La decisión unánime del Consejo Permanente de la OEA de enviar una misión al Perú, así como su conformación amplia y plural, expresa la preocupación de los gobiernos de la región por la profundidad de la crisis política y de gobernabilidad por la que atraviesa nuestro país desde hace muchos años, a la cual ni el gobierno ni el Congreso tienen la capacidad para plantear salidas viables y concertadas.
En la situación de polarización y conflicto, que cada día se profundiza, entre el Ejecutivo y el Congreso, crecientemente cuestionados en su desempeño por la ciudadanía, situación que termina involucrando en su polarización a otros poderes del Estado, el sistema político en su conjunto está atravesando por un proceso de desprestigio, desafección y desconfianza que minan la viabilidad de la democracia en el Perú.
Ante ello, la Misión de la OEA puede ser una oportunidad de abrir un proceso de diálogo que trascienda a las fuerzas políticas del Ejecutivo y el Congreso, así como a los otros poderes del Estado, promoviendo que se abran espacios a las múltiples voces sociales e institucionales de las diversas regiones del Perú, que hoy no se sienten representadas por una clase política mediocre y atravesada por la corrupción.
Construir una salida integral a la crisis es un proceso complejo y de larga duración, que requiere de un amplio acuerdo entre las corrientes democráticas de nuestro país. Es por ello que consideramos importante que la Misión de la OEA impulse la formación de una Mesa de Diálogo permanente para concertar entre los diversos sectores políticos, sociales e institucionales una transición que nos permita realizar el conjunto de reformas y acuerdos para empezar a salir de las múltiples crisis en que nos encontramos y no volver a caer en ellas al término de un próximo proceso electoral.
En esa orientación es imprescindible abandonar el camino de la judicialización de la política, del abuso de la mayoría Congresal, de la desinformación y de las campañas mediáticas, así como el camino de la utilización por el Ejecutivo de los recursos públicos para fines diferentes a los legítimos de desarrollo y progreso de los pueblos. Investigar los posibles delitos con seriedad, en el marco del Estado de Derecho y la Constitución, son la única vía compatible con el fortalecimiento de nuestras instituciones, a lo que no contribuye la acusación de la Fiscal de la Nación contra el Presidente Castillo ante el parlamento.
Construir las bases de la transición requiere de un conjunto de reformas inmediatas para mejorar nuestra representación y recuperar el efectivo equilibrio de poderes. Asimismo, se necesita definir medidas efectivas para enfrentar la corrupción que atraviesa todos los niveles de gobierno y las instituciones, tal como se constata con los crecientes indicios de corrupción que se observan en el Gobierno y el Congreso. El Perú requiere una transición que construya un amplio consenso sobre las medidas para responder a las urgencias y demandas económicas, sociales y de servicios de la mayoría de nuestra población, cada vez más golpeada por una crisis económica que se profundiza después de la pandemia y los efectos de la invasión rusa a Ucrania, en un contexto de agravamiento de los efectos del cambio climático.
La transición tendrá sentido y convocará el interés de la sociedad y sus organizaciones a partir de una agenda integral que vaya más allá de la dimensión electoral e institucional. Solo así se crearán las condiciones para una renovación de nuestras autoridades mediante nuevas elecciones generales que abran curso a un proceso de cambios en la economía, la política y el Estado, contribuyendo al fortalecimiento democrático de la sociedad y el Estado.
La Misión de la OEA puede impulsar este proceso si convoca no solo a las instituciones políticas y sociales denominadas nacionales, sino también a las organizaciones y autoridades de las regiones para que presenten su evaluación de la crisis y sus propuestas de salida. Llamamos a la sociedad civil de las regiones a que se pronuncien en este sentido y movilicen sus recursos profesionales, institucionales y sociales para construir, desde sus espacios territoriales, una agenda efectivamente nacional, superando las limitadas visiones e intereses de élites caracterizadas por su centralismo y escasa representatividad.
Instituciones firmantes:
LIMA:
- Asociación Nacional de Centros-ANC
- Grupo Propuesta Ciudadana
- Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación-Cedep
- Movimiento Manuela Ramos
- Asociación Diaconía
- Servicios Educativos Rurales
- Centro de Derechos y Desarrollo-Cedal
- Alternativa
- Centro Peruano de Estudios Sociales-Cepes
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos-PROMSEX
- Centro de Estudios y Promoción del desarrollo-desco
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Ciudadano-descociudadano
MACRO NORTE:
- CPM Micaela Bastidas
- Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte-Cedepas Norte
- Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta-CEDISA
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA
MACRO CENTRO:
- Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural-Separ
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Andino Amazónico-descocentro
MACROSUR:
- Asociación Arariwa
- Red Muqui Sur
- Asociación Wara
- Centro Bartolomé de las Casas-CBC
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional-CEDER
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur-descosur
- Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria-ISAIAS
- Colectivo Sonqo Warmi del Cusco
- Asociación Civil Labor
- Asociación Centro de Comunicación Amakella
- Grupo Convergencia Arequipa
- Asociación Civil KUMPAY
Leer el PDF del pronunciamiento
