A menos de tres meses de instalado el gobierno de Peruanos por el Kambio, nuevamente un conflicto social cobra una víctima. Quintino Cereceda, comunero de Choquecca, en el distrito de Chalhuahuacho, Apurímac, murió como resultado de una herida de bala en un enfrentamiento con la Policía Nacional, el pasado 14 de octubre. El Ministro del Interior adelantó el domingo 16 que dos oficiales de dicha institución “habrían cometido faltas muy graves” en la intervención realizada al ejecutar un plan sin dar cuenta a sus respectivos mandos y sin incluir la orden de operaciones para su aprobación. Adicionalmente, indicó que en el operativo para levantar el bloqueo de una carretera, la Policía contó con el concurso de maquinaria pesada facilitada por la empresa minera, parte del conflicto.
La situación en Las Bambas es extremadamente difícil, porque las comunidades de la provincia de Cotabambas, anunciaron ayer un paro indefinido hasta que lleguen el Primer Ministro, el Ministro del MINEM y los directivos de MMG Las Bambas, responsables de la operación del proyecto minero, uno de los más grandes que tiene el país en curso. El reclamo inmediato de las comunidades involucradas es que se les pague por las tierras que usa la carretera y que son de propiedad comunal. Como quedó establecido en sucesivos espacios de diálogo, la empresa llegó a acuerdos con la población para el uso de la vía –era una antigua trocha comunal- mientras construía la mina, obligándose a reponer las tierras a los propietarios a la conclusión de esa fase. Sobre dicha trocha se hizo una carretera que es parte de la Red Vial Nacional, afectando sus derechos de propiedad.
El tema fue planteado desde meses atrás en la Mesa de Diálogo de Cotabambas y fue abordado en su sesión del 6 de octubre, aunque hay que precisar que varios actores optaron por buscar canales directos de negociación con la empresa que en distintos momentos en el pasado, atendió algunos de ellos, olvidando que por las próximas décadas, diariamente circularán por esa vía 250 camiones con el consiguiente impacto sobre la población, sus cultivos, sus animales y el entorno. Todo ello como consecuencia de los cambios en el proyecto original (XStrata y Glencore) que contemplaba un mineroducto y una operación más compleja.
Aunque en la reunión del 6 de octubre, a solicitud de los dirigentes que integran la mesa, se aceptó que la vía sea categorizada como nacional, y por lo tanto que el gobierno nacional se haría cargo de su saneamiento, asfaltado, mantenimiento y fiscalización ambiental, ningún vocero gubernamental dio a conocer el acuerdo, ni a precisar como se implementaría. ¿Debe sorprendernos entonces el lamentable enfrentamiento y la condenable muerte o estamos frente a la crónica de una muerte anunciada?
Recordemos que el gobierno de PPK, recién nombró nuevo jefe de la ONDS al señor Rolando Luque el 1 de octubre, que el renunciante asesor presidencial en materia de conflictividad social, el señor Jorge Villacorta fue expulsado por su agresividad días atrás de una reunión de negociación con nativos indígenas en Saramurillo (Loreto), que los convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras son una historia antigua nunca aclarada por el Estado….Más profundamente, recordemos que el superciclo de los precios altos llegó a su fin desde el 2014, que el anterior gobierno inició nuestra particular “carrera hacia el fondo” en la gestión anterior con la ley 30230 como parte de sus medidas “reactivadoras de la inversión privada” que hicieron tabla rasa de la incipiente institucionalidad ambiental, como parte de una apuesta ciega por la minería como locomotora de nuestro crecimiento, mientras el actual gobierno no dice nada claro al respecto, en este nuevo escenario.
En otras palabras, el nuevo gobierno también se equivocó al creer que era suficiente con el anuncio del adelanto social para que las poblaciones vean los beneficios que traen los proyectos extractivos, para hacer frente a una conflictividad social, que tiene razones más profundas. 267 muertos y más de 4,000 heridos demuestran la inutilidad de los argumentos de quienes defienden el orden para las inversiones a sangre y fuego. Hizo bien el Ministro del Interior en denunciar rápidamente las responsabilidades policiales; haría mejor en anular los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional, que no puede prestarse al pago de “servicios de protección especial” porque se debe a la ciudadanía.
Hará bien el gobierno en definir una estrategia para enfrentar la conflictividad social y establecer claramente roles en esa materia, recuperando un rol neutral que perdió hace mucho tiempo, priorizando una acción multisectorial coordinada y con una sola dirección, acercando el Estado a los territorios y a la gente, afirmando un enfoque de derechos. En ese marco, explicar su política ante el fin del superciclo de los precios de los commodities no puede esperar más.
