Desde el primer momento rechazamos la inconstitucional decisión de cerrar el Congreso y reconocimos la legalidad de la Presidencia de Dina Boluarte. Pero consideramos que la crisis permanente que vivimos no se soluciona solo con su nombramiento como presidenta. El rechazo que muestran amplios sectores de la población en las calles hace insostenible la continuidad de todos los que salieron elegidos en el 2021.
Por ello demandamos que estas autoridades acuerden un recorte de su mandato, convoquen a elecciones generales y hagan las modificaciones legales para facilitar la instalación de nuevos poderes en el 2023. De no hacerlo, serán responsables de la profundización del conflicto y la violencia. Sus intentos de mantenerse en el cargo están costando vidas de peruanos y la situación puede deteriorarse aún más.
En las elecciones que deben convocarse en el plazo más corto, el Congreso debe comprometerse a que el sistema electoral lleve adelante las reformas ya aprobadas, como la realización de las elecciones primarias (PASO) o la eliminación del voto preferencial. Asimismo, las autoridades deben atender los problemas críticos que afectan a la población más vulnerable, como la crisis agroalimentaria, la sequía, la asistencia urgente a la agricultura familiar o la mejora inmediata de la atención primaria de la salud y retomar el camino de las reformas en la educación, así como la lucha frontal contra la corrupción.
Exigimos el respeto al derecho a la protesta y la prioridad de la vida. Debe evitarse y sancionarse el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional. Asimismo, rechazamos toda forma de provocación e invocamos a una actitud responsable de los dirigentes sociales y políticos.
Martes, 13 de diciembre del 2022.