El 1 de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la Resolución Directoral 013-2008-EF/77, la cual establece que los recursos del rubro 18 de la fuente Recursos Determinados, serán asignados a través de la Cuenta Principal de la Dirección Nacional del Presupuesto Publico (DNPP). Antes eran transferidos a las cuentas que los gobiernos regionales y locales crearon con ese fin, tal como dispone la Ley del Canon. ¿Qué significa esta resolución? Lo primero que llama la atención es que con una resolución directoral se pretende cambiar lo que establece la Ley del Canon.
La norma ha cambiado la denominación de los “fondos del canon” por lo que en adelante se denominará “asignación financiera”, de tal manera que lo que antes era una transferencia abonada en las cuentas bancarias de cada gobierno regional o municipalidad, ahora, al convertirse en una asignación financiera, es sólo una autorización de giro y pago.
Entonces, en adelante –en principio era a partir de julio 2008, pero luego la fecha ha sido aplazada a enero 2009– los recursos del canon serán depositados en la cuenta bancaria de la DNPP y esta a su vez deberá autorizar el gasto, a condición de que se solicite una “asignación financiera” (una lista de gastos) a cuenta de los recursos del canon. Actualmente, la fuente que utiliza este procedimiento son los Recursos Ordinarios, que es la fuente que maneja el Ministerio de Economía. Por tanto, a partir del próximo año, los recursos del canon tendrán el mismo tratamiento que los recursos ordinarios, con lo cual se obliga a los gobiernos regionales y municipalidades a depender de la DNPP para utilizar recursos que según Ley son suyos.
Ya el año 2006, los recursos del FONCOR que financiaba las inversiones en los gobiernos regionales fueron también incorporados en la fuente Recursos Ordinarios, con la intención de que los saldos presupuestales no ejecutados en el año revirtieran al tesoro público. ¿Ocurrirá lo mismo con los fondos del canon? Es una interrogante que salta cuando vemos que la resolución que comentamos habla de “la centralización progresiva” de los recursos que manejan los gobiernos subnacionales. La segunda disposición transitoria de esta norma establece que los recursos del FONCOMUN que reciben las municipalidades correrán la misma suerte a partir del próximo año.
Una primera reflexión que induce la decisión que comentamos tiene que ver con el respeto, mejor dicho con el poco respeto que se tiene desde el poder ejecutivo con la institucionalidad y las leyes. Quisiéramos saber ¿quién le ha conferido a la DNPP la facultad o la autoridad para decidir que los recursos del canon ya no son de los gobiernos regionales y que en adelante estos tienen que pedirle permiso para utilizarlos?
En segundo lugar, es necesario tener claridad sobre la trascendencia de la norma, pues creemos que atenta sobre uno de las pocos mecanismos que daba poder de decisión a las autoridades locales y regionales en la gestión de los recursos fiscales. Este mecanismo, a pesar de los problemas que presenta actualmente, viene permitiendo el aumento de las inversiones en las provincias más alejadas del país.
Las señales que da el gobierno no son claras, pues mientras el presidente exige gastar lo más posible, llamando a la población en las regiones que reclame a sus autoridades, el MEF saca esta resolución que apunta en la dirección contraria: poner más trabas burocráticas de las que ya existen para gastar los recursos del canon. En el trasfondo de esta medida lo que hay es una profunda desconfianza en la descentralización de las decisiones. Consideramos que es un camino errado y de claro sentido centralista. Los cambios necesario son más bien en el sentido de emprender las reformas necesarias y urgentes para mejorar la capacidad de gasto del Estado en todos sus niveles.
Desde Propuesta Ciudadana creemos que se debe impulsar de una vez por todas y poner en marcha la descentralización fiscal, articulándola con la transferencia de competencias y funciones a los gobiernos subnacionales, reestructurando el sistema de transferencias de recursos sobre la base de un nuevo mapa tributario, incentivando la captación de recursos.
Esto implica medidas que consoliden la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública, que reestructuren y simplifiquen las reglas para los procesos de contrataciones y adquisiciones (CONSUCODE), poner en marcha el CEPLAN y, sobre todo, fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del Estado para la gestión de las inversiones. Estos cambios requieren decisiones a nivel del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República, así como de las propias autoridades regionales y municipales.
