Comisión de Alto Nivel se reúne hoy para reabrir diálogo y debe asegurar una solución pacífica a las justas demandas del pueblo de Espinar.
El Convenio Marco firmado entre las municipalidad y las organizaciones sociales de la provincia de Espinar y la empresa BHP Billiton Tintaya (ahora, Compañía Minera Antapaccay S.A.) fue producto de largas luchas en esta provincia y continúa vigente desde el 2003. Mediante este acuerdo, la población participa en las utilidades de la empresa por un monto equivalente al 3%, que dada su finalidad es un fondo público al servicio del desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura social y desarrollo.
Por ello, es plenamente entendible y legítimo que, frente a una crisis sanitaria y sus severos efectos económicos en las regiones del sur y en particular para todos los ciudadanos de Espinar, las autoridades y organizaciones sociales acordaran que, de manera extraordinaria, una parte de estos recursos se utilizara para atenuar esa dramática realidad y se distribuyera mediante un bono universal de mil soles a todos los residentes de la provincia. Esta propuesta fue acordada por unanimidad por el Comité de Gestión del Convenio Marco, con la participación de los representantes de la Compañía Minera Antapaccay S.A., en su sesión del 29 de mayo.
Cuando las autoridades y dirigentes sociales trabajaban para hacer realidad este acuerdo y lograr una distribución rápida y eficaz de los recursos tan necesarios para la población, la empresa, de manera sorpresiva, el 4 de junio se negó a cumplir con lo acordado y, como si se tratara de recursos de la empresa y no de un fondo que pertenece y está al servicio de la población de Espinar, quiere imponer unilateralmente su negativa a la entrega del bono solidario.
A pesar del malestar que generó este comportamiento, las organizaciones sociales y las autoridades persistieron en convencer a la empresa que cambiara su comportamiento y respetara lo acordado, lamentablemente sin éxito. Frente a ello y, democráticamente, decidieron llevar adelante una huelga indefinida desde el 14 de julio. Ante la represión desproporcionada y de los hechos de violencia ocurridos los días 21 y 22 de julio —que la población ha pedido que se investiguen—, así como frente al retiro de los delegados de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), las organizaciones y sus autoridades decidieron una tregua, como una muestra más de su disposición al diálogo.
Además, propusieron al Gobierno Nacional la conformación de una Comisión de Alto Nivel. En ese marco, saludamos la decisión de la PCM de aceptar dicha propuesta y enviar una delegación compuesta por 7 viceministros para restablecer el diálogo y su invocación para que la empresa retome el diálogo y designe a nuevos interlocutores. Se requieren representantes creíbles y es evidente la desconfianza generada después de haber desconocido lo acordado.
Es importante que se encuentren salidas mediante el diálogo. El punto de partida debe ser lo acordado por el Comité de Gestión, de orientar una parte del fondo a la entrega del bono solidario para todos los ciudadanos de la provincia en un momento crítico para su salud, su economía y su vida. Es también una excelente oportunidad para abordar la agenda planteada por las organizaciones sociales y autoridades de Espinar en la comunicación del 24 de julio.
Es incomprensible la actitud de la empresa, de desconocer un acuerdo destinado a atender una emergencia sanitaria inédita en nuestro país, la cual ha impactado en la economía de las personas de la provincia, conformada en su mayoría por hogares rurales en situación de pobreza. Exigimos a la empresa el cumplimiento de los compromisos asumidos e invocamos al Gobierno Nacional a buscar una salida al conflicto y así evitar que siga escalando.
Organizaciones firmantes:
1. Asociación Arariwa.
2. Centro Bartolomé de las Casas.
3. Grupo Propuesta Ciudadana.
