Desde hace varias semanas estamos asistiendo a una nueva ofensiva, liderada por el vicepresidente Giampietri, para entregar a las Fuerzas Armadas el 5% del canon de toda la futura producción minera del país. El argumento es la necesidad –y hasta la urgencia– de adquirir armamento. El absurdo nivel de compras de las Fuerzas Armadas chilenas, los cálculos electorales de la Concertación y el juicio sobre los límites marinos que ha iniciado el gobierno peruano en La Haya son el marco que sirve a los sectores autoritarios de nuestro país para desarrollar una estrategia que tiene como objetivo ganar espacio político autónomo para los militares peruanos.
La iniciativa refleja el carácter retrógrado de esta corriente frente a la propuesta democratizadora que constituye la reforma descentralista y participativa del Estado, que aún tiene insuficientes avances. Los números son muy claros: si se da a las FF.AA. el 5% del canon de la parte que hoy reciben los gobiernos regionales y locales, –es decir, del 50% del insuficiente impuesto a la renta que pagan las empresas dedicadas a las actividades extractivas–, el recorte de los fondos previstos será del 10% de lo que les corresponde de acuerdo a la Constitución y la ley.
Esta realidad explica los esfuerzos del ministro de Defensa por tratar de demostrar la cuadratura del círculo al afirmar que sólo se trata de una pequeña reducción, en la que cada nivel de gobierno perderá “un poquito”. En un funcionario responsable de un pliego presupuestal de gran magnitud, sus argumentos no pueden ser producto de la ignorancia sino de un evidente intento de manipulación de la opinión pública.
Ante la precariedad de esta leguleya interpretación del presupuesto público, han construido otro argumento. El Vicepresidente, actuando como vocero de las posiciones autoritarias, ha denunciado la actitud egoísta de los gobiernos regionales y municipales por su negativa a aceptar que recorten sus ingresos a partir del 2010, si se aprobara la ley. La defensa que hacen de sus recursos se presenta de manera distorsionada ante la población, para lo cual cuentan con el apoyo coordinado de una poderosa red mediática.
Para este sector de la derecha más conservadora, la prioridad en el contexto de la peor crisis económica global de los últimos ochenta años, que se prevé llevará a millones de personas más a la pobreza, es comprar armamento. Ni siquiera se toman el trabajo de informar al país si ya se cumplió con el programa para asegurar nuestra capacidad defensiva, diseñado durante la gestión del anterior ministro de Defensa de este gobierno, embajador Allan Wagner.
Giampietri, Flores Aráoz y sus representados no tienen problema en recortar los recursos destinados a obras e infraestructura en las regiones y localidades del país donde están en curso numerosos proyectos de inversión minera. No es relevante para ellos que muchas de estas localidades se encuentren entre las más pobres del país, pues lo que proponen, bajo el manto del nacionalismo, es destinar menores recursos a la inversión descentralizada, lo cual afectará particularmente a la población de la sierra y la Amazonía.
Lo importante es afirmar sus buenas relaciones con los mandos militares. Al igual que lo hecho por Pinochet en Chile, se quiere asignar un fondo predeterminado para la compra de armas, sobre el cual las Fuerzas Armadas decidirán al margen de la Ley de Presupuesto y sin que ninguna autoridad civil pueda reorientar esos recursos. Se trata de una visión autoritaria del rol de las FF.AA. en el régimen democrático, que hace la vista gorda a los altísimos niveles de corrupción que vivimos durante el fujimorismo, justamente en un contexto en que ninguna autoridad civil supervisaba las compras de militares y se gastaron cientos de millones de dólares.
Con esta propuesta se pone en evidencia también la incoherencia de la estrategia del gobierno de incrementar la inversión pública como respuesta a la crisis. Primero fue el triunfalismo sobre el supuesto blindaje del Perú, que llevó al absurdo de recortar el gasto público en todo el segundo semestre de 2008. Hoy, cuando el MEF ejecuta el denominado Plan de Estímulo Económico, se presenta una propuesta que va en sentido contrario al discurso del presidente García sobre la prioridad de la pequeña y mediana inversión, que es justamente la que llevan adelante los gobiernos regionales y locales.
Es importante resaltar que este asunto trasciende el aspecto fiscal, con todo lo importante que éste es. La propuesta va abiertamente en contra de la Constitución, ya que el canon es definido como un mecanismo de compensación territorial para la población que vive en las zonas donde se desarrollan las actividades extractivas. Este enfoque se sustenta en los efectos que tienen estas actividades sobre los recursos naturales y la calidad de vida de la población que vive en las zonas mineras y petroleras. No sólo se trata de generar condiciones que facilitan las actividades extractivas –incluso muchas veces en contra de lo que los peruanos y peruanas que viven en la sierra y la Amazonía quieren–, sino que ahora se les recorta los pocos recursos de inversión que les corresponde por ley y que provienen de la renta generada por las grandes empresas mineras y petroleras.
