“Es una propuesta clientelista que profundizaría la desigualdad en el reparto del canon”.
Contar con instituciones fuertes y eficaces, pero también con reglas claras que permanezcan en el tiempo es la receta que permite transformar las ganancias que provee la extracción de los recursos naturales en desarrollo. Pero es la fórmula que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo han preferido ignorar a través de propuestas efectistas, que no resuelven los problemas de fondo que atraviesan los distritos donde opera el sector minero. La plata no es el problema –ese es parte de su embrujo, titularía el historiador José Deustua–, sino su gestión.
Desde el Grupo Propuesta Ciudadana, coincidimos con los diagnósticos que señalan que nuestra incapacidad como país para convertir los recursos que provienen de las actividades extractivas en bienestar para los ciudadanos se explica, en parte, por las débiles capacidades técnicas y la corrupción que caracteriza la gestión de los gobiernos regionales y locales. Para superar esta situación, la visión de la minería al 2030 del Grupo Rimay –iniciativa que reúne a representantes del Estado, gremios empresariales y la sociedad civil– sugiere establecer mecanismos que permitan mejorar la efectividad de la inversión pública: trazar una ruta que apunte a fortalecer las competencias que el Estado hoy carece en sus distintos niveles, antes que retirarlas.
La propuesta de Fuerza Popular, de distribuir el 40% del canon que reciben las regiones directamente a los ciudadanos, es, en ese sentido, una renuncia a este mandato. Es una propuesta clientelista que profundizaría la desigualdad en el reparto del canon. Según nuestros cálculos, en Áncash, cada hogar de la provincia de Huari recibiría S/8.294, mientras que en la provincia de Yungay, S/434; una diferencia de 19 a 1. Tendría algún efecto dinamizando el consumo solo en las regiones que concentran la mayor porción de las transferencias. En el resto, el dinero entregado en mano reduciría los fondos que podrían ser invertidos en grandes proyectos que cierren las brechas existentes en infraestructura, salud y educación.
Por otra parte, la propuesta parte de la falacia, varias veces repetida, de que existen millones de soles que las regiones no han logrado gastar en las arcas del Estado. Pero basta comparar los montos de transferencias de canon y regalías mineras con el gasto devengado anualmente para identificar el error. En el periodo 2008-2020, los gobiernos regionales y locales recibieron S/51,8 mil millones, pero invirtieron un total de S/52 mil millones. Las regiones sí gastan –incluso más de lo que reciben–, pero deben hacerlo mejor.
En el caso de Castillo, la propuesta de “nacionalizar nuestras riquezas” a través de la renegociación de los contratos, eliminación de exoneraciones y nuevos impuestos, presente en esos términos en el llamado Plan Bicentenario, supone cambiar las reglas de juego para la inversión. Considerando que tendría minoría en el Congreso, este tipo de propuestas, que implican cambios en el esquema tributario, tendrían dificultades para concretarse.
De ser negociadas –como con García y Humala–, las medidas podrían aumentar la dotación de recursos en el corto plazo. Pero, nuevamente, Perú Libre parte del supuesto de que el problema reside en el dinero y no en el uso que hacemos del mismo. Contamos con regiones, como Cusco, en las cuales la minería y la extracción de gas representan el 45% del PBI, pero poco se ha hecho desde el ámbito subnacional por impulsar programas que diversifiquen la matriz productiva e incentiven el empleo local.
El desafío reside lograr que un país periférico en la economía mundial, dependiente de la exportación de materias primas, fomente el desarrollo local. ¿Qué hemos aprendido en el Perú en las últimas décadas? A puertas del bicentenario, aparentemente poco.
Fuente: El Comercio.
