El 15 de febrero del presente año, el Perú fue declarado “país conforme” o “país cumplidor” de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Como sabemos el EITI es una iniciativa global cuya finalidad es promover la máxima transparencia en los flujos de pagos que realizan las empresas extractivas al Estado, los ingresos que este registra y su utilización, como un medio para alcanzar el aprovechamiento optimo de estos recursos a favor del desarrollo sostenible.
Esta calificación se logró luego de la presentación del segundo Estudio de conciliación nacional 2008-2010, el cual contó con la participación de 51 empresas mineras y de hidrocarburos, que brindaron la información de los pagos realizados al Estado en ese periodo. Esto es significativo ya que estas empresas representan alrededor del 85% del valor de producción del sector minero e hidrocarburo.
Si bien esta calificación es un logro para el Perú, pues significa un avance hacia un país más transparente y revela el éxito de un trabajo concertado entre el estado, la sociedad civil y las empresas, aún hay retos que asumir.
Uno fundamental, es la descentralización del EITI. En ese sentido, es indispensable que en cada región donde haya presencia importante de actividades extractivas, se elabore y difunda informes de transparencia y conciliación, de tal modo que los ciudadanos tengan información sobre los pagos que hacen al Estado las empresas que operan en su territorio y los ingresos que reciben, el gobierno regional, las municipalidades y universidades públicas, por concepto de canon y regalías, proveniente de dichas actividades.
Para ello, se debe impulsar la conformación de una Comisión EITI regional tripartita, conformado por el estado (Gobierno Regional y municipalidades), las empresas extractivas y la sociedad civil. En este sentido, es necesario que el Gobierno Regional apruebe una ordenanza que institucionalice la conformación de esta Comisión EITI regional y establezca sus funciones, tales como impulsar la elaboración del estudio de conciliación regional EITI, el cual deberá ser ampliamente difundido en la opinión pública regional y nacional.
Actualmente, El Grupo Propuesta Ciudadana viene promoviendo la implementación de la iniciativa EITI en Cajamarca y Cusco, así como la difusión de la iniciativa en Loreto y Ancash.
En Cajamarca se ha conformado una plataforma de instituciones de sociedad civil y empresas para impulsar la iniciativa EITI. En dicho grupo participan instituciones como la Mesa de Concertación De Lucha Contra La Pobreza, Mejorando la Inversión Municipal, Grupo Norte, Red de Municipalidades Rurales de Cajamarca, entre otros.
Se ha logrado institucionalizar las reuniones de coordinación mensual y sensibilizar a las autoridades en la necesidad de contar con una ordenanza que promueva la transparencia en los flujos de pagos provenientes de las actividades del sector extractivo. Actualmente existe una propuesta de ordenanza regional, la cual está siendo revisada y discutida por el Consejo Regional.
En el Cusco, la plataforma sobre Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible – RENADES – ha asumido la tarea de impulsar la iniciativa, para lo cual ha tomado contacto con Consejeros Regionales, con la Cámara de Comercio y las universidades. En Loreto, así como Ancash, se han conformado grupos de organizaciones de sociedad civil que vienen asumiendo la tarea de impulsar la iniciativa EITI en sus regiones.
Estos avances muestran que con voluntad política de las autoridades, responsabilidad social de las empresas extractivas y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil es posible alcanzar una mayor transparencia en las industrias extractivas y el uso del canon y regalías por parte del Estado, como requisito para avanzar hacia el aprovechamiento optimo de estos recursos. Existen otros puntos en la agenda que pronto deben discutirse, como la aprobación del Proyecto de Ley “Transparencia y acceso a la información en las industrias extractivas de recursos no renovables”, el cual debe facilitar la tarea del gobierno de publicar estudios de conciliación anuales, con la participación obligatoria de las empresas extractivas y permitiendo la difusión desagregada de sus pagos, así como la información de su gasto social directo, y de parte del Estado, debe permitir el acceso a la información sobre el proceso de otorgamiento de las concesiones y los contratos a las empresas extractivas.
