Pasada la campaña, la polarización electoral abre una ventana de oportunidad para mirarnos en la diversidad e imaginarnos como comunidad. Ello implica permanecer atentos a una de las principales demandas de la mayoría de los peruanos durante muchos años y que hoy suena más que nunca: reformas sustantivas al Estado para hacer de la política un instrumento de democratización, de participación y, sobre todo, de mejora de la calidad de vida de las personas en el marco de un desarrollo sostenible para todos.
La descentralización es clave para ello y por eso nuestro compromiso y apuesta por el proceso. Al acercar el Estado a los ciudadanos, se crean mejores condiciones para conocer sus necesidades y mejorar la calidad de los servicios que presta, así como para promover la participación y el control ciudadano. Lograr que ese objetivo se haga realidad no es trabajo sencillo, dadas las tendencias y fuerzas que se resisten al cambio. La descentralización es un proceso político complejo, porque supone principalmente distribuir y compartir poder de decisión. Por tanto, es necesario administrar las tensiones y conflictos que dicho proceso conlleva.
En el conflicto creado entre las empresas extractivas y la población de Puno vemos un claro ejemplo de la tensión entre los distintos niveles de gobierno. El gobierno nacional toma decisiones sustantivas sobre el territorio, sin considerar adecuadamente a la población. Los gobiernos locales y el gobierno regional carecen de competencias para participar en la gestión de las concesiones mineras. En los hechos, son excluidos de las decisiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en su territorio. Un Consejo Regional controlado por la oposición, aprueba una ordenanza para anular las concesiones mineras cuando sus competencias solo abarcan a la minería artesanal. El gobierno nacional, sin interés por solucionar el problema, solo atina a crear mesas de diálogo extemporáneas. Es la acción de las autoridades regionales y locales lo que permite un acuerdo para abrir un proceso de negociación. Estamos ante un escenario muy complejo para el nuevo gobierno.
La importancia del proceso de descentralización y las dificultades que este debe enfrentar demandan un mayor esfuerzo por comprenderlo. En ese sentido, consideramos que el sentido común mediático contra los gobiernos regionales es exagerado y mira solo una parte del problema. Existen factores objetivos que limitan la gestión de los gobiernos regionales. Uno de ellos es su confuso e ineficiente diseño institucional, heredado en gran parte de las estructuras clientelares y de control social creadas por el fujimorismo (los CTAR), totalmente dependientes de los ministerios y programas sociales. Varios gobiernos regionales están intentando reformas institucionales que resuelvan el problema y ninguno ha contado con apoyo del gobierno nacional para ello.
El argumento más utilizado para desprestigiar a los gobiernos regionales es su poca capacidad de gasto. Efectivamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha asignado a las regiones, año a año, más dinero para gastos de inversión, pero simultáneamente se han puesto prohibiciones y obstáculos para la contratación de los profesionales y técnicos necesarios para idear, formular e implementar con eficiencia proyectos de inversión de impacto regional. Estos tres pasos se entienden como gastos corrientes y no como lo que son, parte del proyecto de inversión.
A pesar de esto, la mayoría de los gobiernos regionales ha incrementado notablemente la ejecución de recursos para inversión. En general, los gobiernos regionales han incrementado en 300% su capacidad de inversión en el último quinquenio. Es decir, que cada año gastan mucho más que el anterior, con los mismos recursos humanos y técnicos.
La descentralización fiscal no ha avanzado y sin ella el MEF mantiene el control de la transferencia de los recursos, tanto en lo que se refiere a la oportunidad como a los montos y rubros específicos que se priorizan durante el ejercicio presupuestal. Así, los gobiernos regionales no tienen ninguna posibilidad de prever sus ingresos a lo largo del año, ni de programar el gasto, ni de planificar y priorizar proyectos de manera multianual. Todo queda a merced de la voluntad del MEF, así como a la capacidad de negociación de los presidentes regionales y los alcaldes.
La campaña de diversos sectores económicos, políticos y de opinión ―sobre la base de medias verdades― contra los gobiernos subnacionales y contra una de las reformas más importantes que se lleva cabo en nuestro país, se orienta a generar las condiciones para un retroceso centralista. De haber triunfado el fujimorismo, consideramos que esa hubiera sido la ruta de la misma fuerza política que acabó con el proceso de regionalización mediante el golpe de Estado de abril de 1992.
Si una de las principales demandas de la población es una mayor y mejor presencia del Estado, una respuesta que afirmaría el sentido democratizador de la gestión del presidente Ollanta Humala es tomar medidas para avanzar hacia una efectiva gestión descentralizada del Estado. El triunfo de Gana Perú debiera ser la oportunidad para profundizar la descentralización, en concierto con los gobiernos subnacionales, y avanzar en:
- La descentralización fiscal.
- La promoción de un sistema de planeamiento local, regional y nacional.
- El impulso a los presupuestos multianuales para mejorar la cantidad y la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno.
- El fortalecimiento de los procesos de ordenamiento territorial como instrumentos eficaces y participativos para la construcción de proyectos de desarrollo inclusivo y sostenible.
- Dotar a las autoridades locales y regionales de competencias definidas en la gestión de los recursos naturales de sus territorios.
- Impulsar la integración de los departamentos para la conformación de regiones con economías y mercados más dinámicos e interconectados.
- Diseñar un nuevo sistema electoral que mejore los niveles de representación territorial y reduzca la fragmentación política.
- Fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), como espacio de conducción concertada de la reforma, con el peso político necesario para liderar el proceso y atenuar las tensiones internas.
En estas elecciones, las regiones han dejado oír su voz con mucha claridad. Es importante que el nuevo gobierno haga todo lo necesario para escuchar esas diversas y múltiples voces, así como para construir con sus autoridades caminos de solución a sus siempre postergadas demandas.
