En su discurso del 28 de julio ante el Congreso de la República, el Presidente Humala desaprovechó, una vez más, la oportunidad para responder a las expectativas y demandas del país. Más allá de una tímida mención autocrítica a los graves errores de su gestión(1) y de la pálida aceptación de las dificultades del modelo económico(2), su discurso insistió una vez más en la responsabilidad con la que el gobierno ha asumido el crecimiento económico heredado, la fe en las polémicas y limitadas medidas previamente anunciadas e implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la expectativa en un futuro de inclusión social y oportunidades “reales” para el ejercicio de la ciudadanía.
Si bien es cierto que enunció telegráficamente algunas de las responsabilidades y las limitaciones del Estado en esta materia(3), no es menos cierto que su discurso no mostró la menor voluntad de responder a las inquietantes señales que la calle y las encuestas le enviaron con toda claridad a su gobierno. Su intervención no dijo prácticamente nada sobre las indispensables y permanentemente postergadas reformas del Estado y del propio sistema político, los partidos incluidos. No dijo nada concreto tampoco sobre la consulta previa, la anunciada nueva minería o por lo menos la gestión ambiental de nuestros recursos naturales que, todo indica, seguirán en el corazón del crecimiento económico que el gobierno busca mantener.
En este escenario, peor aún, el mandatario no aprovechó el espacio para presentar mejor y responder a las fundamentadas críticas a las pocas reformas que su gestión pretende abordar. La ley del trabajador público y las reformas de la salud y la educación, formuladas a espaldas de los interesados y de la opinión pública requieren de un diálogo nacional al que el gobierno pareció poco dispuesto en una intervención en la que la noción misma de derechos (humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales), parece no existir.
El discurso tuvo anuncios limitados y poco concretos. En materia de minería, la necesidad de fortalecer el contrato social entre la comunidad, la empresa y el Estado, donde todos ganen y se adelanten los beneficios de dichas actividades a la población de las zonas de influencia directa tiene poca materialidad si no se plantea simultáneamente el tema de los derechos de las comunidades y las poblaciones indígenas sobre el subsuelo. El Plan Nacional de Desarrollo Industrial que apuntaría a la diversificación productiva y a la generación de valor agregado puede ser importante pero suena disonante con la orientación general de una gestión comprometida en crear mayores y mejores condiciones para la gran inversión privada en el sector extractivo y en acelerar la inversión pública en la construcción de grandes obras de infraestructura como las locomotoras del crecimiento y la inclusión futuras.
En este contexto, acerca del proceso de descentralización, la principal reforma que hemos intentado como país a lo largo de este siglo, el Presidente se limitó a invitar a un debate nacional sobre su efectividad para “construir un Estado presente, efectivo y transparente al servicio de todos los compatriotas”. Lo sorprendente es que la invitación es al Congreso para “iniciar un amplio debate con miras a fortalecer el proceso de descentralización y presentar propuestas normativas” porque en el gobierno nacional, dice el mandatario, “hay un claro compromiso en ese sentido” y se han realizado 9 Consejos Descentralizados de Ministros, comprometiendo 22,700 millones para obras públicas en las regiones.
Tiene razón el primer mandatario al plantear, aunque tarde, la discusión. Las asociaciones de gobiernos subnacionales la vienen demandando desde el año 2012. A inicios de este año, la ANGR organizó un foro de balance y propuesta de agenda en el que participó la Presidencia del Consejo de Ministros, en marzo de este año las asociaciones de gobiernos subnacionales difundieron sus comentarios sobre la propuesta del Plan de Descentralización 2012-2016; más recientemente, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado propuso la creación de una Comisión que incluye la participación de los gobiernos regionales y locales para que desarrollen los estudios, propuestas y alcances necesarios para destrabar y reorientar el proceso(4). En otras palabras, los principales actores políticos, tanto como la sociedad civil, constatamos las insuficiencias y el bloqueo de la reforma.
Sin embargo, el Presidente olvidó en su discurso que el Ejecutivo es el responsable de la conducción de la reforma, que su gestión ha cumplido dos años en los que ha contado con tres Primeros Ministros y tres Secretarios de Descentralización para conducirla, que aún carece del Plan de Descentralización para esa conducción –originalmente programado para el período 2012-2016-, que la recentralización de decisiones y programas sociales, tanto como el desconocimiento de distintas competencias de los gobiernos descentralizados, han sido moneda frecuente estos últimos dos años.
En otras palabras, olvidó que su Ejecutivo es parte central del ejercicio de balance y diálogo al que invita, el que no se resuelve mediante Consejos de Ministros Descentralizados si no trabajando de manera articulada y buscando objetivos comunes con las autoridades regionales y locales”, en un gobierno que tiene apenas dos comisiones de coordinación intergubernamental funcionando y una Comisión Intergubernamental Temporal de Descentralización Fiscal que aún no presenta su informe, comprometido para meses atrás.
La sociedad civil comprometida con la descentralización y las asociaciones de gobiernos descentralizados, cuya primera exigencia es su reconocimiento legal, debemos tomar la invitación del Presidente Humala y hacerla realidad para que el Ejecutivo no rehuya su compromiso en esta materia.
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(1) (….Debemos sentirnos satisfechos también, de no haber perdido la capacidad de aprender de nuestros errores, y los últimos acontecimientos son una muestra de ello. Hemos aprendido y nos hemos rectificado. En el proceso de fortalecimiento de la democracia, eso es fundamental…).
(2) (…La economía global se debate en medio de la incertidumbre. En estas circunstancias, los precios y la demanda externa empiezan a retroceder. En la misma medida, observamos que algunos rubros de nuestras exportaciones se contraen. ¿Son señales de que el ciclo que favoreció nuestro crecimiento económico está llegando a su fin? Es posible. Sin embargo, tenemos con qué defendernos….).
(3) (…Este proceso exige que se reorienten los esfuerzos del Estado, sus prioridades y acciones. Hemos avanzado en esta tarea pero aún hace falta “ordenar la casa”, fortalecer la democracia y sus instituciones, hacer más eficiente la gestión pública, desarrollar buenas prácticas y consolidar una nueva cultura de servicio. También crear mecanismos más justos y eficientes de recaudación, reorientar las prioridades del gasto, y gastar bien, con responsabilidad, rindiendo cuentas con transparencia y eliminando de una vez por todas la lacra de la corrupción….).
(4) Congreso de la República, Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado: Evaluación del Proceso de Descentralización. A 10 años de su inicio. Informe anual Período Legislativo 2012-2013, Congreso de la República, Lima, 2013,pp.75-76.
