Cuando el nuevo Gobierno se instaló, hace poco más de ocho meses, despertó expectativas con sus propuestas de cambio en diversos y sustantivos aspectos de la gestión pública. Una de esas dimensiones fue la descentralización, la reforma más significativa emprendida en nuestro país en las últimas décadas.
Tanto en el mensaje de instalación del presidente Ollanta Humala como en la presentación del Gabinete presidido por Salomón Lerner, se hizo explícita la propuesta de relanzar y reorientar el proceso de descentralización. El planteamiento más relevante fue el de avanzar hacia un nuevo pacto nacional por la descentralización. Con este fin se planteó llevar adelante una evaluación integral de lo avanzado durante una década y delinear una hoja de ruta de mediano y largo plazo. Se buscaba desplegar las potencialidades de una reforma cuya mayor importancia está en su potencial de articulación del Estado a nuestra diversidad territorial.
Lamentablemente, con el cambio de Gabinete al parecer también está en curso un viraje en esta orientación. La razón puede ser una lectura errada de los conflictos en relación con las industrias extractivas, en particular del proyecto Conga en Cajamarca. Un sector del Gobierno y la derecha parecen convencidos de que la mejor ruta para enfrentar los conflictos es debilitar la naciente institucionalidad de los gobiernos regionales. Esta estrategia puede ser un grave error, no solo del Gobierno sino también de los grandes inversionistas.
Una reacción de estas características pone de manifiesto la persistencia de una tendencia autoritaria en el Estado y la sociedad, así como la incapacidad del Gobierno para diseñar e implementar una propuesta política viable sobre las industrias extractivas. Se opta por el camino de la subordinación de los gobiernos regionales y locales sobre la base del ofrecimiento de mayores recursos de inversión y de gasto social, así como la amenaza legislativa y jurídica contra los que se resisten. Esta ruta significa el abandono de la propuesta inicial de transformación integral del Estado desde un enfoque territorial.
Este viraje empata con la estrategia de debilitamiento del proceso de descentralización que llevan adelante desde hace buen tiempo, los sectores políticos y económicos más conservadores y retardatarios de nuestra sociedad. A través de su poder mediático, político y económico construyen un sentido común sobre el supuesto fracaso de la reforma descentralista. En este discurso, repetido hasta el cansancio, las autoridades subnacionales son, sin excepción alguna, incapaces de llevar adelante una gestión pública eficiente.
No les interesa que los datos demuestren el incremento sostenido de la inversión de los gobiernos locales y regionales. Mucho menos las buenas experiencias sectoriales que han desarrollado un número significativo de gobiernos regionales. Cierran los ojos frente a los procesos de fortalecimiento institucional que han emprendido una importante proporción de los gobiernos regionales, en la mayoría de los casos sin apoyo del Gobierno nacional. Solo consideran noticia y comentan aquellos hechos que abonan hacia su objetivo de bloquear y, si es posible, acabar con la reforma descentralista.
Claro que hay problemas en el diseño y la implementación del proceso. Sin duda hay limitadas capacidades en los gobiernos subnacionales para hacer realidad una gestión pública descentralizada y eficiente. Pero la salida no puede ser el regreso al viejo centralismo, menos aún aplicando estilos de gobierno poco respetuosos de la institucionalidad democrática.
En esta orientación se ubica la aprobación en la Comisión de Constitución del Congreso del inútil proyecto de ley que cambia el nombre de la autoridad regional de presidente a gobernador. Lo más preocupante de esta estrategia es la propuesta legislativa de ampliar las causales de vacancia para los presidentes regionales, así como el anuncio de abrir la posibilidad de someterlos a la censura en el Congreso. Estas movidas hacen evidente la hegemonía de una visión centralista en un amplio sector de nuestra representación política, así como su incapacidad para analizar con seriedad el proceso de descentralización y abordar los temas de fondo de la reforma.
Frente a este escenario marcado por los prejuicios, los objetivos subalternos y la mediocridad es muy importante no perder de vista los alcances y la importancia del proceso de descentralización en curso. Las instituciones democráticas, las fuerzas políticas y sociales, así como los sectores productivos regionales deben poner en la mesa una agenda que aborde los temas de fondo de la reforma del Estado y del desarrollo desde nuestra diversidad y riqueza territorial. Las asociaciones de los gobiernos subnacionales (ANGR, AMPE y Remurpe) pueden cumplir un rol de conducción y liderazgo político para cerrar el paso a quienes quieren retornar al centralismo que caracterizó al Gobierno fujimontesinista y a gran parte de nuestra historia política.
