La demanda por diálogo, debate y consenso nacional sobre la norma de creación del Ministerio del Ambiente viene siendo formulada por diversos líderes de opinión, presidentes regionales, autoridades locales e instituciones de la sociedad civil. La propia Defensoría del Pueblo ha planteado la necesidad de un debate público, la conveniencia de su aprobación congresal, así como la importancia de dotar a esta naciente instancia de claras funciones rectoras. La respuesta del Ejecutivo es el silencio y se parece orientar hacia la aprobación de la norma en el marco exclusivo del gabinete.
En este escenario los Presidentes Regionales, en la reunión que sostuvieran con el Presidente de la República el 1 de abril, lograron que se les enviara la propuesta gubernamental para su análisis. El gobierno envió el texto sobre el Ministerio del Ambiente, pero les dio a los gobiernos regionales menos de cuatro días para que hicieran llegar sus planteamientos. Con ello cumplieron con la formalidad pero es evidente que carecen de una efectiva voluntad de diálogo y concertación. A pesar de ello, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, mediante el trabajo coordinado de una Comisión de Gerentes Regionales de Recursos Naturales de Arequipa, Cajamarca, Junín y San Martín, con el apoyo de la Secretaría Técnica, prepararon una propuesta, la cual fue entregada el lunes 7 de abril a la PCM Esta propuesta recoge diversos planteamientos que venían siendo trabajados por las propias gerencias, así como por especialistas e instituciones de la sociedad civil. Hasta el momento el gobierno nacional no ha dado respuesta a estos planteamientos y tampoco ha aceptado tener una reunión de trabajo para analizar las diversas alternativas planteadas por la Asamblea.
La propuesta de los gobiernos regionales aborda temas de forma y contenido que son un importante aporte al debate. Una primera dimensión sobre la cual han planteado propuestas es el referido a la construcción de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, lo cual implica definir las funciones exclusivas del naciente Ministerio, que deben orientarse a precisar su rol rector, así como las que serán compartidas y las delegables. En ese sentido consideran fundamental que los gobiernos regionales y locales tengan un rol activo y decisivo en el sistema. Otro aspecto en el cual pone el acento la propuesta remitida por el Coordinador de la Asamblea, es en la exigencia que el Ministerio sea creado mediante Ley del Congreso. Consideran que esa es la ruta más adecuada para hacer realidad un amplio debate nacional, construir el consenso que una medida de esta importancia requiere, abrir espacios de consulta con la sociedad civil, así como informar a la opinión pública sobre las diversas opciones en debate.
Asimismo, los gobiernos regionales han formulado propuestas específicas para hacer del Ministerio una efectiva autoridad ambiental. Consideran que el Ministerio debe tener funciones claras y precisas en lo que se refiere a la evaluación de impacto ambiental de todos los proyectos, estableciendo una adecuada distribución de roles con los gobiernos regionales y locales. Obviamente se trata de una visión amplia de las funciones de esta instancia que incluye al conjunto de las actividades extractivas. Frente al delicado tema del agua, postulan la creación de una sola entidad a la cual denominan como Autoridad Nacional de Recursos Hídricos y Cuencas.
La propuesta de las autoridades regionales es clara sobre las competencias que debe tener el Ministerio en lo que se refiere a la flora y fauna silvestre, incluyendo especialmente el manejo del patrimonio forestal del país y la conservación de la biodiversidad. De igual modo precisa las funciones en relación con las áreas protegidas. Se trata de una posición claramente diferenciada de la propuesta del gobierno nacional que busca dejar el manejo forestal fuera del ámbito de esta autoridad ambiental.
En lo que se refiere a la gestión señalan la necesidad de definir un programa y un plan de descentralización orientados a construir las condiciones y capacidades para un efectivo y eficaz funcionamiento del sistema de gestión ambiental. En esa misma perspectiva proponen la incorporación de mecanismos de coordinación intergubernamental y la inclusión en los procesos de integración regional de los criterios ambientales. Igualmente proponen una efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental. Un tema de particular interés de las autoridades regionales es el de garantizar el adecuado financiamiento del Ministerio, para lo cual proponen una asignación de recursos estable y sostenida en el tiempo.
Con estas y otras propuestas los gobiernos regionales han señalado en los hechos la importancia de un amplio debate nacional para la creación del Ministerio del Medio Ambiente, así como la necesidad de construir una efectiva autoridad ambiental. Esperamos que el gobierno nacional atienda su planteamiento, compartido por la Defensoría del Pueblo y diversos sectores de la sociedad civil. La norma que apruebe el gabinete debe ser remitido como un proyecto de ley al Congreso para su debate y aprobación.
