Renta. Sin embargo, señaló que se debe tener en cuenta que con el beneficio de la depreciación acelerada, en los primeros años la empresa no paga una renta considerable, pero en los años posteriores sí lo hará. “Es un beneficio, sí, porque le permite tener un poco de caja y hacer inversión, pero luego el Estado recupera. Ahora hace la depreciación acelerada, pero luego no habrá nada que depreciar”. El especialista señala que el beneficio lo da el Estado para para que sea atractivo para la inversión privada.
Gasto financiero es alto
Otra conclusión del grupo es que el monto de los gastos financieros reportados por la empresa aumentó de 80 a 426 millones de dólares entre el 2016 y 2018. En este punto están incluidos los intereses por la deuda de regalías mineras que la empresa mantenía en controversia con la Sunat.
La paradoja, dice Propuesta Ciudadana, es que el pago de intereses de una deuda reduzca las utilidades de la empresa y afecte la recaudación del Estado.
Según el análisis, debido a que la utilidad ha sido impactada por los costos y gastos, en el año 2018, el porcentaje de los ingresos de la empresa destinados al canon ascendió a 5%. Para el 2019, se estima transferencias por canon de 397 millones de soles, lo que equivale al 4% de los ingresos registrados en el año fiscal 2018, concluyen.
Fuente: La República
Según conclusiones del grupo Propuesta Ciudadana, los altos niveles de ingresos registrados en los últimos tres años por la empresa no se ven reflejados en recursos de canon crecientes transferidos al departamento de Arequipa.
Pese a que en el 2018, la sociedad Minera Cerro Verde, la primera exportadora de cobre en el país, registró uno de sus mejores ingresos, alcanzando 3.054 millones de dólares, su utilidad neta solo llegó a 120 millones de dólares, una de las más bajas desde el 2015, debido al aumento extraordinario en la estructura de costos y gastos de la empresa. Esta situación ha impactado en las menores transferencias de canon para Arequipa, región donde opera.
Así lo ha revelado el Grupo Propuesta Ciudadana, que realizó un estudio y análisis de los estados financieros de la empresa minera Cerro Verde entre el 2008 y 2018, hallando que en los últimos años, la compañía operada por el grupo Freeport-McMoRan, aumentó extraordinariamente la estructura de costos y gastos de la empresa, haciéndola “menos rentable”.
Desagregando, el análisis da a conocer que la empresa duplicó sus gastos de depreciación y amortización entre los años 2008 y 2018. Coincide con los egresos que cuentan con el beneficio tributario llamado depreciación acelerada. “Este mecanismo les permite recuperar sus inversiones en maquinarias y equipos a una tasa anual del 20%, en un periodo de 5 años”, señala el documento.
La OCDE ya había calificado, en un documento anterior, que “el beneficio de la depreciación acelerada es un mecanismo de riesgo medio y advierte que la respuesta conductual relacionada al inversor puede orientarse a inflar el gasto de capital (maquinaria y equipo) por encima de lo real para maximizar el beneficio tributario”.
“Queda claro entonces, que el crecimiento de los gastos de depreciación (484% en los últimos 10 años), sujetos al beneficio de recuperación acelerada, tiene fuerte incidencia sobre la utilidad de la empresa y, por tanto, en el impuesto a la renta a declarar y en las transferencias del canon minero que de allí se calculan”. Es una de las conclusiones del análisis.
En tanto, los gastos financieros también reflejan aumentos, pasando de 80 a 426 millones de dólares entre el 2016 y 2018. “Ello estuvo vinculado, principalmente, al pago de intereses vinculados a la controversia por las “regalías mineras en disputa” con la Sunat”.
“Resulta paradójico cómo el pago de intereses sobre una deuda, al reducir las utilidades de la empresa, podría afectar la recaudación fiscal del Estado”, resaltan.
Dicha controversia entre Sunat y minera Cerro Verde está referida al periodo fiscal diciembre 2006-diciembre 2013, y a la fecha se cuenta con decisión del poder judicial en última instancia, sólo sobre el proceso referido al año 2008, los restantes 4 procesos están pendientes de decisión
Fuente: La República
El tema es relevante porque, al no reportar utilidades, las empresas no pagan impuesto a la renta y ese pago es el que luego se convierte en Canon Minero, principal argumento para fomentar la minería en el país.
Pese a que, en el 2018, obtuvo un nivel récord de producción e ingresos, la empresa minera Cerro Verde, principal contribuyente en Arequipa, registró utilidades netas históricamente bajas. Esto, a pesar que, en los últimos dos años, los precios del cobre han incrementado. El tema es relevante porque, al no reportar utilidades, las empresas no pagan impuesto a la renta y ese pago es el que luego se convierte en Canon Minero, principal argumento para fomentar la minería en el país.
En 2018 alcanzó un ingreso de 3 mil 54 millones de dólares, pero su utilidad neta solo alcanzó la cifra de 120 millones de dólares. Según un análisis de la organización Propuesta Ciudadana, esto se debe a un incremento desproporcionado de sus costos y gastos en relación con los niveles de ingreso; principalmente, el costo de ventas y los gastos financieros, cuyo impacto negativo en las utilidades es notable.
Así, en relación al costo de ventas, Propuesta Ciudadana señala que “se observa un rápido crecimiento anual del costo de depreciación y un incremento de su peso relativo en el costo total de ventas. En cuanto a los gastos financieros, el pago de intereses sobre deuda y préstamo hicieron que la cuenta aumente, sumando su efecto negativo a las utilidades en los últimos tres años.
¿Por qué tiene menor rentabilidad?
Según el análisis basado en la información que la empresa reporta a la Bolsa de Valores, la rentabilidad neta de ventas de minera Cerro Verde ha disminuido drásticamente en los últimos años fiscales, pasando de 45% en 2010 a 4% en 2018. Paradójicamente, en 2018 ha registrado niveles récord de producción e ingresos, con precios de los minerales en recuperación.
Ocurre que hay un aumento extraordinario de costos, particularmente el costo de depreciación y, por otro lado, la amortización de deuda y gastos financieros. El costo de depreciación y amortización registrado por la empresa muestra un incremento desde el 2010 al 2018 de 484%, equivalente a USD 425 millones.
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La suspensión de la licencia de construcción de Tía María tiene en vilo al sector minero. La inversión en nuevos proyectos se congelaría hasta que el ruido político se despeje.
El conflicto en Tía María (Arequipa) trae cola larga para el sector minero. Cuando se cumplen 34 días del inicio de las protestas contra el proyecto -y diez, desde la suspensión de su licencia de construcción– la solución a la crisis aún no se percibe en el horizonte. Y lo que es peor, parecería que el conflicto estaría ‘contagiando’ a otros proyectos. La semana pasada, cientos de pobladores del área de influencia de Quellaveco (Moquegua) se movilizaron para exigir a Anglo American que cumpla sus compromisos de contratar más mano de obra local y efectuar compras solo a empresas de la región.
Al mismo tiempo, los gremios de construcción civil de Arequipa anunciaron una “jornada de lucha” contra el proyecto Zafranal (Arequipa), a realizarse el próximo 22 de agosto. Previamente, comuneros cusqueños y arequipeños asaltaron simultáneamente las minas Orcopampa (5 de agosto) y Antappacay (8 de agosto). Por si fuera poco, las rondas campesinas de la Macrorregión Sur, reunidas en Puno (12 de agosto), efectuaron una proclama en respaldo a los opositores a Tía María y en demanda de la derogatoria de las concesiones mineras no consultadas en el sur.
Al cierre de esta edición, se supo también que pobladores del distrito de El Alto (Piura) habían incendiado las instalaciones de la petrolera china CNPC, al no llegar a un acuerdo sobre sus reclamos. ¿Esto significa que el conflicto en Tía María está escalando a otros proyectos mineroenergéticos?
¿EPIDEMIA DE CONFLICTOS?
De acuerdo a Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, lo que hay es un “contagio emocional” entre lo que sucede en Islay (provincia donde se ubica Tía María) y otros proyectos y minas. “En Islay existen grupos sociales movilizados por largo tiempo y con gran éxito. Y eso envía señales a organizaciones en otras regiones, que estimulan a replicar acciones de ese tipo”, señala.
Según el último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo, los casos de conflictos sociales activos relacionados con minería aumentaron de 56 a 62, entre junio y julio del presente año. Un aumento poco significativo (10%). Sin embargo, la virulencia de estos sí se incrementó fuertemente. Así, tenemos que las acciones violentas de protesta ascendieron a 177 en julio, 36% más que en junio. Mientras que las personas heridas (mayormente policías) sumaron 50, 47 de ellas en Tía María y tres en Quellaveco.
INVERSIÓN A LA BAJA
Víctor Góbitz, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, apunta que esta renovada espiral de violencia tiene su génesis, más que en Tía María, en el mal ejemplo que el Gobierno ha dado a todas las comunidades del Perú al dejar sin castigo (e, incluso, premiar) a los comuneros que atentaron contra Las Bambas y el Oleoducto Norperuano. “La toma de Orcopampa es una mala copia de lo que acontece en el oleoducto: tratar de generar una situación de emergencia ambiental para convertirse en víctimas”, señala.
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El economista Epifanio Baca apoya la propuesta de formalizar la licencia social, que significa la aceptación de una comunidad a la inversión minera.
Arequipa. Las propuestas para reformar la Ley de Minería que impulsan los gobernadores del sur tienen puntos positivos, según un analista y congresista.
Proponen reducir el tiempo de las concesiones mineras de 30 a 12 años. El economista Epifanio Baca señaló que esa medida tiene sentido, pues las causales de caducidad de las mismas son muy laxas. “Prácticamente no los pueden tocar”. La cesión de un territorio se ha convertido en una entrega automática sin requisitos estrictos.
Baca también apoya la propuesta de formalizar la licencia social, que significa la aceptación de una comunidad a la inversión minera. Este concepto no está normado y su obligatoriedad evitaría los conflictos sociales. Actualmente cada empresa minera hace su arreglo particular con la comunidad a la que impactará.
Para el legislador del Frente Amplio, Horacio Zeballos, es importante que la población tenga la información correcta sobre cómo los afectará la actividad minera. Para él se trataría de una extensión de la consulta previa.
Respecto a la creación de un nuevo impuesto de 10% a las utilidades netas de las mineras, Epifanio Baca considera que antes de plantear uno nuevo se debería revisar el actual esquema de impuestos. “Si se pone un impuesto así, claramente se está en desventaja a otros países”. Las mineras ya pagan Impuesto a la Renta y regalías.
Fuente: Diario La República
