La dramática caída del precio de la papa a 0.20 céntimos el kilo, ha sido el detonante de las protestas campesinas en varias regiones del país, exigiendo una solución pronta al problema. Sin duda que esta situación ha provocado pérdidas cuantiosas para pequeños y medianos agricultores que son la gran mayoría del agro nacional, y la “solución” planteada por el Ministro de Agricultura (mediante la compra de papa a razón de 7 toneladas por agricultor a un precio de 0.8 cént/kg.) ha sido equivocada, porque con esta salida facilista no soluciona el problema y genera reclamos de los que se sienten excluidos, razón por la cual el paro continúa en regiones como Huánuco.
La causa principal para la caída del precio ha sido la sobreproducción inducida por los buenos precios que tuvo la papa en la campaña previa y la ausencia total, desde el MINAGRI, de una política de prevención y alerta frente a este problema que no es nada nuevo, sino todo lo contario, aparece de tiempo en tiempo ante la indiferencia de gobernantes creyentes en el dogma del libre mercado y reticentes a la necesaria acción del Estado para prevenir y corregir este tipo de problemas.
El conflicto de los paperos es, en nuestra opinión, solo una manifestación de un problema mayor y más de fondo que tiene que ver con la postergación de un sector mayoritario del agro nacional, compuesto por la agricultura familiar campesina y los pequeños productores de la sierra, selva y la costa, por las políticas económicas de los últimos 20 años que han privilegiado y privilegian la agricultura de agroexportación a gran escala localizada en los valles de la costa. No obstante que son alrededor de 3 millones de personas y abastecen con el 70% de los alimentos agrícolas, los pequeños agricultores apenas recibieron el 2,1% del presupuesto público en el 2017.
¿Qué se necesita para evitar que este problema se repita en el futuro? Para empezar una mínima capacidad de planificación y monitoreo de las siembras en el MINAGRI y en los gobiernos regionales, que les permita identificar y actuar oportunamente para evitar sobre producción de papa u otros productos. Pero principalmente hacen falta políticas agrarias y rurales, presupuesto y voluntad política para implementarlas. En ausencia de ello, y de mayor capacidad de presión de las organizaciones agrarias, políticas como las contenidas en la Ley de Agricultura Familiar duermen el sueño de los justos, son letra muerta. Y para empeorar las cosas, desde el Congreso, en lugar de legislar a favor de una mayor recaudación de ingresos tributarios, se vienen aprobando exoneraciones a favor de grandes empresas, con lo cual no hacen sino disminuir los ingresos del Estado, en momentos en que estos registran sus niveles más bajos de los últimos 15 años.
