La revocatoria de autoridades puede ser una herramienta para el fortalecimiento y la ampliación de la democracia. Sin embargo, la experiencia nos muestra que en un contexto de fragmentación social, de debilidad de las instituciones del Estado y de los partidos políticos, se convierte en un mecanismo para el juego de intereses particulares, afectando la gobernabilidad y la estabilidad que se requiere para una adecuada gestión.
La revocatoria a la Alcaldesa Susana Villarán y sus regidores es un claro ejemplo de distorsión de este instrumento democrático. Una campaña de desprestigio apenas iniciado su gobierno; la recolección de firmas mediante procedimientos dudosos e incluso delictivos; un oscuro financiamiento de la campaña para el logro de la revocatoria; una cuestionable decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de admitir las firmas fuera de los plazos de ley. A todo ello debemos agregar la carencia de argumentos de los revocadores por lo cual apelan a la guerra sucia y a la desinformación.
Es claro que no tienen alternativas frente a las reformas que está impulsando la comuna metropolitana en temas como el transporte, el comercio mayorista, la prevención de desastres, así como en la mejora del medio ambiente y la cultura. Su discurso son frases hechas que denigran la gestión y que son repetidas por los poderosos medios de comunicación que le son afines.
En este contexto es que nos parece necesario resaltar un logro importante de la gestión metropolitana: la presentación de un Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 (PRDCL). En este documento se plantea una visión de largo plazo para el desarrollo de la ciudad y sobre el cual sin duda se puede disentir y aportar, pero que obviamente no interesa a quienes promueven una revocatoria cuyos fines y objetivos personales y caudillistas quedan cada vez más claros para la opinión pública.
Este Plan es producto de un proceso de casi un año, en el cual han participado 18000 limeños y limeñas, representativos de las más diversas organizaciones sociales e instituciones de todos los distritos de Lima. Ahora es el momento que el Consejo Metropolitano y los Alcaldes Distritales debatan este proyecto de ciudad, de tal manera de enriquecerlo y mejorarlo, en la perspectiva de hacer de él un Plan concertado para nuestro desarrollo.
Al margen de las cualidades o limitaciones del Plan, la discusión del mismo centraría el proceso de revocatoria en los ejes centrales de nuestro futuro. Se podría debatir, por ejemplo, los desafíos que implica el que Lima deba responder a dos pliegos y dos tipos de regímenes, es decir la de ser simultáneamente un Gobierno Regional y una Municipalidad Provincial. Este tema tiene repercusiones para la gestión de la ciudad en la que viven un tercio de los peruanos y peruanas.
Paradójicamente, es en Lima donde se siente con mayor fuerza el peso de la concentración de recursos que propicia el gobierno central. Mediante el debate del Plan al 2025 se podría analizar la importancia de avanzar en el proceso de descentralización para una efectiva gestión metropolitana.
Es importante resaltar que la gestión anterior se negó sistemática y reiteradamente a asumir las funciones regionales y es con el actual gobierno de la ciudad que se ha iniciado el proceso de transferencia de competencias para hacer del municipio una efectiva instancia de gobierno de la capital del país. Sin duda es importante la construcción de obras, pero ello no significa abandonar la responsabilidad de construir un efectivo gobierno metropolitano, de dar forma a la constitución de mancomunidades interdistritales que fortalezcan la gestión de las varias Lima que conforma nuestra ciudad. Esta administración está revirtiendo el abandono que encontró en la construcción de una gestión conjunta con el gobierno nacional de la educación, la salud y los programas sociales, dimensiones fundamentales para la población emergente y sobre todo para quienes viven en una realidad de pobreza y exclusión.
El debate del Plan permitiría ubicar el proceso de revocatoria de cara a los temas fundamentales de un futuro compartido para todos los limeños y limeñas, enfrentando la desigualdad, la exclusión, el caos y el desgobierno que afectan a todos, pero en especial a los más pobres. Lamentablemente, quienes promueven la revocatoria no tienen ningún interés en este tipo de debate. Su campaña se centra en la deformación extrema de la verdad, así como en el aprovechamiento inescrupuloso de los errores.
Esta es una buena oportunidad para revisar y mejorar la revocatoria, modificando las leyes sin duda, pero también mediante el rechazo ciudadano a esta forma de hacer política, en la cual no se duda en afectar las instituciones y demorar proyectos claves para Lima, si con ello se benefician sus intereses políticos y económicos, muchos de los cuales están marcados por la corrupción.
