Uno de los temas de fondo en discusión en lo que va del actual gobierno, es el de la relación entre actividades extractivas (minería, hidrocarburos, gas), ambiente y sociedad. Los crecientes conflictos sociales que caracterizaron los meses iniciales del actual gobierno y la propia propuesta sobre la materia que alguna vez enarboló como candidato Ollanta Humala, pusieron sobre la mesa la necesidad de asumir las actividades extractivas de manera estratégica, asumiendo que siendo la principal fuente del crecimiento económico de los últimos años, tienen implicancias de largo plazo en el desarrollo del país, el fortalecimiento de la institucionalidad necesaria para su gestión y la propia democracia.
Por si caben dudas, la caída de los precios de los minerales que ya repercuten en nuestra economía nos advierten que los efectos de la crisis pueden estar llegando. A esto, se suman los debates y los procesos de reforma institucional en torno a las actividades extractivas que se han venido desarrollando en los últimos meses: la discusión de una Política de Estado de Ordenamiento Territorial en el Acuerdo Nacional, la elaboración del Plan Energético Nacional 2016-2021 por parte del Ministerio de Energía y Minas, la decisión de impulsar el gasoducto Sur Andino, la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, la implementación de la Consulta Previa, y la menos evidente pero importante discusión sobre la Ley de Transparencia en las Industrias Extractivas en la Comisión de Economía del Congreso.
No obstante estas señales, parte del sector privado e importantes sectores de la tecnocracia dentro del Estado parecen creer que estos debates son innecesarios, porque la dinámica del mercado es capaz de generar el orden necesario, mientras que las políticas de Estado se deben limitar a promover y facilitar la inversión privada.
En este escenario, la voluntad del gobierno y sus iniciativas, resultan impredecibles, por las constantes marchas y contramarchas, pero también por las inocultables fricciones entre distintos sectores del Ejecutivo y la importante intervención de lobbies empresariales. Entre los congresistas de la República no existe mayor interés por este debate, salvo contadas excepciones. La denominada clase política anda enfrascada en su día a día, más preocupada por la disputa electoral venidera que por los problemas nacionales.
El traslado de la discusión sobre el Ordenamiento Territorial al Acuerdo Nacional postergando la necesaria discusión de la ley para establecer criterios de ocupación y uso del territorio de manera sostenible; el entrampe de la aplicación de la Consulta Previa que permitiría que los pueblos indígenas participen democráticamente en la decisión sobre el destino de proyectos extractivos que pueden afectarles; la reciente y confusa renuncia del gobierno a la compra de los activos de REPSOL y la intención de archivar la Ley para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Congreso, cediendo a las presiones del MEF, muestran la fuerza actual de los partidarios del “piloto automático”.
Este camino que es el que predomina, significa abandonar cualquier tipo de planificación y previsión para el futuro, además de no atender los costos sociales y ambientales que implican los impactos de una economía fundamentalmente extractiva, que crece en un contexto de desigualdad, conflictividad social y territorial creciente y en un marco institucional de precariedad. Ni qué decir de la falta de intención orientada a utilizar los recursos de las actividades extractivas para diversificar la economía y hacernos menos vulnerables frente a las fluctuaciones de los precios de los minerales.
Si a todo esto le sumamos la falta de participación y desconocimiento de la sociedad respecto a los recursos que se obtienen de las actividades extractivas y el destino que se les da, la desidia y la falta de cuidado del Estado y los sectores empresariales para prevenir y transformar los conflictos sociales a los que se sigue considerando como resultado de malentendidos y de la acción interesada de algunos grupos, cabe preguntarse si nos estamos acaso ante una nueva ocasión histórica para nuestro desarrollo y la consolidación de la democracia, que ya estamos perdiendo.
