El conflicto generado alrededor del proyecto Tía María es seguramente uno de los más anunciados de los distintos casos que se han producido en el país. Más allá de sus particularidades, la dramática situación que se ha generado en el valle de Tambo (Arequipa), demuestra las enormes dificultades que tenemos Estado, empresas y sociedad, para aprender de la larga lista de experiencias similares que hemos vivido, la última de las cuales, la de Conga a inicios del actual gobierno. Ello, no obstante el importante número de muertos y la violencia sufrida en todos y cada uno de esos casos.
Tía María es una historia vieja que enfrenta una vez más a un proyecto minero con una población integrada mayoritariamente por pequeños agricultores. El rechazo de los pueblos del valle al mismo, se dio desde el momento en que éste se hizo visible, acicateado por enfrentamientos de larga data entre ambas partes por los probables efectos perjudiciales durante largos años, de los humos de la fundición de la empresa sobre la producción agrícola. A fines del 2009, los pobladores de 3 distritos –Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón- rechazaron masivamente en una consulta popular, la presencia del proyecto. El MINEM entonces, decidió que un organismo internacional, UNOPS, revise el estudio de impacto ambiental (EIA), presentado por la Southern.
Las 138 observaciones presentadas por los evaluadores fueron contundentes, al extremo que en abril del 2011, el Ministerio declaró inadmisible y rechazó el EIA. El 2013, la empresa presentó un nuevo estudio, que proponía desalinizar agua de mar para el proyecto, que no modificó la percepción de la población sobre aquél, manteniendo su negativa a la denominada licencia social. No obstante las condiciones existentes y la historia de desconfianza previa, el MINEM realizó una parodia de audiencia pública a fines de diciembre de ese año –menos de una hora, impedimento para el ingreso de las principales organizaciones sociales opuestas al proyecto y más de 2,000 policías rodeando la sede de la reunión-, que le sirvió al entonces ministro Merino para sostener que el proyecto contaba con licencia social.
Posteriormente, en agosto pasado, el MINEM aprobó el mencionado EIA. Mientras la Southern intentaba demostrar las supuestas bondades del proyecto y el Estado intentaba impulsar sus llamadas mesas de diálogo, en octubre, la población de los distintos distritos y de la provincia, elegía como autoridades locales a candidatos que explícitamente habían expresado su rechazo a Tía María y a la sola presencia de la empresa en la zona. Así las cosas, la política de hechos consumados del MINEM y la empresa, fue respondida por la posición irreductible de la población.
El resultado hasta ahora es una paralización del valle que se acerca a los dos meses, 3 muertos -uno de ellos un policía- como resultado de los violentos y condenables enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los agricultores, la región Arequipa viviendo distintas movilizaciones, paralizaciones y enfrentamientos y un proyecto que a estas alturas, termina siendo inviable. La empresa, mientras tanto, bien gracias, guardando silencio tras haber anunciado que se retiraban del proyecto, para “corregir” su postura, apenas horas después. Como es obvio, el diálogo se hace imprescindible y todos debemos apoyarlo, pero a las limitaciones que impone nuestra precariedad institucional, se suman las dificultades generadas por el gobierno y la empresa, al descalificar a los opositores al proyecto como “terroristas antimineros”, mientras que sectores de la población, al hacer uso de su derecho a la movilización y la protesta pasó de los canales pacíficos e institucionales, a manifestaciones de violencia creándose un ambiente inapropiado para cualquier proceso de diálogo que obliga, sin duda, a la suspensión del proyecto.
El conflicto ha puesto sobre la mesa nuevamente algunos aspectos que requieren ser discutidos. Nos referimos a la necesidad de contar con un planeamiento de las inversiones en función de una estrategia de desarrollo nacional; no se trata de atraer la inversión privada a cualquier costo y en función del sentido de lucro y oportunidad empresarial. Requerimos revisar las reglas para una nueva minería que debe ir en correspondencia a las condiciones para la explotación de nuestros recursos naturales y el desarrollo de actividades extractivas. Ponerle condiciones sociales y ambientales a cualquier inversión no es estar en contra de ésta. Demandar una institucionalidad transparente y efectiva de un Estado con instrumentos efectivos como los PAMA, los EIA y una estrategia de ordenamiento territorial, no es ser ni antisistémicos ni fundamentalistas. Es nada más y nada menos que exigir un Estado capaz de defender el bien común y el beneficio de la población.
