Los anuncios del Presidente Alan García respecto de la descentralización despejan algunas dudas sobre la voluntad del actual gobierno para impulsar este proceso, pero nos dejan sombras que esperamos puedan disiparse en los próximos días y semanas. Es importante, pues, conocer, analizar y valorar en su justa medida los 20 anuncios del “shock descentralizador”.
Entre los aspectos a destacar se encuentra la decisión expresa de acelerar a diciembre del 2007 la transferencia a los gobiernos regionales de las competencias sectoriales que se encontraban previstas en el Plan Quinquenal 2006 – 2010; resulta positivo que el anuncio incluya explícitamente que dichas competencias serán acompañadas de los recursos humanos, presupuestales y materiales correspondientes. Esta disposición había sido formalizada ya mediante el Decreto Supremo 068-2006-PCM publicado el pasado viernes 13 y que lleva como anexo el listado de las funciones sectoriales a ser transferidas. No podemos dejar de precisar, sin embargo, que el referido decreto no contiene la totalidad de funciones transferibles según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con lo cual luego del 2007 habrá todavía un conjunto de funciones importantes sin descentralizar.
Vinculado a la transferencia de competencias, se ha anunciado la puesta en marcha de un Programa de Capacitación, a cargo del CND, para que los gobiernos subnacionales “puedan asumir las funciones a ser transferidas”. El fortalecimiento de capacidades es, en efecto, una medida que debe implementarse con prontitud y eficiencia y que ha de orientarse no sólo al conocimiento de procedimientos administrativos, sino de forma especial al diseño y ejecución de políticas públicas de nivel regional y municipal. Pero nos queda como interrogante la relación entre la transferencia, el programa de capacitación y el vigente sistema de acreditación. ¿Va a mantenerse este sistema tal cual? ¿Será reformulado o adecuado en función de los nuevos plazos y ritmos de la transferencia de competencias y funciones?
El proyecto de ley anunciado y presentado por el gobierno para que sean los presidentes regionales los únicos responsables del nombramiento de los directores regionales –sin intervención de los ministerios- contiene una propuesta bastante riesgosa: ésta es la que convierte a los directores regionales en “cargos de confianza” y, por tanto, exentos de concurso público. Si bien es necesario reforzar la autonomía de los gobiernos descentralizados, la selección de los directores regionales debería mantenerse bajo la modalidad de concursos públicos con la mayor transparencia y objetividad. Es preciso al respecto recordar que en el nivel regional los cargos de confianza corresponden a las gerencias.
Hace bien el gobierno al precisar que la anunciada municipalización de la salud y la educación se iniciará con programas piloto; esperamos en las próximas semanas conocer las provincias y distritos seleccionados así como los contenidos y estrategias para la aplicación de dichos programas y, por cierto, su articulación con los planes regionales de salud y de educación que se han elaborado concertadamente durante los últimos años.
En materia de integración regional, los anuncios presidenciales tienen especial relevancia en tanto se pasa de la crítica a los resultados del frustrado referéndum del 2005 a la decisión de formular un Plan de Regionalización e Inversión Descentralizada para orientar la conformación de regiones. En esa misma perspectiva, es igualmente importante el anuncio de fortalecer las actuales Juntas de Coordinación Interregional incorporando en éstas a las municipalidades y representantes de sociedad civil para fortalecer el proceso de integración. Lo es también el anuncio de conformar una “región piloto” a partir del año 2007 con la participación –nuevamente- de alcaldes y sociedad civil; el efecto demostrativo que esta experiencia pueda tener será fundamental para incentivar la conformación definitiva de las regiones y el reordenamiento territorial.
Pero hay vacíos importantes que no podemos dejar de observar y que debieran ser cubiertos pronto para que el país tenga una idea más clara sobre la visión y estrategia integral del actual gobierno respecto de la descentralización como reforma del Estado.
Así, el Presidente García no ha hecho mención alguna a la ya largamente esperada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, cuya aprobación tiene especial relevancia para la definición del nuevo rol que los sectores del gobierno nacional han de cumplir en el marco de la reforma descentralista. El tema de la descentralización fiscal pareciera asomarse en el discurso presidencial pero no llega a concretarse con la claridad necesaria; y es que el anuncio de una reforma fiscal para fortalecer la captación del IGV y las rentas de los gobiernos regionales no es propiamente una descentralización fiscal; para que lo sea tendría que incluir también el ISC y el impuesto a la renta y –sobre todo- precisar a partir de cuándo y bajo qué condiciones los gobiernos regionales ejercerán la facultad de retener un porcentaje de lo recaudado en sus circunscripciones.
Finalmente, el shock descentralista debería haber incluido la puesta en marcha del CEPLAN y, con éste, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico cuyo funcionamiento es más que necesario para que la descentralización encuentre un efectivo vínculo con la planificación del desarrollo nacional, regional y local. En general, sobre la conducción del proceso y la reforma del Consejo Nacional de Descentralización es necesario que el gobierno formule y adopte medidas en la línea de las palabras con las que el Presidente García terminó su discurso: que este “ambicioso proyecto de reforma del Estado será conducido políticamente por el Presidente del Consejo de Ministros y dirigido técnicamente por el Presidente del CND”.
Autor:
Grupo Propuesta Ciudadana
Fecha de Publicación:
Jue, 19/10/2006
