Más allá del resultado de la revocatoria que garantiza la continuidad de la gestión de Lima, aunque en nuevas y complejas condiciones, frente a quienes tenían como objetivo asumir a la brevedad posible el gobierno de la ciudad, preocupa la urgencia con la que se buscó adelantar el proceso de renovación de autoridades, sin que existiera la más mínima justificación para una medida de esta naturaleza en el principal centro urbano y capital de nuestro país. Si bien es cierto que los revocadores de la alcaldesa de Lima fracasaron en su objetivo mayor, los voceros de esta innecesaria e injustificada medida señalan que han sido parcialmente exitosos. Quienes ambicionan gobernar la ciudad consideran como un logro haber debilitado de manera significativa al Concejo Metropolitano. Este pierde a 22 regidores que acumularon experiencia durante dos años y muchos de ellos demostraron capacidad política durante la campaña. Pero allí no acaba el “éxito” de los promotores de la revocatoria. Los 22 accesitarios sólo ejercerán hasta fin de año, ya que en noviembre, seis millones de limeños tendremos que elegir a 22 sustitutos de los sustitutos. Finalmente, en noviembre de 2014, tal como está previsto por la legislación desde hace más de tres décadas, los limeños recuperaremos la estabilidad y elegiremos a nuestras autoridades municipales. Debido al “éxito” de los revocadores, Lima vivirá durante dos años en un ambiente polarizado, situación prácticamente inevitable en las contiendas electorales, a lo que se suma el costo financiero de este proceso para el Estado y para cada ciudadano. Este no es un tema menor en un país y en una ciudad que requiere de muchos más recursos de los que dispone. Ante esta situación, diversos sectores relativizan la responsabilidad de los dirigentes políticos y económicos que hicieron uso irresponsable de este mecanismo democrático. Señalan que el problema está en lo que denominan “un invento izquierdista y populista” contra la democracia y proponen eliminar la revocatoria para cerrar la posibilidad de cambiar a las autoridades. En esta concepción, el rol de los ciudadanos es elegir a sus autoridades e informarse de lo que hacen para elegir mejor en el siguiente proceso electoral. Afirman que con ello se fortalecerá la democracia representativa y sus instituciones. La revocatoria es un derecho democrático y un mecanismo de participación ciudadana. Es la contraparte del derecho de elegir, fundamentado en los principios de la soberanía popular y la representación: el pueblo entrega un mandato y puede dejarlo sin efecto mediante consulta popular. La revocatoria, en consecuencia, no requiere probarse. Las causales están previstas por las Leyes Orgánicas de Gobiernos Regionales y Municipalidades y conducen a otro procedimiento que es el de la vacancia. Así las cosas, es innegable que el mecanismo requiere de revisión, pero ésta debe hacerse en el marco de la Constitución y de la ley 26300, que establece el conjunto de derechos de participación y control ciudadanos. Veremos entonces que la revocatoria es un proceso excepcional que tiene tres caminos previos, antes de ser utilizado: el referéndum para derogar una norma que se considera afecta negativamente los intereses de la mayoría, la iniciativa legislativa para proponer una norma no contemplada por la autoridad, así como la demanda de rendición de cuentas para exigir que se rinda informe transparente de la gestión presupuestarias. Creemos entonces, que la revisión del mecanismo debe partir de este enfoque y establecer condiciones a su aplicación que demuestren de parte de la autoridad una gestión arbitraria y contraria a la voluntad popular, tanto como el ejercicio responsable del derecho ciudadano por parte de sus promotores. Ello sería objetivo si la ley establece como requisito legal que antes de llegar a la revocatoria se intente ejercer por lo menos uno de los mecanismos de participación y control y éste no sea considerado por la autoridad. Partiendo de este enfoque, el rediseño de la norma debería incluir una revisión de las normas electorales, la mejora de las normas orientadas a institucionalizar y fortalecer la democracia representativa y el funcionamiento de los partidos políticos, así como la mejora de las disposiciones que regulan otros derechos de participación ciudadana como los Planes de Desarrollo Concertado y el ejercicio del presupuesto participativo. Sólo así, se afirmará en la práctica el carácter excepcional de la revocatoria. En esta perspectiva, la reforma de la norma debería elevar la valla de firmas requeridas para su convocatoria, contemplar disposiciones claras de sanción a la falsificación de firmas, las mismas que no podrían ser reemplazadas como ocurre ahora, eliminando de su diseño legal los incentivos perversos que existen hoy día, entre los que destacan la posibilidad de convocar a elecciones complementarias y el reembolso de los gastos en los que incurren los promotores, de tener éxito en su intención. Adicionalmente, creemos que la votación para que se produzca la revocatoria debe ser por lo menos del 50% más uno de los electores. De lo que se trata entonces es de entender que el debate ya abierto alrededor de la revocatoria, debe permitir una discusión más amplia que no obvie la necesidad de una reforma indispensable en los mecanismos de representación y en el funcionamiento de los partidos políticos, necesarios para garantizar la calidad de la misma. Diversos sectores han planteado distintas propuestas, entre las que destacan las orientadas a fortalecer la democracia interna de los partidos, facilitar y fiscalizar su acceso a los recursos públicos, monitorear y certificar su funcionamiento en el número de provincias que les exige la ley, exigir transparencia en las finanzas de los partidos, etc. En los hechos y luego de 12 años de la caída del fujimontesinismo, estos temas permanecen como tarea pendiente. El creciente desprestigio de los partidos y el Parlamento no parece ser razón suficiente para que nuestros representantes emprendan esta ruta. Fecha de Publicación: Lun, 15/04/2013
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