La muerte del ex presidente Alan García ha causado consternación social en el país ante su sorpresiva y violenta decisión de quitarse la vida, frente a la eminente detención preliminar que iban a realizar en su domicilio un fiscal y miembros de la policía. Ante este lamentable hecho, sectores políticos interesados, secundados por algunos medios de comunicación han desatado una campaña agresiva que pretende responsabilizar a la Fiscalía y a la prensa independiente por esta tragedia. De ese modo, se pretende paralizar e incluso desmontar los avances en la lucha contra la corrupción que viene liderando el Equipo Especial Lava Jato, integrado por valerosos fiscales.
Es inaceptable y oportunista pretender descalificar el trabajo de los fiscales acusándolos de judicializar la política, como si fueran los responsables de que gran parte de la clase política esté contaminada por la corrupción. La Fiscalía y el Equipo Especial Lava Jato requieren nuestro más amplio respaldo para conocer toda la verdad de modo que se inicien los correspondientes procesos penales a la brevedad, y sancionar a los responsables de los hechos de corrupción del caso Lava Jato. Rechazamos cualquier intento de promover un pacto de impunidad que sería perjudicial para la renovación de la democracia que el país necesita.
Frente a estos sucesos, se requiere el compromiso de la ciudadanía en general y principalmente del Congreso de la República en la lucha contra la corrupción. A la ciudadanía le corresponde informarse y estar vigilante, y al Congreso de la República, aprobar las normas faltantes de la reforma judicial, así como las presentadas para la reforma política. Solo de esta manera podremos atacar las causas de fondo de la corrupción en nuestro país y que la lucha contra este flagelo tenga un impacto duradero.
