Luego del anuncio presidencial sobre la reducción o desaparición del Consejo Nacional de Descentralización (CND), el gobierno publicó el decreto supremo que disuelve el CND y traspasa sus funciones, bajo la modalidad de fusión por absorción, a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Se trata de una decisión unilateral, que no fue consultada con las autoridades regionales y locales, ni con los congresistas. Es un indicador de lo que se viene en la descentralización ya que, en un tema fundamental para el proceso, las autoridades regionales y todos los actores del proceso descentralista fueron informadas a través de los medios de comunicación y de la publicación de la norma respectiva enEl Peruano.
Estamos ante un procedimiento jurídico cuestionable y peligroso. Si se acepta que mediante un decreto se modifique una institución creada y definida por una ley orgánica, se abren las puertas para una forma de gobierno que no respeta a las instituciones y que se sustenta sólo en la voluntad del gobernante. No debemos olvidar nuestra historia reciente, cuando bajo el argumento de la eficiencia se dejaban de lado los procedimientos y se obviaba el debate democrático. El Congreso tiene una responsabilidad que no puede eludir ya que es claro que no se puede modificar una ley orgánica mediante un acto administrativo del Poder Ejecutivo.
El efecto político práctico de esta medida es la concentración de las funciones relacionadas con la conducción del proceso en la PCM. Es un paso atrás en la reforma, pues se excluye a los presidentes regionales y a las autoridades locales de las decisiones fundamentales sobre el proceso descentralista. El anuncio del Presidente del Consejo de Ministros –de que gustoso se reunirá con las autoridades regionales y locales–, sólo confirma que el poder de decisión final sobre el proceso estará en el Poder Ejecutivo. Serán sus miembros quienes definirán la agenda y concederán lo que consideren conveniente. Es sorprendente que una medida tan abiertamente centralista como ésta sea presentada como una decisión favorable a la descentralización.
Desde Propuesta Ciudadana hemos advertido en repetidas oportunidades sobre la necesidad de reformar profundamente el CND. Nada está más lejos de nuestra intención que defender una instancia que ha mostrado ser claramente inoperante para conducir un proceso tan complejo. Pero hemos señalado también, que se trata de transformarlo y fortalecerlo para que pueda funcionar como una efectiva instancia de conducción concertada de la descentralización.
Desde el inicio, planteamos que debía reforzarse la representación del gobierno central, para lo cual consideramos importante que el CND fuera presidido por el Presidente del Consejo de Ministros, es decir, por una autoridad con capacidad de concertación efectiva y con la autoridad suficiente para articular a los sectores y al conjunto del Poder Ejecutivo en la perspectiva de la descentralización. Nos reafirmamos en ese planteamiento, porque la participación directa de la PCM haría más transparente la responsabilidad y la voluntad política del gobierno nacional por cumplir las metas de la descentralización como política de Estado.
Sin embargo, tanto o más importante que ello es que el CND se consolide como instancia concertada de conducción autónoma. Para ello proponíamos ampliar la representación de los gobiernos regionales, así como de los gobiernos locales. Un mecanismo perfectamente viable para ello es que cada Junta de Coordinación Interregional designe a uno de los presidentes regionales que la integran como su representante. En ese mismo camino se pueden formar oficinas descentralizadas del CND, vinculadas a las Juntas, cuyo responsable sea designado por los gobiernos regionales. Además de estos cambios en su conformación se requiere transformar el diseño operativo del CND, de tal manera de dotar a los presidentes regionales y a las autoridades locales de las condiciones adecuadas para cumplir sus funciones en la conducción del proceso.
La viabilidad de la reforma tiene su punto de apoyo en la acción y el compromiso de las instancias regionales y locales de gobierno. Por ello es preciso profundizar su participación en las decisiones y no excluirlas, como hace, unilateralmente, el decreto del gobierno. Es importante entender que la descentralización es una política de Estado que requiere de una permanente concertación entre los tres niveles de gobierno. De este modo será posible superar las visiones y cálculos de corto plazo, para asumir que la descentralización es un proceso permanente, integral y de largo plazo. Por ello es absurdo argumentar que la desaparición del CND se sustenta en la transferencia de las 185 funciones señaladas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
Es imprescindible que las autoridades regionales y locales promuevan y exijan un debate abierto y democrático sobre este tema, apuntando a construir una visión concertada sobre la conducción del proceso. Es evidente que el objetivo del gobierno es evitar toda posibilidad de dialogar de manera horizontal y negociar con las nuevas autoridades una agenda nacional para profundizar la descentralización. Buscará, en cambio, la negociación bilateral y la concesión selectiva de recursos para bloquear toda posibilidad de que los presidentes regionales se constituyan en efectivos actores políticos nacionales desde las regiones.
Por último, es fundamental no perder de vista que este debate forma parte de una agenda más amplia, cuyo contenido ha sido planteado por las nuevas autoridades: la descentralización fiscal, la descentralización del SNIP, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la conformación del CEPLAN y el plan de transferencia de todas las funciones señaladas en la Ley Orgánica de Regiones. Hagamos de esta errada decisión gubernamental una oportunidad para abrir un debate integral sobre la consolidación de la reforma descentralista.
