La publicación del DS No. 004-2008-ED sobre la contratación del personal docente en las instituciones educativas públicas, ha generado un intenso y tenso debate entre un amplio sector de los Presidentes Regionales y el gobierno nacional, en particular con el Ministro de Educación y el propio Presidente Alan García. La norma limita la contratación a aquellos maestros que en su etapa de formación hayan culminado como parte del tercio superior del cuadro de méritos. La idea que está a la base es que, mediante este criterio de selección, se mejorará la calidad de los maestros y, por consiguiente, del sistema educativo. La reacción del gobierno frente a las diversas opiniones y argumentos en contra que han planteado autoridades, especialistas y dirigentes sociales, ha sido abiertamente confrontacional, llegando a amenazar con juicios y procesos de vacancia a las autoridades regionales que se nieguen a implementar esta medida.
Los primero que debemos señalar es que se trata de una norma inconstitucional. Niega el derecho de acceso a la función docente en condiciones de igualdad para todos los maestros que hayan cumplido con el requisito de contar con un título a nombre de la nación. En los hechos, esta medida significa que 2/3 de los que han optado por la profesión magisterial están imposibilitados de ejercer en la escuela pública. Es una evidente modificación de las reglas de juego que es, además, discriminatoria en relación con otras profesiones, a las cuales no se les exige este requisito para trabajar en el Estado.
Es claramente una medida improvisada y aislada, la cual pone en evidencia que el gobierno carece de una estrategia de reforma del sector educativo. Rompe con los criterios de evaluación docente que forman parte de la Ley General del Educación y de la Ley del Profesorado y que el actual gobierno presentó hace muy pocos meses como producto de un amplio proceso de reflexión y análisis. Tampoco forma parte de las estrategias y medidas señaladas en el Proyecto Educativo Nacional, el cual en el discurso ha sido asumido por el gobierno nacional pero que está lejos de guiar su acción en este terreno.
En el reglamento para la evaluación docente se plantea que aquellos profesores que hayan egresado como parte del tercio superior tienen una bonificación de cinco puntos en el concurso. Ahora, sin mediar explicación alguna, sin concertar con nadie y sin el más mínimo debate, el gobierno transforma el criterio de bonificación por el de exclusión de todos aquellos que no forman parte del tercio superior. La política educativa de este gobierno parece estar orientada, sobre todo en lo que al tema magisterial se refiere, por las intuiciones y objetivos políticos inmediatos del Presidente, antes que por una estrategia coherente, integral y de mediano plazo.
Pero el problema no es sólo su inconstitucionalidad o su improvisación, temas de por sí preocupantes. Tampoco se garantiza con este decreto que se cumplirá con el supuesto objetivo que la motiva, que es el de elevar el nivel de los profesores que se incorporan a la carrera pública. En esta norma ministerial se señala que están incluidas todas las instituciones de educación superior no universitaria y las facultades de educación de las universidades del país. El problema que no ha sido tomado en cuenta por quienes han diseñado y promulgado el decreto es que homogeniza aquello que es profundamente heterogéneo. No se perciben los profundos desniveles de calidad entre las instituciones de las cuales egresan los maestros. Deja de lado el ministerio un hecho planteado en sus propios diagnósticos y presente en la formulación del Proyecto Educativo Nacional: uno de los problemas de la educación es la baja calidad de las instituciones responsables de la formación de los futuros maestros.
Al obviar esa realidad pone en situación de ventaja a un profesor egresado de una institución que provee una formación de mala calidad en relación con el que se ha formado en una de mayor nivel académico. En los hechos, al no establecer ningún otro criterio adicional, esta norma podría significar un descenso en la calidad de los profesores. Más grave aún, esta norma no exige que aquellos que formen parte del tercio superior obtengan nota aprobatoria en el examen de conocimientos y competencias.
Pero hay otra dimensión del problema que es fundamental para el proceso de descentralización. Si bien es cierto que el gobierno nacional tiene la función de definir las políticas nacionales, no debemos perder de vista el mandato de la flamante Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que se refiere al hecho que las políticas nacionales deben hacerse mediante un proceso de concertación y diálogo entre los tres niveles de gobierno.
Este planteamiento, que es válido para todos los sectores, lo es aún más en el tema educativo. La corresponsabilidad debe ser el criterio orientador de la acción de los tres niveles de gobierno, articulando esfuerzos y capacidades para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, respondiendo a las particularidades y potencialidades de las regiones y localidades. Los voceros del gobierno nacional responden, hasta el momento, de manera autoritaria, negándose sistemáticamente al diálogo que proponen los gobiernos regionales. No parece importarles que el proceso de descentralización implique construir un sistema de gestión basado en la coordinación y la colaboración intergubernamental.
La medida debe ser modificada en un diálogo abierto y transparente con las autoridades regionales. El tercio superior puede y debe ser un criterio para la selección, pero de ninguna manera puede convertirse en excluyente. Los criterios definidos en el reglamento para la evaluación docente, el cual ha sido producto de un proceso de trabajo en el propio Ministerio, deben aplicarse para la contratación. No debemos olvidar que con este criterio se mide, de manera discutible dada la heterogeneidad de las instituciones formativas, el nivel de conocimiento adquirido, pero de ninguna manera se garantiza la idoneidad para el ejercicio de la docencia, la cual depende de otros muchos factores, muchos de los cuales son más importantes para el proceso formativo.
Autor:
Grupo Propuesta Ciudadana
Fecha de Publicación:
Mar, 19/02/2008
