El debate sobre la nueva constitución marcará el gobierno de Pedro Castillo, quien ha propuesto diversas medidas que, de aprobarse, significarían profundos cambios en el rol del Estado: la actividad empresarial, la obtención de rentas de la actividad extractiva y la competencia pública en los préstamos bancarios. Además, el Ejecutivo, a través del premier Guido Bellido, anunció un “plan B” en caso de que el Congreso rechace el proyecto de reforma constitucional para convocar a una Asamblea Constituyente.
La bancada parlamentaria de Perú Libre presentó ayer por la tarde un proyecto de Ley de reforma constitucional para permitir el control de precios. Tanto en campaña electoral como luego de asumir funciones, el actual ministro de Economía Pedro Francke, con la intención de tranquilizar a los mercados, ya había negado la posibilidad de una medida económica de esta naturaleza.
Sin embargo, en un contexto en el que el alza de precios ha llevado a que la inflación registre en julio último su pico más alto desde marzo de 2017, la parlamentaria oficialista Francis Jhasmina Paredes Castro firmó esta iniciativa legislativa que busca poner a debate la modificación de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución peruana. De acuerdo con la propuesta, se colocarían excepciones a los derechos a la libertad de contratar y a la protección del consumidor.
Así, en caso de declaratoria de emergencia, sería posible modificar los términos contractuales en contratos que involucran bienes y servicios necesarios para atender a la demanda nacional. En el mismo escenario de emergencia, el Estado también estaría autorizado para la regulación del abastecimiento y de los precios de los bienes y servicios producidos por empresas públicas y privadas.
Por otro lado, respecto a las concesiones sobre recursos naturales, el proyecto busca que estas se otorguen a particulares «garantizando a precio regulado el abastecimiento de productos y servicios al mercado nacional y regional en donde se explotan dichos recursos». En este caso, no se menciona como requisito ninguna declaratoria de estado de emergencia.
Las principales propuestas económicas del gobierno de Pedro Castillo implican necesariamente un cambio, al menos en parte, de la Constitución de 1993. Y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para un cambio total de la Carta Magna es el planteamiento del Ejecutivo que más oposición encuentra en los grupos de derecha del Parlamento. Algunos incluso han señalado que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, debe descartar el cambio de Constitución para lograr el voto de confianza a favor de su gabinete.
A la fecha, tres de las propuestas económicas de Castillo, que fueron anunciadas ante el Congreso en su primer mensaje presidencial, necesitarían modificaciones constitucionales para hacer viable la participación del Estado como agente activo en la economía nacional. Ello implicaría generar un cambio medular en el capítulo económico vigente.
Dichas propuestas son la partipación estatal en proyectos mineros, la renegociación de las condiciones tributarias con empresas de ese mismo rubro y el desarrollo de la competitividad del Banco de la Nación.
El último 28 de julio, en su discurso inaugural, Castillo anunció un nuevo pacto con los inversores privados en el sector minero, en el que la organización estatal intervendría para reducir costos, facilitar procesos y mantener la seguridad jurídica. En ese sentido, advirtió que el gobierno de Perú Libre «promoverá la participación del Estado, como lo hacen todos los países de la región, como socio o ejecutor mayoritario».
Por otro lado, Castillo también señaló que su gobierno trabajará para que el Banco de la Nación esté en la capacidad de proporcionar “todos los servicios bancarios disponibles”, con préstamos con tasas razonables y competitivas “pero sin usura”. Es decir, la banca pública tendría igual participación crediticia que la banca privada y las cajas municipales.
Sin embargo, según expertos en temas constitucionales y económicos, esto requeriría primero una reforma constitucional del artículo 60 de la actual Carta Magna, pues actualmente el Estado sólo puede realizar «subsidiariamente» actividad empresarial, «por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional».
Estado empresario
En declaraciones para Convoca.pe, el economista del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, indicó que, respecto a la participen empresas estatales como socias en proyectos mineros, tendría que hacerse un ajuste constitucional. La actual constitución indica que el Estado tiene un rol subsidiario; es decir, interviene donde el privado no llega.
Añadió que el planteamiento de que el Banco de la Nación actúe como cualquier otra entidad bancaria también requeriría un cambio en la constitución.
Baca recordó que hace algunas semanas, el 23 de julio, el entonces presidente Francisco Sagasti observó la autógrafa de ley que autorizaba al Banco de la Nación a competir con la banca privada a través del otorgamiento de créditos a personas naturales o de recibir depósitos de ahorros de estas últimas. Aunque esa propuesta venía de un acuerdo mayoritario del Congreso anterior, Sagasti decidió rechazarla.
El expresidente Sagasti observó una norma aprobada por el Congreso para hacer que el Banco de la Nación compita con la banca privada. Pedro Castillo lo volverá a impulsar. Foto: Andina
Según el gobierno de transición, esa propuesta normativa contravenía el principio subsidiario del Estado contemplado en el artículo 60 de la Constitución. Entre los argumentos de rechazo, señaló que el Estado interviene en la economía “apoyando a las empresas privadas y no compitiendo con ellas”. Por ello, según Baca, se necesitaría cambiar dicho artículo en particular.
Por su parte, el abogado constitucionalista Luciano López indicó que con la Constitución actual, si el Estado quiere participar en la actividad empresarial, tiene que darse una ley del Congreso para autorizar la actividad empresarial de manera directa o indirecta. Es decir, mediante la propiedad directa o en participación asociada.
López indicó que la Carta Magna establece que el Estado sólo puede realizar actividad empresarial de forma subsidiaria, en los casos en que los privados no puedan participar. Sin embargo, indicó que el gobierno podría justificar la participación empresarial del Estado por razones de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
Los contratos-ley
Otra de las propuestas de Castillo es la de modificar los contratos-ley que tienen una garantía de estabilidad tributaria. El objetivo sería adecuar estos acuerdos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional. En concreto, a los aumentos en los precios de los metales. Hoy, los contratos de estabilidad tributaria están protegidos por el artículo 62 del texto constitucional.
«Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales porque muchos hoy en día están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria», dijo Castillo en su discurso del último 28 de julio.
Para el constitucionalista Luciano López, la modificación de los contratos-ley podrían pasar por una modificación constitucional, pero que antes tendría que haber una negociación entre el Estado y las empresas beneficiadas con contratos-ley de estabilidad tributaria con calidad de «intocables».
En el Perú, los más importantes proyectos mineros de cobre gozan de las condiciones que otorgan estos contratos. Es el caso, por ejemplo, de las mineras Cerro Verde, Quellaveco y Las Bambas.
El abogado señaló que estas modificación, así sea de rango constitucional, no podría ser unilateral, por lo que el Estado deberá realizar antes una estrategia de negociación para que las consecuencias de la eliminación de los contratos-ley no sean nocivas para el país. “El Perú podría ser pasible de demandas internacionales de las empresas afectadas”, advirtió López.
El ministro de Economía, Pedro Francke, anunció que el gobierno prepara aumentar los impuestos a la minería. Foto: MEF
Recientemente, en una entrevista con la agencia Reuters, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, indicó que el gobierno se encuentra estudiando la fórmula para aumentar los impuestos a la minería sin afectar la competitividad del sector privado. Las medidas se aplicarían siempre y cuando los precios de los metales se mantengan altos, aseguró el ministro.
Sobre esta proposición, el economista Epifanio Baca indicó que esta sería la más factible para los fines de aumento de la recaudación que tiene el gobierno de Castillo. De esta manera, se podrían crear nuevos impuestos aprovechando el alza de los precios de los metales como el cobre y el litio a nivel internacional, pues la mayoría de empresas mineras no tiene contratos-ley de estabilidad tributaria.
Baca añadió que en el caso de las empresas mineras con contratos de estabilidad jurídica, el gobierno de Pedro Castillo podría sentar a la mesa a esas compañías para obtener un gravamen minero a las sobreganancias, imitando al gobierno de Ollanta Humala, mientras se debate al cambio del artículo constitucional referido a los contratos-ley.
El «plan B» para la Asamblea Constituyente
Por otro lado, en una reciente entrevista, el premier Bellido sostuvo que si bien el Ejecutivo presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 206 de la Constitución -para incluir la posibilidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente-, también podría alcanzarse el objetivo a través de la recolección de millones de firmas para un referéndum que plantee la reforma total de la Carta Magna, como señala el artículo 32 del texto constitucional vigente.
El constitucionalista Luciano López confirmó que es cierto que el artículo 32 del texto constitucional brinda la posibilidad de que se pueda cambiar totalmente la Constitución vía consulta popular. Sin embargo, apuntó que la discusión debe concentrarse sobre cómo se llega a este escenario de consulta.
Según el experto jurídico, para este cambio constitucional existen tres caminos, dos en manos del Congreso y uno en poder de la ciudadanía. La primera ruta es la que anunció el presidente Castillo, quien dijo que presentará un proyecto de Ley para la reforma del artículo 206 de la Constitución. Si este es aprobado por el Congreso, se hará el referéndum. En este caso, la palabra final la tiene el parlamento.
El gobierno de Castillo anunció que tiene como plan la reforma del artículo 206 de la Constitución para convocar a una Asamblea Constituyente. Foto: Luis Enrique Pérez / Convoca.pe
La segunda es la que permite la Ley 27600, dada en el 2001, que suprimió la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993 como consecuencia de su permanente incapacidad moral tras su renuncia vía fax en el 2000. Esa norma encargó a la Comisión de Constitución del Congreso proponer un proyecto de reforma total de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución de 1979. De ser aprobado por el Pleno del Congreso, el proyecto sería sometido a referéndum.
No obstante, en el actual Congreso ese grupo de trabajo sería presidido por el fujimorismo, que rechaza de plano la modificación total de la Constitución.
La tercera fórmula es la posibilidad de recoger 2.5 millones de firmas válidas de los ciudadanos en respaldo a una fórmula legal que indique una serie de disposiciones para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como el proceso de conformación, el número de miembros, el plazo de debate del proyecto de Constitución, entre otros importantes puntos.
De acuerdo con López, en el caso de que se lograran reunir los 2.5 millones de firmas validadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá convocar a referéndum para que sea la ciudadanía la que apruebe o rechace la propuesta de convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Necesidad de ampliar las rentas
Para el sociólogo Francisco Durand, estudioso en materia de grupos de poder económicos, el presidente Castillo y el ministro Bellido están trayendo a debate cuestiones principistas con base en los objetivos del «Plan Bicentenario» presentado como propuesta de gobierno durante la segunda vuelta electoral. Si bien el momento para introducir estos cambios aún no ha llegado, según Durand, destacó que el nuevo gobierno inicia su gestión fijando el norte del Ejecutivo.
Sobre la propuesta de la participación del Estado en los proyectos extractivos junto al sector privado, Durand explicó que respondería a la posibilidad de que el sector público tenga mayores rentas a través de la riqueza de la tierra para captar mayores recursos para su política social. Esto es muy importante, pues se prevé que el precio del cobre bordeará los 10 mil dólares por tonelada, más del doble del valor que tenía hace una década.
Petroperú sería una opción del gobierno para volver a asumir la explicación de yacimientos petroleros y gasíferos. Foto: Andina
Durand indicó que una de las opciones de menor complejidad para hacer que el Estado vuelva a ser empresario es que la compañía estatal Petroperú pueda volver a asumir la labor de explotación petrolera, como ya lo anunció Castillo, ya que existen normas que le permiten asumir lotes petroleros en alianza con inversores privados. Ello no requeriría un cambio constitucional pues el Perú ya cuenta con esta empresa entre sus activos.
El analista también agregó que en el caso de que se busque realizar inversiones públicas asociadas con privadas en la minería, esta alternativa sí requeriría un cambio en el texto constitucional. Actualmente, debido al principio de subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial, no se cuenta con una empresa minera pública desde hace décadas.
Fuente: Convoca.pe
