El GRUPO PROPUESTA CIUDADANA, expresa su respaldo al pronunciamiento emitido el domingo pasado por el Presidente de la República Martín Vizcarra en defensa de las investigaciones fiscales y judiciales que vienen llevándose a cabo contra líderes políticos acusados por corrupción, lavado de activos y otros delitos comunes, y que dichos procesos se den en el marco del respeto estricto del debido proceso.
El hecho de que el expresidente Alan García Pérez haya solicitado asilo en la embajada del Uruguay en Lima, argumentando ser víctima de una persecución política, para una vez más eludir a la justicia, ha causado profunda indignación en nuestro país.
Recordemos que este pedido lo hace acogiéndose a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático que el Perú firmó en 1954 con Uruguay; sin embargo, es necesario precisar que existen otros dos instrumentos normativos firmados por ambos países para promover la lucha contra la corrupción, nos referimos a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que deben tomarse en cuenta para este caso.
Desde la sociedad civil afirmamos que el argumento de algunos políticos acusados por delitos comunes que denuncian la existencia de un clima de persecución política no tiene asidero. Reconocemos que, con imperfecciones y desafíos, la independencia de poderes, la acción del sistema de justicia y, en general, el estado de derecho, no han sido perturbados por la administración del presidente Vizcarra.
En ese sentido, si la solicitud de asilo político es aceptada por el gobierno del Uruguay, constituiría un duro golpe a la lucha contra la corrupción que se libra en el Perú y América Latina. Esperamos que las autoridades de este país luego de una evaluación de los hechos, rechacen esta solicitud y, de esa manera, contribuyan con la erradicación de la impunidad que deteriora la institucionalidad democrática.
La lucha frontal contra la corrupción es uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro país para avanzar hacia el perfeccionamiento de nuestra democracia y la consolidación de un sistema de justicia eficiente y honesto.
Lima, 20 de noviembre de 2018
