Impulsados por la necesidad de garantizar un entorno educativo adecuado para los estudiantes de Agocucho, Jackeline Rubio del Centro de Emergencia Mujer de Cajamarca, junto a Ina Gonzales y Alfredo Torres del Colegio de Ingenieros del Perú, se embarcaron en una experiencia de vigilancia del proyecto de mejora de la escuela primaria 82029 Santiago Apóstol. Entre junio y agosto de 2023, este equipo recopiló información crucial sobre el desarrollo del proyecto. Con el respaldo técnico de Cedepas Norte y Grupo Propuesta Ciudadana, se propusieron comparar el avance físico y financiero reportado en los portales de transparencia con las observaciones in situ.
Los hallazgos mostraron algunas irregularidades e inconvenientes. Se descubrió que la empresa originalmente contratada, Consorcio y Consultor del Norte, fue sustituida por Consorcio Agocucho debido a la presentación de documentación falsa al ganar la licitación. Asimismo, pese a que el proyecto estaba programado para completarse en 180 días, ya había superado los 266, sin que el contratista proporcionara un cronograma actualizado.
Proceso de la obra.
Por otro lado, se constató la falta de informes de control concurrente y registros actualizados del avance en el portal de Infobras, así como la ausencia de personal clave acreditado en la obra. Las discrepancias en los datos proporcionados por diferentes plataformas ̅̅y personal del gobierno regional —el SSI indicaba 70% de avance físico e Infobras, 79,5%. Más aún, la Ing. Rosa Cubas, coordinadora del proyecto, afirmaba que la obra se encontraba al 95% de avance físico—, sumadas a la suspensión de la obra desde agosto de 2023, generaron preocupaciones adicionales.
Durante el periodo de vigilancia, el equipo enfrentó dificultades para verificar el progreso de la obra debido a la negativa del gobierno regional de Cajamarca, responsable de la ejecución del proyecto, para autorizar las visitas. Esta situación incrementó las preocupaciones, especialmente en lo referente al impacto en la educación de los niños. Para evitar que los estudiantes perdieran el año escolar debido a los retrasos, los padres de familia se vieron obligados a costear el alquiler de 18 ambientes temporales, muchos de los cuales carecían de las condiciones básicas necesarias.
Visita a la obra.
La percepción en la población era que los retrasos se debían a deficiencias en el expediente. Sin embargo, las autoridades afirmaban que la construcción estaba avanzada, atribuyendo los contratiempos y paralizaciones de obra a procedimientos burocráticos y controversias con la empresa contratista.
Este ejercicio de vigilancia implementado con el apoyo de USAID y Pan Para el Mundo, no solo tuvo por objetivo optimizar el uso de los recursos públicos provenientes del sector extractivo, sino también evidenciar los problemas en el proyecto de Agocucho y plantear soluciones al Gobierno Regional, para mejorar la obra vigilada.
Las recomendaciones incluyeron la unificación y actualización de la información en los portales de transparencia y sanciones administrativas y económicas para los funcionarios públicos que las incumplan, la implementación de planes de contingencia para proteger a los beneficiarios durante los retrasos, y la contratación de profesionales idóneos al frente de la gestión de obras públicas.
También invitar a que el gobierno regional impulse una modificatoria a la directiva 001-2016-OSCE/CD, para incorporar en las bases estandarizadas, criterios de integridad y probidad al elegir a los integrantes de los comités de selección para todos los procesos de licitación y, promover ejercicios de vigilancia ciudadana sobre todo a proyectos u obras que se encuentran paralizadas.
Esta experiencia de vigilancia dejó algunos aprendizajes. Jackeline Rubio, Ina Gonzales y Alfredo Torres pudieron constar que las deficiencias e inconsistencias en la elaboración de un expediente técnico tienen consecuencias significativas. Estas incluyen ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, aumentos en el presupuesto inicialmente asignado, suspensiones o incluso paralizaciones de la obra, y la necesidad de recurrir a arbitrajes para resolver controversias. Todo esto genera un impacto económico adverso a lo planificado y perjuicios directos a la población beneficiaria del proyecto. En este caso particular, los estudiantes se vieron privados de un entorno educativo adecuado, lo que no solo afectó su desarrollo académico, sino que también obligó a los padres a asumir gastos adicionales para asegurar ambientes donde sus hijos pudieran continuar con sus estudios.
Sin embargo, el desenlace de esta historia trajo consigo excelentes resultados. A marzo del 2024, la obra finalmente fue inaugurada, brindando a los estudiantes de Agocucho ambientes adecuados para su proceso de aprendizaje. Este logro no solo marca el fin de las adversidades burocráticas y operativas presentadas, sino que también representa un triunfo para el equipo de vigilancia y para la comunidad en su conjunto.
Obra culminada.
Ahora, los recursos públicos se utilizan de manera efectiva para beneficiar a la comunidad estudiantil de Agocucho, demostrando el poder de la acción ciudadana organizada en la defensa de los derechos y el bienestar común.
Fotos de obra: Ing. Rosa Cubas del Gobierno Regional de Cajamarca.
Otras fotos: Nelly Carrasco.
