Las rondas campesinas adquirieron un nuevo protagonismo y contribuyeron al cumplimiento de las medidas preventivas, adaptando las acciones dictadas desde el Gobierno central en coordinación con otras autoridades locales y comunales, en un contexto en el que la presencia policial y militar es escasa.
Por: Helen Palma y Julio Portocarrero*
Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció al distanciamiento social y aislamiento como parte de las principales medidas para la prevención de la trasmisión del COVID-19. El Estado de Emergencia declarado por el Gobierno peruano incluía el cumplimiento estricto de estas medidas, desarrollando disposiciones desde perspectivas urbanas y de control individual de la enfermedad, poco aplicables a poblaciones rurales o indígenas. Sin embargo, estas poblaciones adaptaron rápidamente estas medidas apelando a sus instituciones y a sus experiencias históricas y dinámicas de convivencia, demostrando gran capacidad organizativa y autonomía.
El aislamiento territorial o comunal ha sido una estrategia protectora utilizada históricamente por diversos pueblos indígenas y campesinos de los Andes y la Amazonia frente a situaciones críticas, como la amenaza de epidemias y agentes de violencia. Antes que cualquier documento técnico o norma lo advirtiese, las poblaciones de las zonas rurales de nuestro país comprendieron que el aislamiento entendido desde un punto de vista domiciliario o individual no tenía sentido en sus territorios, y que estas medidas debían ser aplicadas colectivamente y abarcando sus comunidades y distritos de ser posible.
Control y fiscalización: las rondas campesinas junto a otras organizaciones
En este proceso, organizaciones como las rondas campesinas han adquirido un nuevo protagonismo, contribuyendo al cumplimiento de las medidas preventivas, adaptando las acciones dictadas desde el nivel central en coordinación con otras autoridades locales y comunales, en un contexto en que la presencia policial y militar es escasa. A través de diferentes medios, fue posible atestiguar cómo distintas comunidades comenzaron a colocar letreros, tranqueras y formar barricadas en un intento por controlar el acceso a sus territorios, en lo que puede interpretarse como un ejercicio de autonomía comunitaria. Apurímac y Cusco no fueron la excepción. La siguiente imagen, en la que se observa a ronderos y autoridades de Santo Tomás (Provincia de Chumbivilcas, Cusco) construyendo una tranquera en la vía de entrada principal, es ejemplo de lo ocurrido en las provincias y distritos de estas regiones.
Ronderos y autoridades de Santo Tomás (Chumbivilcas, Cusco) colocando una tranquera en la entrada del distrito. Crédito: Héctor Boza.
Si bien el aislamiento no fue practicado de la misma manera en todas las comunidades y distritos, por lo general se impuso un control estricto de los accesos para impedir la salida de pobladores y el ingreso de gente extraña. En algunos casos, se permitía el acceso de los camiones o movilidades que llevaban productos para abastecer negocios o ferias para satisfacer la demanda local. En otras zonas, como en Quiñota (Chumbivilcas, Cusco) el aislamiento se expresó de manera más radical: durante el mes de abril, población y autoridades en conjunto decidieron cerrar totalmente sus accesos durante dos semanas al difundirse la noticia que un joven diagnosticado con COVID-19 había transitado por dicho distrito.
Las rondas han tenido un rol central en el ejercicio de este control territorial y también han desempeñado una importante función para la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos, así como en acciones de fiscalización del trabajo de sus alcaldes y otras autoridades. Las rondas pusieron en evidencia y capturaron algunas autoridades que manejaron de manera indebida el presupuesto local en el contexto de la emergencia. En el marco de estas acciones, las rondas han empezado a solicitar una retribución económica en los accesos o puntos de ingreso a las comunidades, como compensación por sus horas de trabajo, en reconocimiento al desempeño de las funciones que vienen desarrollando los últimos meses, poniendo además en riesgo su integridad frente a posibles actos violentos y de contagios.
Vale añadir que los hombres y mujeres que conforman las rondas no actúan de manera aislada. Su trabajo se desarrolla articuladamente con diferentes actores locales, como los dirigentes barriales, los frentes de defensa y las organizaciones agrarias, entre otros. Si esta coordinación existía previamente, ante la epidemia se ha visto potenciada a partir de los Comandos COVID y Comités Multisectoriales conformados en cada distrito, en los que participan también representantes de la sociedad civil organizada.
La difusión de información: organizaciones sociales de base y las ONG
La difusión de información vinculada al COVID-19 fue también motivo de movilización social. Una enfermedad nueva como esta, en la que el conocimiento sobre la misma es aún incipiente, ameritó el despliegue de procesos de comunicación local, más allá de la información emitida oficialmente desde el Ministerio de Salud (MINSA). En Cusco, en el distrito de Quiñota, la asociación Tomasa Tito Condemayta viene participando en el desarrollo de programas radiales hechos por mujeres y dirigidos a mujeres, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas dictadas. Organizaciones no gubernamentales presentes en la zona facilitaron la logística para el desarrollo de programas tanto en castellano como en quechua. De otro lado, en Apurímac, en distritos como Tambobamba, los Comando COVID han sido el espacio que ha propiciado la difusión y discusión de las medidas preventivas, a partir de reuniones con miembros de la comunidad, respetando el distanciamiento recomendado.
Reunión de coordinación e información en Tambobamba (Cotambambas, Apurímac). Crédito: Alejandro Enríquez.
Los retornantes: un reto afrontado en conjunto
La organización tejida frente a la amenaza del COVID-19 tuvo entre sus principales retos el retorno inesperado de cientos de pobladores que regresaron a sus comunidades de origen en busca de refugio y seguridad. Las cifras de la población empadronada en los registros de los gobiernos regionales dan cuenta para el mes de abril de al menos 167 mil personas de diferentes regiones que buscaban regresar a sus lugares de origen, de los cuales más del 90% se encontraba en Lima. De estos, 16,670 inscritos pertenecían a la región Cusco y 13,400 a Apurímac. No obstante, las cifras manejadas posteriormente muestran que la población retornante es sensiblemente mayor a lo que reflejan los padrones oficiales. Las noticias de los distintos medios de comunicación y los testimonios de la población de estas zonas, reafirma que son miles los ciudadanos no registrados que han regresado por sus propios medios. Así, por ejemplo, una dirigente de Totora Oropesa (Antabamba, Apurímac) informó recientemente[1] sobre un total de 300 retornantes en su distrito, más del 10% de una población local estimada de 2,300 habitantes.
Aunque parte de esta población fue recibida de manera ordenada por las autoridades locales en los albergues o espacios designados para ello, un grupo significativo retornó por su cuenta y fue llegando directamente a sus hogares en condiciones precarias y sin mayor control sanitario[2]. Este hecho, no coordinado adecuadamente entre el nivel central y regional, ha ocasionado que muchos lugares vean rebasada su capacidad organizativa. Como contaba una representante de la asociación de mujeres Tomasa Tito Condemayta de Quiñota, varios han llegado caminando durante cinco días desde lugares tan lejanos como Arequipa, con los pies hinchados y ampollados, y casi sin comer; siendo muchos de ellos sus paisanos e incluso familiares, “cómo no los íbamos a dejar entrar”.
Las personas llegadas por sus propios medios, sin cumplir una cuarentena previa y sin una prueba de descarte de la enfermedad, implicaron replantear algunas medidas y redoblar los esfuerzos organizativos. Los ronderos, en particular, exigieron mayor respaldo de las autoridades para el control de los migrantes que cada día iban llegando. Fue a exigencia de los ronderos y dirigentes barriales que la Municipalidad Distrital de Colquemarca y su Comando COVID emitieron el 11 de mayo un comunicado dirigido a su población, manifestando su preocupación por la llegada de personas desde otras ciudades, instando a la población a cumplir con las medidas establecidas, y radicalizando la orden de inamovilidad. Otros llamados de atención semejantes se han reproducido en distintos ámbitos por parte de las autoridades locales.
Las acciones para prevenir la propagación del virus como producto de la llegada de los migrantes de retorno han variado de una localidad a otra. Algunos lugares se han mostrado receptivos, estableciendo condiciones y acuerdos, así como disponiendo una logística para su ingreso. En lugares como Tambobamba y Totora Oropesa en Apurímac, ante el fracaso de la respuesta inicial consistente en solicitar a la población la comunicación con sus familiares para que no regresen, se condicionó el ingreso de las personas retornantes al cumplimiento de la cuarentena en Abancay o Andahuaylas. En lugares como Quiñota, dada la proximidad del Cusco, los llamados “retornantes” comenzaron a arribar con facilidad. Ante esa situación, se acordó que cada familia habilite un espacio aislado en sus respectivas viviendas para recibir a los familiares que pudiesen llegar, responsabilizándose además del cumplimiento debido de la cuarentena. En otros distritos, se habilitaron escuelas o locales comunales para el mismo fin. En las localidades más grandes y pobladas como Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, el ingreso de los migrantes ha sido por momentos masivo, haciendo poco posible cumplir con los acuerdos vinculados al aislamiento y rebasando la capacidad de los locales destinados para la cuarentena de los retornantes.
Las remesas campo-ciudad: la solidaridad ante todo
Pero no todos los que buscan retornar a su tierra pueden hacerlo. Muchos no pudieron llegar a su destino final y se quedaron en el trayecto, otros simplemente no pudieron salir, y permanecen aún en las ciudades y capitales. Todo esto ha motivado expresiones de organización y solidaridad de las que poco se ha hablado: las remesas de alimentos.
La lenta y a veces nula atención por parte de las autoridades hacia los llamados “caminantes”, y la problemática de los “residentes” en las ciudades, motivó una ágil reacción de sus familiares y paisanos quienes, junto a sus autoridades locales, organizaron el envío de grandes remesas con distintos productos de sus cosechas. La población del distrito de Colquemarca (Chumbivilcas, Cusco) fue una de las primeras en llevar a cabo esta iniciativa, siendo luego replicada en otros lugares como LLusco y Quiñota. Una vez conocida esta movilización solidaria, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas ofrecieron correr con los gastos del transporte de las encomiendas preparadas en las comunidades. De esta manera, cientos de sacos con papas, maíz, habas, zanahorias, y otros productos, fueron cargados en los camiones y enviados rumbo a ciudades como Arequipa, Abancay, Cusco y Lima.
Registro de remesas de alimentos en Santo Tomás (Chumbivilcas, Cusco). Crédito: Héctor Boza.
Comentarios finales
La aplicación del llamado distanciamiento social y aislamiento en nuestro país, ha soslayado las características y dinámicas de convivencia colectiva presentes en los distintos pueblos indígenas y ámbitos rurales de nuestro país. A partir de los casos de Apurímac y Cusco, se observa cómo las comunidades campesinas y las organizaciones sociales, junto con sus autoridades locales, dieron muestra de su gran capacidad organizativa y solidaria en respuesta a la amenaza del COVID-19, haciendo ejercicio de su autonomía a partir del control de sus territorios y de la movilización de sus organizaciones.
La migración de retorno ha desafiado la organización tejida desde el inicio de la emergencia. Este fenómeno, ha demandado redoblar los esfuerzos locales para la gestión del flujo de retornantes, estableciendo mecanismos diversos y responsabilidades para el cumplimiento de la cuarentena. Por otro lado, la falta de atención desde el nivel central y los niveles regionales a aquellos ciudadanos que no han podido retornar a sus hogares y se han quedado varados en las ciudades, ha propiciado una cadena solidaria de atención por parte de sus familiares y paisanos a partir de las remesas de alimentos, en las que comunidades y autoridades han sabido organizarse para garantizar su alimentación.
En este escenario, las rondas campesinas en articulación con organizaciones de base y autoridades locales se han convertido en actores clave en la respuesta a la emergencia, cumpliendo funciones vinculadas a la vigilancia, seguridad y fiscalización. Aunque en la mayoría de los casos gozan de la legitimidad y apoyo de sus vecinos y la población local, deberían también ser reconocidas por las autoridades y funcionarios del Estado, y sobre todo respaldadas logísticamente e incluidas en las estrategias y acciones del gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias.
La capacidad organizativa y de solidaridad desplegadas en este tiempo en algunos ámbitos de la zona andina, no es reconocida ni valorada por las estrategias nacionales de lucha contra el Covid 19. Una conclusión que es posible desprender de las prácticas y capacidad de respuesta de las poblaciones del sur andino -y seguramente de otras partes del país- es la importancia de considerarlas como ciudadanos con gran capacidad de agencia, que las autoridades nacionales podrían valorar y aprovechar. Sería importante, pero sobre todo necesario, ver a la población no sólo como necesitada de atención con programas sociales o bonos sino también como agente activo en tareas y funciones conjuntas que contribuyen al esfuerzo nacional contra la pandemia.
* Esta nota se desprende de la información obtenida para el estudio situacional “Características de la emergencia social sanitaria en territorios de alta renta extractiva: El caso de Cusco y Apurímac”, encargado por Propuesta Ciudadana a Helen Palma y Julio Portocarrero, el cual fue elaborado en colaboración con Héctor Boza (Asociación Arariwa) y Vilma Tumpe (Centro Bartolomé de las Casas).
[1] Información difundida el 26/05 en el programa Martes Campesino del Centro Bartolomé de las Casas.
[2] Este fenómeno ha llegado a ser calificado por algunos especialistas como una crisis humanitaria, en la que los llamados “retornantes” deberían ser tratados como desplazados internos. Ver: https://www.servindi.org/actualidad-opinion/22/05/2020/miles-de-personas-luchan-contra-la-pandemia-por-volver-sus-regiones
