La trágica jornada del 5 de junio marca un punto de quiebre en el escenario político nacional. La exacta dimensión de sus alcances y repercusiones son aún difíciles de aquilatar, pero lo cierto es que ese día se impusieron las corrientes más retardatarias y produjeron una violenta y lamentable explosión social. Sobre los cadáveres de decenas de peruanos, policías y civiles, se quiere pasar del discurso y las leyes amenazantes, a la criminalización de la protesta social. La información está centrada en el doloroso asesinato de 24 policías y se minimiza la muerte de indígenas, cuyo número es aún impreciso.
Es claro que se quiere obviar la discusión sobre las causas del conflicto y sobre lo que el discurso oficial entiende por desarrollo. Por ello es muy importante no perder de vista la realidad de exclusión de los pueblos indígenas. Para estos peruanos, el Estado ha sido y es el mecanismo a través del cual se apoyó y propició la usurpación de sus territorios, la destrucción de su medio ambiente y la imposición de las formas más viles de explotación. Esto, aunado a su persistente realidad de pobreza, explica las razones de la profunda desconfianza que caracteriza a estas comunidades.
Este es el marco en el que se produjo la masiva reacción indígena frente al paquete de decretos legislativos que impuso el gobierno, en muchos casos aprovechando ilegalmente la autorización del Congreso para legislar sobre el TLC y pasando por encima del derecho constitucional de estos pueblos a ser consultados. Si de encontrar al gran agitador se trata, debemos mirar al discurso presidencial del perro del hortelano, donde con el fundamentalismo propio del converso, señala que la gran inversión extractiva en nuestra Amazonía es el único camino posible para el progreso y la modernidad.
El gobierno quiere presentar a los indígenas como una población anclada en el pasado y engañada por manipuladores profesionales. Pero ésta es una pobre y desfasada caricatura de la realidad. La búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, que haga compatible el bienestar económico con la sostenibilidad, es esencial en la agenda del siglo XXI. En esta discusión se juega mucho más que los miles de millones de dólares de inversión que nos anuncian si aceptamos la ruta neoliberal al desarrollo. Está en juego nuestra sobrevivencia y, cuando el movimiento indígena pone en debate el futuro de nuestra Amazonía, estamos ante un tema de interés nacional y global. Quienes se niegan a este diálogo son los que se aferran a una imagen del progreso propia del siglo pasado.
Sin embargo, el problema no queda allí. No se quiere evaluar el conflicto con seriedad y se busca soslayar la responsabilidad de haber puesto el tema en la congeladora –gobierno y mayoría del Congreso– durante ocho meses. Este objetivo les fue facilitado por la ausencia de una corriente de oposición madura y eficiente. Ni siquiera el reinicio de la movilización indígena los hizo cambiar de actitud.
Se dejaron pasar semanas antes de dar curso a una negociación formal con estos pueblos y, cuando al cabo de varias semanas ésta se inició, fue claro que el presidente Alan García no estaba dispuesto a ceder posiciones frente a quienes considera ignorantes e incapaces de construir su propio camino al desarrollo y la inclusión. Sin un referente institucional con la capacidad de marcar un rumbo distinto, el oficialismo, el Congreso y el Consejo de Ministros se alinearon tras la voluntad presidencial. El resultado ha sido un pésimo manejo del conflicto y el fracaso rotundo –con la pérdida de la vida de peruanos– de una estrategia orientada a derrotar al movimiento indígena. Estamos ante un cambio en el manejo de los conflictos sociales y la represión será la respuesta a las protestas sociales, en un contexto de crisis económica profunda, que dista mucho de los discursos optimistas del MEF.
No podemos dejar de señalar que la conducción del movimiento indígena cometió serios errores en el manejo del conflicto y de su agenda, tanto en el contenido como en el mensaje. Se pusieron en evidencia sus dificultades para articular un movimiento social sumamente complejo, diverso y de amplia cobertura territorial. Los cambios de posición frente al proceso de negociación y sus restricciones para perfilar un discurso más preciso de oposición a los decretos, así como su negativa a vislumbrar caminos de negociación facilitaron la labor del gobierno. Los anuncios tremendistas sobre la insurgencia o sobre la voluntad de sacrificar sus vidas por el logro de sus demandas fueron una irresponsabilidad.
Tampoco puede obviarse la incapacidad del gobierno para implementar su errada decisión de recuperar el orden mediante la fuerza. Es incomprensible que se haya optado por esa ruta al día siguiente de la maniobra parlamentaria que postergó el debate sobre los decretos legislativos, lo cual evidentemente generó frustración y rabia en los sectores movilizados. La ineptitud para diseñar un operativo que fuera realmente disuasivo, en un escenario de alta crispación social, puso en evidencia que nada se ha aprendido de hechos anteriores. Es lamentable que el estrepitoso fracaso del operativo policial se intente justificar culpando al movimiento sostenido de defensa de los derechos humanos y se señale que éstos son una amenaza para las fuerzas del orden.
La violencia desatada el 5 de junio, con la irremediable pérdida de vidas de compatriotas, se pudo evitar. Las fórmulas de negociación que hoy proponen Ministros de Estado y parlamentarios oficialistas pudieron ser implementadas hace semanas desde el Congreso o desde el gobierno nacional. La pregunta que debemos hacernos es por qué no lo hicieron.
Estamos en un momento crítico para nuestra democracia y se requiere de una amplia movilización ciudadana. Detengamos hoy la respuesta autoritaria y enfrentemos con decisión a quienes quieren imponer un escenario de temor, violencia y muerte en nuestro país.
