Organizaciones indígenas, gremios agrarios, sindicatos, colectivos de la sociedad civil y ciudadanos rechazaron la Propuesta Legislativa 98/2026-2031-CD, mediante la cual el Ejecutivo solicita facultades para legislar en materia ambiental, que, podría debilitar la protección de áreas naturales protegidas, territorios de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y salvaguardas ambientales.
A través de un pronunciamiento promovido por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), con más de 400 adhesiones, señalaron que esta iniciativa podría favorecer actividades extractivas en zonas actualmente protegidas y reducir estándares de control ambiental.
Una de las principales alertas se concentra en el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la zona del Candamo. Grupo Propuesta Ciudadana y otros firmantes sostienen que la propuesta podría permitir cambios normativos orientados a facilitar la extracción de hidrocarburos en un área de uso indirecto e intangible. El documento recuerda que en octubre de 2025 PERUPETRO canceló un proceso de evaluación técnica sobre esta área natural protegida tras un mandato judicial que confirmó la incompatibilidad entre actividades de hidrocarburos y áreas protegidas intangibles.
Fuente: ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El pronunciamiento también cuestiona posibles cambios en la protección de los territorios de los PIACI y en los procedimientos de evaluación ambiental. Para las organizaciones firmantes, modificar la normativa para compatibilizar la intangibilidad de las reservas indígenas con derechos contractuales de hidrocarburos podría poner en riesgo a poblaciones altamente vulnerables, como son las comunidades nativas e indígenas. Asimismo, advierten que mecanismos como el silencio administrativo positivo o la aprobación automática de instrumentos ambientales podrían reducir controles y aumentar riesgos para la salud, los ecosistemas y la transparencia en la gestión de los recursos naturales, con un mayor riesgo de incremento de economías ilegales.
Los firmantes hicieron llegar el pronunciamiento a la diputada Giannina Avendaño de Juntos por el Perú y piden al Congreso no otorgar facultades al Ejecutivo en materia ambiental en los términos planteados. Exigen que cualquier modificación de esta naturaleza sea discutida por la vía legislativa ordinaria, con debate técnico, participación ciudadana y respeto de las obligaciones constitucionales e internacionales del Perú[1]. Su llamado central es a no priorizar actividades extractivas por encima de los derechos fundamentales, la protección de los PIACI y la conservación del patrimonio natural.
[1] Su aprobación contraviene la Constitución Política y los principios de no contacto para la protección de los pueblos en aislamiento (PIACI) y de no regresión ambiental, reconocido por el propio Tribunal Constitucional. Además, contradice los compromisos internacionales del país como en la Declaración Conjunta de Intención entre Perú, Noruega, Alemania y el Reino Unido, los TLC con los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y Reino Unido. Y los tratados e instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.
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