Se cumple una década de la reforma más sustantiva surgida luego del derrumbe de la dictadura fujimontesinista de los noventa. No es el primer intento descentralizador de nuestra historia republicana, pero sí el primero que logra mantenerse en el tiempo y dar pasos significativos hacia su institucionalización.
La reforma en curso tiene como objetivos promover el desarrollo y elevar la calidad de vida de la población. Para ello se propone transformar el Estado, construyendo un sistema de gestión que equilibre de manera eficiente y eficaz su carácter unitario y descentralizado. La dimensión territorial se plantea como un nuevo enfoque para la planificación de las estrategias y políticas públicas. Se incorpora la participación y la concertación con la sociedad en las decisiones vinculadas con la planificación, la asignación de los recursos y la formulación de políticas específicas.
Sin duda, la reforma tiene un conjunto de problemas de diseño y de conducción del proceso, cuyos alcances han sido señalados en diversos estudios. No obstante, más allá de eso, se trata de la más importante y significativa reforma emprendida desde la transición democrática.
Durante la década de su implementación se han desarrollado un conjunto de procesos que han tenido impacto en los avances y las limitaciones de la reforma. Hemos elegido a nuestras autoridades y representantes en los tres niveles de gobierno, lo cual es un aspecto positivo, pero no debe llevarnos a perder de vista la fragilidad y la crisis de legitimidad de nuestro sistema político. Asimismo, es importante resaltar que estamos viviendo un largo período de crecimiento económico que ha significado un incremento sustantivo de los ingresos fiscales y una mayor capacidad de acción de los tres niveles de gobierno. Pero no podemos obviar que, junto a ello, crece la desigualdad y persiste un alto porcentaje de la población en situación de pobreza y exclusión. El carácter primario y exportador de nuestro modelo económico, así como la alta concentración de los ingresos, están en la base de esta realidad.
Es importante resaltar que los dos gobiernos elegidos desde la transición plantearon como uno de sus objetivos la reforma y la modernización del Estado, superando las islas de eficiencia para la gestión económica que caracteriza al ajuste estructural del neoliberalismo. Sin embargo, luego de una década, es una más de las promesas incumplidas: persisten la ineficiencia, la corrupción y la ausencia de una gestión orientada al logro de resultados. Esto explica la persistente y creciente desconfianza de la población frente a sus autoridades y funcionarios.
La reforma descentralista ha enfrentado problemas estructurales que no podemos obviar al momento de replantear el proceso, frente a los cuales se ha carecido de una conducción estratégica nacional con la voluntad y capacidad para avanzar en el sentido del cambio democrático. La debilidad de las fuerzas políticas para dar forma a proyectos de desarrollo de las regiones y municipios, las dificultades para dotar a los gobiernos subnacionales de los recursos técnicos y profesionales necesarios, así como la fragmentación de los gobiernos en unidades territoriales sin las condiciones adecuadas para la planificación del desarrollo, terminan de dar forma a un escenario desafiante para la viabilidad de la descentralización.
El gobierno del presidente Ollanta Humala heredó del anterior gobierno una situación de estancamiento de la reforma descentralista. La voluntad de concentrar el poder se encubrió detrás de anuncios y frases grandilocuentes sobre la reforma, mientras en los hechos se implementaban acciones de gobierno que limitaban al máximo las posibilidades de avanzar hacia su consolidación.
Hemos iniciado una nueva etapa y es fundamental recuperar el consenso que dio inicio al proceso de descentralización y que se ha debilitado de manera sistemática en esta década. El gobierno anunció desde un primer momento su voluntad de relanzar el proceso, posición que ha sido ratificada por el actual presidente del Consejo de Ministros. En esa perspectiva es imprescindible dar forma a un nuevo pacto descentralizador, que integre a los tres niveles de gobierno, a las principales fuerzas democráticas del país, así como al amplio sector social, empresarial e institucional comprometido con hacer realidad un nuevo Estado para una gestión incluyente y sostenible de nuestra diversidad territorial.
