Han culminado las elecciones regionales con la realización de la segunda vuelta en diez de los veinticinco gobiernos regionales. Es, por tanto, un buen momento para analizar las características del mapa político que surge de ellas y sus posibles repercusiones para el proceso de descentralización.
Lo primero que debemos resaltar es que en quince gobiernos regionales no se requirió segunda vuelta. Es decir, quienes ganaron las presidencias lo hicieron con votaciones por encima del 30% y algunas pasaron la valla de manera holgada. Una buena noticia para la legitimidad de inicio de las nuevas autoridades.
En más del 90% de los gobiernos regionales han triunfado movimientos de carácter regional. De los tres en los que han ganado partidos inscritos, dos corresponden a Alianza por el Progreso, cuyas características son, más bien, las de una suma de liderazgos regionales y locales. Estos datos nos muestran la profundidad y el alcance de la derrota que han sufrido los denominados partidos nacionales. Dicho de otra manera, es la evidencia de su incapacidad para vincularse con la sociedad en los departamentos, provincias y distritos, así como para convocar a líderes que puedan generar la confianza ciudadana. En síntesis, es una nueva manifestación de su crisis.
El avance de los movimientos regionales no es un hecho novedoso, sino la continuidad y profundización de una tendencia que se ha ido incrementando en los últimos tres procesos electorales. Con su voto, la población opta por estas nuevas formar de organización política como el mejor mecanismo para defender sus intereses.
El resultado pone en evidencia que la descentralización ha dado forma a un nuevo espacio para la acción política, que son los gobiernos regionales. Esta instancia intermedia es un instrumento importante para adecuar las políticas nacionales a nuestra diversidad territorial mediante estrategias regionales. Su relevancia está también en su potencialidad para articular, en una perspectiva departamental y regional, los programas y proyectos de los gobiernos locales. Finalmente tiene un rol que cumplir para mejorar la participación de las autoridades y actores subnacionales en la conducción política nacional.
En general, las autoridades electas tienen una trayectoria reconocida en la gestión pública y la acción política departamental. Además, en estas elecciones han sido elegidos para un nuevo período seis de los ocho presidentes que se presentaron para un segundo mandato. Si a ello agregamos que, a pesar de la gran cantidad de candidatos, hubo una alta concentración del voto en dos o tres de ellos, podemos afirmar que las elecciones para los gobiernos regionales no se han caracterizado por el surgimiento de candidatos sorpresa, lo cual es una buena noticia para un sistema político que se distingue por su precariedad.
Otra característica relevante para la gestión regional es la composición de los consejos regionales (CR). Los nuevos presidentes no tienen la mayoría automática, ya que cada provincia ha votado directamente por su consejero y no a través de la lista presidencial. Por ello, en un número muy significativo de gobiernos regionales, los presidentes gobernarán en minoría en el CR. Los consejeros son representantes de sus provincias, lo cual les significa un margen de autonomía en relación con la Presidencia.
Esta nueva realidad de los CR puede complicar la gestión e incluso implicar riesgos a la estabilidad de los gobiernos regionales. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de establecer alianzas que amplíen la base social y política de apoyo de quienes tienen la responsabilidad de gobernar los próximos cuatro años. Asimismo, es un paso adelante en la perspectiva de dar forma a un Consejo Regional mucho más representativo de las diversas realidades e intereses existentes en cada departamento.
Los resultados de las elecciones regionales han generado un gran interés de los diversos candidatos nacionales en los movimientos regionales. Lamentablemente no estamos ante procesos de diálogo y construcción de acuerdos políticos y programáticos, salvo algunas excepciones que, desde hace un buen tiempo, han buscado acercarse a estos nuevos referentes políticos. Lo positivo es que aumentan las posibilidades de que lleguen al Congreso liderazgos efectivamente comprometidos con la reforma descentralista y el desarrollo de las regiones y provincias.
