Los gobiernos regionales y locales han iniciado la segunda mitad de su mandato y, desde una mirada de conjunto, el balance es positivo en relación con las gestiones anteriores. Un buen indicador, aunque parcial, es la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos de inversión durante los años 2007 y 2008.
Es un momento político adecuado para evaluar lo avanzado y diseñar propuestas que permitan romper los nudos o enfrentar los problemas políticos fundamentales que están trabando el proceso. Una dinámica de estas características debe dejar abierta la posibilidad de un replanteamiento integral de la descentralización; el debate democrático no puede limitarse a los aspectos técnicos y administrativos de la reforma. Por ello debemos abordar los diversos componentes y temas relacionados con la necesaria y siempre postergada transformación del Estado, así como con la construcción de un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo.
A partir del intercambio plural de los más diversos puntos de vista, se trata de dar forma a un nuevo marco de referencia que nos permita avanzar. Es importante la participación de todos los sectores: los gobiernos subnacionales, las organizaciones y movimientos sociales, las instituciones empresariales y de productores, así como representantes del mundo académico y de la cooperación para el desarrollo.
El Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tienen la responsabilidad política de asumir el liderazgo y una actitud concertadora para hacer realidad un proceso de estas características. Sin duda, el gobierno debería cumplir su rol y tomar decisiones para consolidar la descentralización, pero es necesario que éstas se tomen en el marco de un proyecto de cambios que, por sus características y alcances, trasciende el tiempo que le resta al actual gobierno. Un buen inicio y un mensaje positivo al país sería que la PCM promulgue de una buena vez el reglamento del CCI, para que se ponga en funcionamiento esta instancia estratégica para la concertación de los tres niveles de gobierno.
Es imprescindible abrir el diálogo político sobre temas claves del desarrollo nacional, en relación con los cuales diversos actores planteamos propuestas de cambio que debían ser la referencia estratégica de la reforma descentralista. Existe una coincidencia prácticamente unánime con respecto a que, con toda la importancia que tiene, la descentralización no es un fin en sí mismo sino una ruta democratizadora para producir cambios políticos, sociales y económicos.
Bajo esta lógica nos parece imprescindible evaluar la reforma desde una perspectiva que integre diferentes dimensiones, entre las cuales podemos señalar las siguientes: su articulación con el desarrollo territorial y la sostenibilidad ambiental; su impacto en el impulso a un proceso de reforma integral del Estado; sus efectos en las formas de relación de las instancias de gobierno con la sociedad y las políticas públicas; su aporte en la formación de un sistema partidario con niveles aceptables de representación social, tarea sin duda urgente para fortalecer nuestra aún precaria democracia.
Conviene no perder de vista que la descentralización cumplirá su primera década el mismo año en que iniciará sus funciones un nuevo gobierno. Ese mismo año, el 2011, se instalará también la tercera generación de gobernantes regionales. Es importante en ese proceso que se está por iniciar, contar con una nueva visión de la reforma y con propuestas específicas para avanzar en ese sentido.
Lima, marzo 2009.
