Las medidas para destrabar las inversiones anunciadas por el Ejecutivo y enviadas al Congreso de la República para su aprobación, no hacen sino demostrar que en el gobierno se han consolidado las posiciones ligadas a sectores empresariales vinculados a la minería, los hidrocarburos y los sectores industriales tradicionales. De otra manera estas medidas no se explican porque no es cierto que la desaceleración económica tenga que ver con las regulaciones ambientales, las dificultades tributarias o los “sobrecostos” laborales, sino con el contexto económico internacional en el que se ha producido la caída de los precios de los minerales y la desaceleración de economías como la China.
En la jerga de los economistas, las causas de la desaceleración, que además, por lo menos por ahora, no es dramática para el Perú, están en la demanda, y no en la oferta, en la que las medidas económicas ponen énfasis. Esto quiere decir que el gobierno nos está pasando de contrabando medidas orientadas a favorecer a los sectores aludidos, desbaratando nuestra ya limitada institucionalidad y poniendo en riesgo los derechos de muchos peruanos. Así, la caída del crecimiento de los últimos meses es solo un pretexto que no atiende problemas de fondo que cada vez serán más evidentes debido a la dependencia de nuestra economía de las inversiones mineras que mantendrán su importancia en los próximos años, tanto como por la debilidad e incapacidad de nuestro Estado y sus principales instituciones.
Con un presidente de la República que sigue hundiéndose en las encuestas, y con la complicidad de los grandes medios de comunicación, el poderoso Ministro Castilla, prácticamente ha desaparecido el rol del Ministerio del Ambiente para avanzar en la flexibilización de las ya bastante precarias exigencias ambientales, otorga convenios de estabilidad tributaria por 15 años a determinadas inversiones mineras como si estuviéramos en condiciones similares a los inicios de los años noventa, condona deudas, generando un incentivo perverso y pretende seguir reduciendo los derechos laborales.
Si algo nos enseña la desaceleración económica es que requerimos aprovechar de los precios de los minerales todavía altos, de la existencia de una cartera de inversiones importantes en el país, para construir una institucionalidad sólida y eficaz, diversificar la economía, desarrollar capacidades e invertir en tecnología, combatiendo la desigualdad económica con una mayor y mejor redistribución económica. Esto a corto plazo implica hacer más eficaz al Estado para la inversión en infraestructura, garantizar condiciones claras para inversiones que logren legitimidad social y también el respeto de las condiciones ambientales para que después no se constituyan en pasivos sociales, ambientales y económicos para el país.
Lamentablemente, estas alternativas van a contrapelo del cortoplacismo de quienes hoy nos gobiernan los que además, con sus marchas y contramarchas hacen incompatible el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en los próximos años, y renuncian sin pena ni gloria al rol que debieran jugar en la reunión COP20 a realizarse a fines de año.
